Julio Scherer Ibarra está en la mira de la FGR –que encabeza Gertz Manero– como parte de las investigaciones sobre una supuesta red de servidores públicos, despachos de abogados y miembros del Poder Judicial que presuntamente extorsionaron a empresarios que enfrentan procesos penales, cuando el primero estuvo al frente de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. En las indagatorias se apunta a funcionarios de esa oficina coaligados con unos 10 despachos de litigantes, que habrían recibido millones de pesos a cambio de entorpecer procesos penales contra delincuentes de cuello blanco, negociar reducciones de condenas y ofrecer el criterio de oportunidad

Quien fuera consejero jurídico de la Presidencia de la República en la primera mitad del sexenio del actual gobierno (2018-2021), Julio Scherer Ibarra, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por una supuesta red de complicidades entre servidores públicos, despachos de abogados y miembros del Poder Judicial para presuntamente extorsionar a empresarios que enfrentan procesos penales.

Serían por lo menos 10 despachos de litigantes, empresarios y funcionarios de la Consejería Jurídica que aparecen en expedientes de la FGR por establecer una relación de negocios ilícitos durante los primeros tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que les habría generado ganancias multimillonarias a cambio de entorpecer procesos penales contra delincuentes de cuello blanco, negociar reducciones de condenas y ofrecer el criterio de oportunidad con importantes beneficios para los involucrados.

Fuentes judiciales explicaron que “estaríamos hablando de una traición gestada desde la Consejería Jurídica en contra del presidente de la República y de su proyecto de transformación de la 4T, pues están involucrados jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte, en donde todos se beneficiaban con dinero obtenido mediante amenazas, sobornos, chantajes y extorsiones, utilizando la justicia como instrumento para amedrentar a delincuentes de cuello blanco”.

Después de que la Fiscalía a cargo del doctor Alejandro Gertz Manero consignara el primer expediente (FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021) en contra de un conocido despacho de abogados, el juez federal José Rivas González citó para este lunes 28 de febrero la audiencia en el Reclusorio Norte, en donde los primeros abogados deberán rendir declaración sobre las acusaciones en su contra que los involucran en los delitos de extorsión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de dinero y corrupción.

Fuentes judiciales explicaron que hasta el momento el nombre de Scherer Ibarra no aparece como indiciado en los expedientes abiertos; sin embargo, la estrategia de la Fiscalía es que los testigos y otros involucrados en la red de corrupción lo imputen directamente en las comparecencias que sostendrán en juzgados federales, en donde tendrán que explicar la relación de negocios que mantuvieron con funcionarios de la Consejería Jurídica.

Los primeros abogados que comparecerán este lunes ante el juez José Rivas González son Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. En el caso de Scherer Ibarra consideran que próximamente tendrá que ser citado porque fue desde su oficina en la Consejería Jurídica en donde se planeó esta red de corrupción.

Entre los empresarios y abogados sujetos a procesos penales que habrían aceptado negociar están Alonso Ancira, quien aceptó reparación del daño por 200 millones de dólares que causó a Petróleos Mexicanos por la venta de empresa chatarra de Agronitrogenados; Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente de la cementera y del equipo de futbol Cruz Azul; Juan Collado, por sus acciones en Caja Libertad de Servicios Financieros y un inmueble ubicado en Querétaro con valor de 500 millones de pesos; Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato petrolero, por fraudes cometidos a Pemex y con las cuotas de los trabajadores, entre otros.

Como olvidar aquellas imágenes cuando agentes federales detienen en un restaurante al abogado Juan Collado, quien se encontraba en ese momento con Romero Deschamps.

Entre los despachos de abogados que son investigados por la FGR por diversos delitos están el de Ángel Junquera; García González y Barradas; ADS, Alfaro, Dávila y Scherer (Pedro Scherer); Rodrigo Lagos Scherer; Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca; Rincón, Mayorga, Román Abogados Litigantes, entre otros.

Ese último despacho de Rincón, Mayorga y Román está estrechamente vinculado con el despacho Suma de Capacidades S.C., cuyo accionista principal es el panista Santiago Creel Miranda, además de haberle transferido 26.1 millones de pesos.

