La cancelación de la visa estadunidense de Andrés Manuel López Beltán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y exsecretario de Organización de Morena, escaló durante este fin de semana de un “asunto migratorio” a una disputa política entre el gobierno mexicano, las autoridades estadunidenses, el partido guinda y hasta sectores de la oposición.

Desde la dirigencia nacional de Morena se emitió un posicionamiento en el que se argumenta que detrás de las cancelaciones de visas –entre ellas la de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y las de otros políticos mexicanos– existe un intento de injerencia en la política nacional. De esta manera, Morena rechazó el uso de instrumentos migratorios como mecanismo de presión política y sostuvo que corresponde exclusivamente al pueblo mexicano decidir, mediante las vías democráticas, el rumbo del país.

El planteamiento del partido coincide con la postura que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado desde que se conoció la cancelación de la visa de Andy López. Y es que, desde la semana pasada, en su conferencia matutina, la primera mandataria cuestionó la forma en que el gobierno estadunidense ha utilizado la revocación de permisos migratorios contra políticos mexicanos, al considerar que estas cancelaciones recientes responden a una motivación política. “Tiene un sentido político esencialmente. No veo otra razón”, afirmó la presidenta.

Incluso, un día después, durante su gira de trabajo por Tamaulipas, la titular del Ejecutivo federal llevó la discusión al terreno de la soberanía nacional. En Tampico, durante la inauguración de la primera etapa del Hospital General del ISSSTE, afirmó que “una visa no define a una persona”; además de sostener que en México no existe otra autoridad por encima de la voluntad popular.

Es bajo este argumento donde se inserta el posicionamiento del partido guinda. Para Morena, las cancelaciones de visados estadunidenses, lo que incluye la de Andy López, no deben interpretarse como decisiones migratorias aisladas, sino como parte de una presión externa que podría tener consecuencias políticas dentro de México.

Así, en un mensaje difundido desde la dirigencia nacional, el partido cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sostuvo que la primera mandataria está defendiendo la soberanía nacional frente a presiones extranjeras. De acuerdo con Morena, México puede mantener canales de cooperación y diálogo con otros gobiernos, pero ello no implica aceptar órdenes o condicionamientos sobre las decisiones internas del país.

“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está defendiendo con dignidad la soberanía nacional. Frente a las presiones que pretenden condicionar las decisiones de nuestro país, ha sostenido que México coopera y dialoga con todas las naciones, pero no acepta órdenes ni tutelas del extranjero”, sostiene el comunicado.

Con ello, la dirigencia morenista explicó que la soberanía implica que ninguna potencia extranjera puede colocarse por encima de las instituciones mexicanas ni utilizar mecanismos administrativos para alterar la voluntad expresada en las urnas. Bajo esa interpretación, el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta como una defensa del mandato popular y no únicamente como una defensa política de López Beltrán.

Bajo estos posicionamientos, la decisión de las autoridades estadunidenses dejó de ser exclusivamente un asunto relacionado con la visa de un dirigente o político afín a la izquierda mexicana y se convirtió en un nuevo episodio de tensión en la relación entre México y Estados Unidos, al tiempo que abrió una disputa interna sobre el papel que deben tener las decisiones de Washington en la política mexicana.

El episodio se produjo después de que López Beltrán hiciera pública una carta dirigida al presidente estadunidense Donald Trump, en la que afirmó que la cancelación de su visa fue ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau, y acusó una motivación política. López Beltrán negó que las autoridades estadunidenses le hubieran presentado evidencia de algún delito o conducta ilícita.

Sobre ello, Washington no ha informado públicamente las razones específicas de la cancelación. Hasta el momento, únicamente, la embajada de Estados Unidos en México señaló –sin referirse directamente al caso de López Beltrán– que su gobierno puede cancelar cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, independientemente de quién sea el titular o de sus opiniones políticas. El Departamento de Estado agregó que cada decisión de visa constituye una determinación relacionada con seguridad nacional y que no comenta casos particulares debido a las reglas de confidencialidad.

El caso de López Beltrán tampoco ocurre de manera aislada. De acuerdo con la agenda de noticias Reuters, la administración de Donald Trump ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos como parte de una campaña dirigida contra personas señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Además, varios funcionarios de Estados Unidos han señalado que las cancelaciones pueden involucrar acusaciones relacionadas con narcotráfico, corrupción o facilitación de migración irregular.

Entre los casos que han generado controversia se encuentra el de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, cuya visa y la de su entonces esposo fueron revocadas en mayo de 2025. También han circulado reportes sobre los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, aunque ambos han rechazado los señalamientos difundidos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

A ello se suma el caso particular de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, contra quien fiscales estadunidenses han formulado una serie de acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa.

La controversia, sin embargo, ya había adquirido otra dimensión al interior de México. Mientras Morena interpretó este mecanismo de retiros de visa como una forma de presión contra la llamada cuarta transformación, integrantes de la oposición celebraron la decisión estadunidense y exigieron investigaciones sobre López Beltrán.

Y es que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que el apellido López Obrador no debería volver intocable a nadie, y vinculó el caso con presuntas investigaciones sobre huachicol fiscal. Esos señalamientos forman parte del debate político y no equivalen, por sí mismos, a una resolución judicial en México.

Sin embargo, en la dirigencia guinda, la lectura fue diametralmente opuesta. La dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes expresó su solidaridad con López Beltrán y sostuvo que el episodio no debe analizarse como un asunto personal. Pues, detrás de los acontecimientos existe “el intento de intervenir en la vida política de México desde los sectores más radicales de la ultraderecha internacional”, sostuvo.

Mientras que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena reiteró que “la mafia del poder, en cambio, celebra cualquier presión contra nuestro país si considera que puede obtener de ella una ventaja política. Como no ha logrado recuperar la confianza del pueblo, pretende encontrar en el extranjero la fuerza que no tiene dentro de México. Quiere regresar al poder y restaurar el régimen de corrupción, privilegios y negocios al amparo del gobierno. Quiere recuperar desde fuera el lugar que el pueblo no le ha otorgado en las urnas. Por eso presenta cualquier presión extranjera como una derrota de la transformación y como un triunfo propio”.