El Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionaron a 39 personas servidoras públicas de diferentes dependencias del gobierno mexicano por diferentes tipos de faltas graves y no graves.
En cuanto a las graves –sancionadas por la primera institución–, fueron inhabilitadas tres personas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 20 años y otra por 10 años, “por contratar la adquisición e instalación de 82 mil optimizadores de tensión que no eran necesarios para la prestación del suministro eléctrico, en 2017”. Además, a todas ellas se les impuso una sanción solidaria por 1 mil 192 millones 500 mil pesos. La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Responsabilidades de CFE.
El Órgano Interno de Control del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inhabilitó por 10 años y 1 año a dos personas que obtuvieron “beneficio económico” no correspondiente a su remuneración contractual por 152 mil pesos “por la venta de 182 guías del servicio de mensajería en 2020” y 15 mil pesos, respectivamente.
En la Secretaría de Educación Pública fue suspendida por 10 años una persona del Tecnológico Nacional de México en Culiacán debido a un doble salario percibido en 2021. También fue acreedor a una multa de 82 mil pesos. Por su parte, el Órgano de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inhabilitó por ocho años y sancionó con 4.9 millones de pesos a una persona que realizó depósitos a su cuenta personal y por quedarse con un vehículo de la institución.
Por faltas graves también fueron inhabilitadas personas funcionarias públicas del Banco de Bienestar, de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo y del Servicio de Administración Tributaria.
En lo que respecta a las faltas no graves, la Secretaría Anticorrupción, a través de los departamentos responsables de sancionar e investigar de cada dependencia mexicana, suspendió a dos trabajadores del IMSS por 1 año y 10 días debido a que se diagnosticó erróneamente a un menor que falleció y a un paciente terminal, respectivamente. También amonestó públicamente a otras dos por fallas en la documentación.
En la Secretaría de Cultura fue inhabilitada por seis meses una persona “por no resguardar documentación de obra pública en 2023 y 2024”. Otra, en la Procuraduría Agraria, fue suspendida por tres meses “por agredir a un ciudadano en un núcleo agrario en 2023”. Petróleos Mexicanos anunció la suspensión durante 30 días a una persona que no cumplió con su horario laboral en repetidas ocasiones.
Personal de la Guardia Nacional, el Tren Maya, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Financiera para el Bienestar, el Servicio de Administración Tributaria, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado también recibieron suspensiones o amonestaciones por presentar documentación carente de validez, faltas de respeto, visitas sin orden correspondiente, omisión en formalización de actas de recepción, faltante en caja, descuidos en sistemas, provocar derrame, y no realizar actas de entrega al concluir su cargo, respectivamente.