En las investigaciones de la Fiscalía colaboran también la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Otro de los denunciantes en contra del ex consejero jurídico de la Presidencia es el abogado Paulo Díez Gargari, quien acusó a Scherer Ibarra ante el Ministerio Público Federal de integrar una red de corrupción y coludirse con servidores públicos, abogados, asesores financieros y hasta parientes para extorsionar a empresarios con problemas judiciales.

Consejería Jurídica operó en contra de las instrucciones de AMLO

Entre los expedientes que se atribuyen a servidores públicos de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, está aquel oficio que le pasaron a firma del presidente de la República para que el Senado ratificara a dos abogados (Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos y Carlos Contreras Segovia) que tenían acusaciones penales por corrupción y otros delitos, además de haber sido despedidos previamente del SAT; sin embargo, la Consejería los proponía para ser nombrados magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Otro caso en donde intervino la Consejería Jurídica fue para frenar un decreto que tenía como propósito otorgar acceso pleno al agua a la comunidad zapoteca de los Valles Centrales de Oaxaca. Según el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas fue la oficina de la Consejería la que evitó que se publicara dicho decreto firmado por el presidente de la República.

En otros asuntos de relevancia nacional, y en los cuales el presidente López Obrador había dado claras instrucciones de cómo procedería su gobierno, la Consejería Jurídica operó en contra de las órdenes presidenciales.

Por ejemplo, en la prohibición expresa de los vapeadores y cigarros electrónicos, con el objetivo de proteger la salud de las personas y en especial de los menores de edad, que son parte del público meta de esos artefactos y sus aditamentos (como lo son los cartuchos de recarga).

Al respecto, las secretarías de Salud y de Economía habían trabajado intensamente para que en la normativa se prohibiera su importación y comercialización. Incluso el propio López Obrador –en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 131 de la Constitución– estableció esa prohibición el 19 de febrero de 2020 en la fracción arancelaria correspondiente en la Ley General de Impuestos y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

No obstante, el 16 de julio de 2021 se publicó un decreto que desde la Consejería le pasaron al presidente para su firma en el cual se desestimaba la prohibición. El primer mandatario reconoció públicamente el 17 de agosto de 2021, en su conferencia matutina, que esta modificación se debió a visiones contrarias al interior de su gabinete, sin revelar que fue la oficina de Julio Scherer Ibarra la que había desacatado sus órdenes.

“Es parte de lo que comentaba aquí con toda franqueza y transparencia: al interior del gobierno hubo discrepancias. La Secretaría de Salud sostuvo desde el principio que estos aparatos… sistemas alternativos de consumo de nicotina, pero que se conocen como [cigarrillos electrónicos o vapeadores], Salud dijo: ‘No, esto daña’, y hubo otras opiniones. Entonces, me plantearon a mí la situación y dije: ‘No, porque afecta la salud y no vamos a permitir nada que afecte a la salud’. Sin embargo, pasó el tiempo y expuesto de otra manera yo firmo un decreto para permitir la importación no exactamente de estos cigarrillos pero de algo parecido, y entonces los de Salud protestan […]. Ofrecí revisarlo. Y entonces ¿qué hicimos? Pues ya se corrigió el error y se cancela la importación de estos aparatos, aun cuando no sean lo mismo, aunque se alegue de que no causan daño, nada, nada, nada que afecte la salud”.

López Obrador agregó que si la Secretaría de Salud “recomienda que no se permita la importación, pues tenemos que hacerles caso. Y se corrigió. Eso también es importante, no ser aferrado, no caer en la autocomplacencia, sino saber rectificar cuando se comete un error, todos cometemos errores. Imagínense un error cuando se trata de la salud del pueblo, pues cómo no se va a corregir. Entonces, así se actuó y ya se firmó el nuevo decreto”.

El 14 de diciembre de 2021, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, reveló más detalles del asunto, al indicar que fue en julio del año pasado cuando el presidente firmó aquel decreto, contrario a las discusiones y acuerdos que se habían tenido para salvaguardar la salud de los mexicanos.

En esa otra conferencia matutina, el científico añadió que el presidente tuvo que dar marcha atrás al decreto que le habían hecho firmar, por lo cual “el 22 de octubre se estableció un nuevo decreto que ratifica la prohibición de la importación de vapeadores y cigarrillos electrónicos y sus cartuchos. Ese decreto está vigente, 22 de octubre, es un decreto del presidente”.

