Por mayoría calificada –de 86 votos a favor de los partidos Morena, del Trabajo y Verde; y 42 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano–, la Cámara de Senadores avaló en lo general y en lo particular la reforma constitucional que extingue a siete organismos autónomos y reguladores, entre ellos el Inai (Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

Al discutir el dictamen en lo particular, por mayoría, la asamblea rechazó las reservas que presentaron senadores del PAN y PRI. De acuerdo con la reforma constitucional, las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoraedu) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En cuanto al Inai, sus funciones recaerán en la Secretaría de la Función Pública (que se transformará en Secretaría de Anticorrupción), en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y de las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

En lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), será la Secretaría de Energía (Sener) quien realice sus funciones; las de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recaerán en la Secretaría de Economía; y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En el debate, la senadora por el PT, Lizeth Sánchez García, aseguró que la reforma responde a las demandas ciudadanas de tener un gobierno más eficiente, austero y enfocado a atender los retos que enfrentamos, por la que esta simplificación orgánica permitirá una reducción significativa del gasto público y la eliminación de estructuras administrativas redundantes y costosas.

La legisladora del Verde, Juanita Guerra Mena, indicó que a nadie le debería molestar la simplificación orgánica, porque los recursos son de todos y se deben gastar de manera eficiente, de ahí que se tenga que evitar la duplicidad de funciones. Agregó que la transparencia estará garantizada en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, la cual estará encabezada por Raquel Buenrostro, por lo que hay certeza de que se combatirá la corrupción.

Durante su participación, el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri lamentó que se estén “destruyendo instituciones” bajo el argumento de la austeridad y la eficiencia. Según su punto de vista, lo que busca el oficialismo es la opacidad total y la eliminación de cualquier contrapeso al poder “desmedido” que codician, sin rendir cuentas y sin que nadie les cuestione. Dijo que con esta reforma una vez más se atenta contra la democracia mexicana.

En tanto, Miguel Pavel Jarero Velázquez, de Morena, dijo que esta reforma busca transferir las funciones de los órganos autónomos y reguladores a la Administración Pública Federal con la intención de que haya mayor eficiencia, espacios más eficaces, transparencia y rendición de cuentas. Afirmó que los derechos de los trabajadores que laboran en dichas instituciones están a salvo.

Luego de su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue remitido a las legislaturas estatales para su consideración.

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