El próximo 20 de febrero se cumplirán 5 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl originario de la comunidad de Amilcingo –municipio de Temoac, Morelos–, defensor del territorio frente al Proyecto Integral Morelos, comunicador indígena, fundador de la Radio Comunitaria Amiltzinko, integrante y cofundador del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala. Además, líder de la comunidad de Amilcingo en un importante movimiento de fortalecimiento de la autonomía, generado a partir de la resistencia contra el Gasoducto Morelos en su comunidad.

El 19 de febrero de 2019, Samir –de 36 años de edad–, cuestionó al delegado federal Hugo Erik Flores en un foro público, en el municipio de Jonacatepec sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM), bajo el contexto de una consulta impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Nueve días antes, el 10 de febrero de ese año, el ejecutivo federal anunció en el balneario “El Almeal” el impulso de esta consulta, llamando “radicales de izquierda, que para mi no son mas que conservadores” a quienes le gritaban que cumpliera su palabra empeñada en campaña de cancelar el PIM o al menos la consulta se hiciera de manera adecuada. El Frente, proponía al primer mandatario que la consulta fuera indígena, pueblo por pueblo, reconociendo con ello, el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre su territorio. Así, la decisión quedaría en manos de cada comunidad y no de una manera generalizada, como lo proponía el gobierno federal, incluyendo los votos totales que incluían las principales ciudades de Morelos, sin que estas fueran directamente afectadas y condicionadas a la concreción del proyecto.

Samir fue asesinado el 20 de febrero de 2019. La propuesta del Frente no fue escuchada, y los días 23 y 24 de ese mismo mes se impuso la consulta bañada en sangre. El resultado: 58 por ciento a favor, 41 por ciento en contra del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca. En las comunidades afectadas por el proyecto ganó el ‘no’, pero como se había previsto, la votación de población externa votó por el ‘sí’, legitimando “por democracia” la imposición del PIM. En consecuencia, la Guardia Nacional desalojó el 23 de noviembre de 2020 el último plantón contra la construcción del megaproyecto en San Pedro Apatlaco; plantón sostenido por más de 4 años por ejidatarios de Ayala Morelos, en defensa de sus aguas de riego dotadas en épocas zapatistas.

La votación fue desigual: una consulta exprés, con los dados cargados a favor del proyecto, con información sesgada y acarreados para votar (incluyendo a municipios que no son afectados y con mayor población). Sin embargo, esto no era suficiente para garantizar al gobierno federal el desarrollo del proyecto por mayoría de votos, pues el desprecio a éste es generalizado en la región afectada. La información y organización que se pudiera desarrollar en los pueblos fue clave para determinar el destino de la situación. Aquí, el trabajo de Samir en la radio comunitaria y como defensor del territorio resultaba estratégico para informar a los pueblos del Oriente de Morelos y el poniente de Puebla sobre las repercusiones del proyecto y, por tanto, el destino de la votación. ¿A quién le convenía el asesinato del compañero defensor? Indudablemente a quienes estaban a favor del Proyecto Integral Morelos. Tres días antes de la realización de la consulta, a las 5 de la mañana, lo asesinaron.

Según la versión de la Fiscalía de Morelos, fueron cuatro los responsables de su asesinato. Junto a su cuerpo yacía una supuesta cartulina con un texto muy explícito “X p*** chismoso denunciaste al abran ocanpo y siges tu michoacano con tu pendeja banda. Atte Comando Tlahica” (sic), material que nunca fue encontrado y sólo se comprobó por medio de una foto. Ésa era la prueba más sólida en que basaron la línea de investigación sobre el caso de Samir, aunque no coincidiera el Comando Tlahuica con los grupos a los que pertenecían los autores materiales de su asesinato.

¿Por qué unos días antes de la consulta? Luego de su muerte, se exigió al presidente que suspendiera la consulta, pues era evidente que no existían condiciones seguras para su realización; aún así, el primer mandatario señaló que la consulta seguía en pie y, que quienes lo mataron, tal vez tenían esa intención de afectar el proceso, a pesar de no ser una consulta ni popular, ni indígena, ni con sustento legal en que basarse. A esta consulta, tiempo después la llamaron “un ejercicio participativo”.

Tras estos hechos, nos encontramos con más preguntas que respuestas. ¿Quién mató a Samir? Según el fiscal de Morelos, Uriel Carmona [quien aún enfrenta señalamientos de la Fiscalía de la Ciudad de México por presuntamente haber encubierto un feminicidio], un mes después del asesinato de Samir ya se tenían ubicados a los probables autores materiales del siniestro, dos pertenecientes a un grupo delincuencial del municipio de Temoac, otro de diferente grupo con sede en Yecapixtla y un cuarto no lo podían identificar. Los grupos venían de la zona principal de resistencia contra el gasoducto de Morelos en Temoac y de Yecapixtla donde se encuentra la termoeléctrica. Lo raro del caso es que ninguno de los grupos responsables pertenecía al supuesto comando Tlahuica.

