Escudado en una supuesta persecución política, el panista Ricardo Anaya –quien aspira por segunda ocasión a la candidatura a la Presidencia de la República por su partido el PAN en 2024– ha preferido huir de México en vez de presentarse ante la justicia para responder a las acusaciones por lavado de dinero y soborno en su contra. Ello, luego de que el domingo 22 de agosto recibiera un citatorio para comparecer ante un juzgado federal en el Reclusorio Norte, acusado de corrupción por el caso Odebrecht.
Como cualquier ciudadano, Anaya no puede ni debe recibir un trato privilegiado de parte de las autoridades judiciales: si está acusado de aceptar sobornos a cambio de su voto en la reforma energética, debe enfrentar el proceso tal como lo determinen los juzgadores: en libertad o en cautiverio. Demostrar valía política no es despotricar en contra del gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino afrontar las consecuencias de sus actos corruptos.
Sobre todo si se tiene en cuenta que en la trama Odebrecht están involucrados políticos y exfuncionarios del más alto nivel en 12 países. En el caso mexicano, sin duda, lo revelado por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, es fundamental para entender los hilos más finos de la corrupción, pues señaló que los sobornos de la petrolera brasileña acabaron no sólo en sus bolsillos, sino al parecer también de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña; así como del propio Ricardo Anaya, quien ha sido señalado de supuestamente vender su voto como legislador a favor de la reforma energética. Los millones que le habría entregado Lozoya a Anaya serían parte de los pagos ilegales de Odebrecht.
Como se recordará, el caso Lava Jato, investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en colaboración con el sistema judicial brasileño, dejó al descubierto que, entre 2001 y 2016, autoridades de al menos 12 países recibieron sobornos de Odebrecht por 788 millones de dólares, a cambio de numerosos y multimillonarios contratos. En los años en los que Odebrecht se expandió mundialmente vía sobornos, Pemex le otorgó al menos cuatro contratos a sus filiales.
En agosto de 2017, el diario brasileño O Globo reveló documentos de la investigación en los que se establecía la ruta del dinero; y para el caso mexicano, éstos apuntaban que los sobornos se habrían entregado directamente a Emilio Lozoya, por 10 millones de dólares.
Desde mediados de 2020, y ya como testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, el exdirector general de Pemex no sólo ha admitido haber recibido ese dinero de parte de Odebrecht, sino que ha asegurado –con videos de por medio– que parte de ese recurso lo entregó en sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto. Entre esos exlegisladores señalados figura el panista Ricardo Anaya.
Lo menos que puede hacer alguien que aspira a gobernar este país es dar la cara, por lo que el panista debería demostrar su altura política y en vez de huir para evadir la acción de la justicia, entregarse por voluntad propia y aclarar las acusaciones en su contra si es que acaso es inocente.
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