No obstante, para entonces y ya con Scherer Ibarra fuera del gabinete, la andanada venía desde el Congreso para beneficiar a la trasnacional Phillip Morris. Al respecto, el doctor López-Gatell indicaba que en la discusión de “la iniciativa de reforma a la Ley de Impuestos de Importación y Exportación aparece la palabra ‘excepto’, para excluir a los cigarrillos electrónicos en donde Phillip Morris International es el preponderante para que no sean prohibidos y sólo se prohíben vapeadores. Hay dos inconvenientes obvios, uno para la salud, los tres tipos de productos son muy dañinos a la salud. Más allá de ser productos del tabaco, por su naturaleza específica son adicionalmente muy dañinos a la salud y deben ser prohibidos por razones de salud. El segundo inconveniente es de tipo comercial. Al prohibir los vapeadores y no prohibir los cigarrillos electrónicos, se establece obviamente una situación de discriminación que sería repudiada en tribunales por asuntos comerciales. Y consideramos que es un truco, porque precisamente eso es lo que se pretende: inducir un litigio estratégico por parte de la industria tabacalera para que se quite la prohibición en su conjunto”.

Aduanas, también fueron parte de la lucha por el poder

Un tema que aún no se resuelve y en el que también estuvo metida la mano de la Consejería Jurídica es el de la desincorporación de las aduanas del Servicio de Administración Tributaria, y su relación con el pago de los impuestos y, sobre todo, la fiscalización a grandes contribuyentes.

Mientras que el presidente consideró necesario que fueran las secretarías de la Defensa Nacional y Marina las encargadas de cuidar las puertas de la casa, desde la Consejería Jurídica se operó para transferirle a la milicia facultades en materia tributaria y fiscal que sólo corresponden a los civiles.

Nuevamente fue esa área la que hizo que el presidente López Obrador permitiera que se publicara el decreto sin conocer las implicaciones técnicas y legales de tal decisión, al darle autoridad fiscal a las secretarías de la Defensa y la Marina relativas a operaciones de comercio exterior.

Con ello, en manos de la milicia quedaría fiscalizar al 80 por ciento de los grandes contribuyentes, pues son precisamente los que tiene operaciones de comercio exterior. A partir de este decreto, militares y marinos han estado presionando para acceder a los padrones de contribuyentes, lo que aún no han podido porque ese decreto aún no tiene reglamentación.

En este tema no sólo operó la Consejería, sino también las secretarías de Defensa, Marina y Hacienda. De hecho, fue Arturo Herrera quien firmó el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 14 de julio de 2021, antes de salir de la dependencia.

Incluso hasta el horario en el que se publicó fue irregular, como si quisieran dar madruguete y que nadie se enterara, pues apareció a las 7 de la noche de aquel 14 de julio. Hasta ahora ha permanecido como letra muerta, pero los mexicanos deberemos estar atentos a cómo se discuten las leyes en la materia y que no se le quiera dar un poder a los militares que no se va a poder detener nunca.

No obstante, otro que ha respaldado esta situación ha sido Horacio Duarte, administrador general de Aduanas, quien en varios discursos se ha referido al comercio exterior con el fin de meterse al asunto de la fiscalización. Entonces lo que hay que quitarles es el discurso del comercio exterior.

Lo que es un hecho que la participación de los militares debe ser estrictamente para la verificación de la mercancía e impedir la importación de productos ilícitos e, incluso, podrían hasta cobrar el derecho de trámite aduanero que es materia aduanera o el impuesto general de importación y el impuesto general de exportación. Pero la Sedena y la Marina no tienen por qué fiscalizar el IVA de los grandes contribuyentes como Coca Cola, Walmart, ni encargarse de frenar los grandes esquemas de defraudación fiscal que precisamente se presentan en el comercio exterior.

Otros temas que se operaron desde la Consejería para ir en contra de las órdenes presidenciales fueron el del herbicida glifosato, al intentar frenar su prohibición en claro beneficio de la trasnacional Bayer-Monsato. Así como el de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, que por poco se convierte en una zona de beneficio para grandes inmobiliarias.

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