Ahora bien, en Morelos existe una franca disputa política entre el actual gobernador con el fiscal Uriel Carmona Gándara, quien ha sido vinculado al anterior gobernador Graco Ramírez Abreu, principal impulsor del PIM en Morelos. Al respecto, el gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró ante la prensa, en 2020, que “el fiscal sabe quién mató a Samir, pero no lo dice por miedo”. Palabras mayores que nos llevan a cuestionar: ¿quién es tan poderoso para que un fiscal tenga miedo?; ¿y que tanta responsabilidad sobre lo sucedido hay al respecto?

Pese a la incertidumbre y a pesar de tener identificados a los supuestos autores materiales del compañero asesinado, el fiscal de Morelos tardó más de dos años en mostrar “resultados”. Las incongruencias alrededor de este acontecimiento eran notorias y no había que perder de vista el Proyecto Integral Morelos.

En septiembre de 2021 se dio la “detención” de Javier “N”, alias el Temalaco, la cual no fue realmente una detención, pues el sujeto se encontraba preso desde hace más de un año, incluso con detenciones previas (en 2019), pero ninguna por el siniestro. Esta acción coincidió con la visita a Morelos de Andrés Manuel López Obrador para inaugurar la termoeléctrica en Huexca. Dicho evento no se concluyó por fallas en el funcionamiento, pero también porque el Frente de Pueblos denunció el montaje de los avances dados en la investigación. Mientras tanto, el desfile de señalamientos, incógnitas y actores políticos posiblemente involucrados en este caso continúa al margen de la contradictoria versión de la Fiscalía de Morelos.

El 4 de enero de 2022, un periódico de circulación nacional reveló una fotografía donde se encontraba el entonces gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, con los tres principales líderes del crimen organizado en el territorio: Irving Eduardo Solano Vera, alias el Profe, líder de Guerreros Unidos y luego jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Homero Figueroa Meza, alias la Tripa, líder del Comando Tlahuica; y Raymundo Isidro Castro Santiago, alias el Ray, líder regional del CJNG. El gobernador dijo no conocer a quienes le acompañaban en la foto y se justificó por ser una “figura pública”. Dicha acción no le sirvió de mucho, pues al día siguiente aparecieron narcomantas de amenaza recordando los supuestos acuerdos previos, en donde quedaría implicado supuestamente el delegado federal Hugo Erik Flores; señalando que, de no cumplir los acuerdos, darían a conocer con precisión la conclusión que existió para este asesinato.

De nuevo, ¿quién mandó a matar a Samir? El caso fue tomado por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República y, de igual forma, esta pregunta (al menos para Morelos, Palacio Nacional y frente al pueblo mexicano) sigue en el aire.

Tenemos entonces que, como parte de los señalamientos públicos acerca de la muerte del compañero Samir, existen dos grandes grupos del poder político. Por un lado, el actual presidente de la República, en compañía de Hugo Erik Flores y Cuauhtémoc Blanco. Y, por otro, Uriel Carmona (quien además fue vinculado con otros procesos delicados como feminicidio y tortura, apresado y  recién libre de prisión) y el exgobernador Graco Ramírez. Aquí vale la pena enunciar la coincidencia entre ambos grupos: el interés por concretar el Proyecto Integral Morelos y el beneficio que éste causa a empresas trasnacionales, como Saint Gobain, Nissan, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste y muchas otras.

Hoy, le toca a la Fiscalía Especializada corregir el rumbo de las investigaciones. Es necesario, además, que se reconozca, visibilice y enuncie que el principal motivo del asesinato de Samir Flores Soberanes fue su labor informativa y comunitaria desde la comunicación popular e indígena; su trabajo en defensa de la tierra, el territorio y la autonomia; además de su oposición al Proyecto Integral Morelos.

El sexenio de Andrés Manuel Lopéz Obrador está por concluir, cargando a sus espaldas el asesinato, en sus primeros 100 días de gobierno, de un gran defensor de la tierra, el agua, y comunicador popular, en el contexto de una consulta amañada e impuesta con la que traicionó sus promesas de campaña. Resulta alarmante que, mientras la impunidad se mantiene, las violencias, agravios y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el país van en ascenso. Lo que pone a México en los primeros tres lugares en el mundo más riesgosos para defender los derechos humanos y todo lo que ello implica.

Juan Carlos Flores Solís* y Alitzel Díaz**

*Abogado del FPDTA-MPT

**Integrante del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

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