La propuesta de reforma constitucional plantea que quienes aspiren a la presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México tengan únicamente nacionalidad mexicana, además de impedir que, durante el ejercicio del cargo, adquieran otra nacionalidad o invoquen derechos y protección de un Estado extranjero. El proyecto, impulsado por el gobierno federal abre un debate sobre doble nacionalidad, soberanía y los requisitos para ocupar cargos de elección popular

Una iniciativa de reforma constitucional para exigir nacionalidad mexicana exclusiva a quienes aspiren a la presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fue presentada este jueves 27 de agosto ante el Congreso de la Unión, apenas tres días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteara públicamente la posibilidad de impedir que quienes gobiernen el país mantengan una segunda nacionalidad.

La propuesta surgió a partir de preguntas sobre el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien el gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La solicitud no ha sido cumplimentada.

Al ser cuestionada sobre el exmandatario, la presidenta reconoció que la Constitución actualmente no impide que quien ocupe la presidencia tenga doble nacionalidad y planteó modificarla: “Deberíamos prohibirlo”. Asimismo, sostuvo que quien represente al pueblo mexicano debe tener únicamente la nacionalidad del país, aunque aclaró que la doble nacionalidad no representa un problema para el resto de la población.

La primera mandataria explicó que una persona puede adquirir otra nacionalidad desde la infancia sin que medie una decisión propia, pero consideró que la situación cambia cuando se trata de ejercer un cargo de representación política. En esos casos, dijo, mantener una segunda nacionalidad constituye una decisión consciente que puede entrar en conflicto con el interés nacional.

La titular del Ejecutivo federal calificó a García Cabeza de Vaca como “prófugo de la justicia”, y sostuvo que la nacionalidad estadunidense no lo exime de enfrentar el proceso penal en México. También vinculó la reforma con lo que definió como un periodo de “mayor injerencia en las decisiones que solo les competen a los mexicanos”. Ante la pregunta de si el objetivo era cerrar la puerta al injerencismo extranjero, respondió: “Sí, así de claro”.

Sheinbaum Pardo encargó la elaboración de la iniciativa a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y al coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar. El planteamiento fue presentado formalmente este jueves por la funcionaria.

La iniciativa modifica el Artículo 82 constitucional para establecer que quien aspire a la presidencia, además de ser mexicano por nacimiento e hijo de padre o madre mexicanos, no tenga ni adquiera otra nacionalidad. Quienes posean una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrar su candidatura. También se mantiene el requisito de 20 años de residencia en el país.

El proyecto incorpora además restricciones para quien ejerza el cargo: no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana, utilizar pasaporte o identificación extranjera, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a su protección diplomática. El incumplimiento sería sancionado conforme al régimen de responsabilidades previsto en la Constitución.

De igual manera, la consejera detalló que el mismo criterio se trasladaría a los Artículos 116 y 122, relativos a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Además, adelantó que, una vez aprobada la reforma constitucional, se plantearían modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad deberá renunciar a ella antes de registrarse como candidata o candidato, incluido un trámite ante el Instituto Nacional Electoral.

El planteamiento generó una respuesta inmediata de García Cabeza de Vaca. Un día después de que la presidenta Sheinbaum propusiera la reforma, el exgobernador anunció que buscará la candidatura presidencial en 2030 y que trabaja en la construcción de un movimiento opositor rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

El exmandatario sostuvo que la reforma “trae nombre y apellido” y está dirigida específicamente contra él. Recordó que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres, pero que la Constitución lo reconoce como mexicano por nacimiento debido a que ambos son mexicanos. Señaló que esa condición le permitió ocupar distintos cargos públicos, entre ellos diputado federal, presidente municipal, diputado local, senador y gobernador.

García Cabeza de Vaca también rechazó ser un prófugo de la justicia y calificó las acusaciones en su contra como “una fabricación política”. Sostuvo que el expediente se originó por la compraventa de un departamento adquirido cuando era senador y que los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero fueron incorporados posteriormente. También afirmó que otras personas involucradas en el caso fueron absueltas y que la resolución de la ministra Lenia Batres no estableció su culpabilidad.

El exgobernador vinculó además su proceso con los señalamientos que realizó durante su trayectoria política sobre el huachicol fiscal y presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales. Afirmó que entre 2025 y abril de 2026 la evasión fiscal relacionada con ese fenómeno habría alcanzado 87 mil 856 millones de pesos, una estimación que presentó como propia. También reconoció que mantiene vínculos con agencias estadunidenses desde su etapa como legislador por Tamaulipas, aunque negó que se trate de relaciones clandestinas.

El expediente contra Cabeza de Vaca

La orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se originó en denuncias presentadas en 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR). En febrero de 2021, la Fiscalía solicitó su desafuero, aprobado dos meses después por la Cámara de Diputados. Una primera orden de captura, librada en mayo de ese año, fue invalidada debido a que el entonces gobernador continuaba en funciones. Tras concluir su mandato, en septiembre de 2022, el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de aprehensión.

El expediente de la UIF documentó tres líneas principales de investigación. La primera señala que siete empresas presuntamente utilizadas para lavar dinero y vinculadas con el Cártel de Sinaloa habrían transferido más de 60 millones de pesos a cuentas relacionadas con García Cabeza de Vaca: 14.3 millones en 2013, cuando era senador, y 44.8 millones en 2019, durante su gestión como gobernador. De acuerdo con la investigación, esos recursos fueron utilizados para adquirir y posteriormente revender un departamento de lujo en Santa Fe a las mismas compañías.

La segunda línea señala inconsistencias entre sus propiedades y sus ingresos declarados. La UIF identificó 28 propiedades en México y Estados Unidos que, según el expediente, no corresponderían con los aproximadamente 24 millones de pesos que declaró como ingresos oficiales durante dos décadas de servicio público. También documentó 10.5 millones de pesos que presuntamente no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria.

La tercera apunta a 13 empresas vinculadas con dos presuntos prestanombres, Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Tamez Arellano. De acuerdo con la investigación, esas compañías –relacionadas con organizaciones criminales– obtuvieron contratos millonarios del gobierno de Tamaulipas, algunos de los cuales posteriormente fueron señalados con irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación.

El proceso judicial ha tenido distintos episodios. En febrero de 2023 un juzgado de Tamaulipas concedió un amparo al exgobernador, decisión que un tribunal colegiado revocó siete meses después. Tras reponerse el juicio, un juez federal volvió a otorgarle protección en noviembre de ese año al considerar insuficientes los datos de prueba. La Fiscalía impugnó la resolución y el expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En febrero de 2026, la Suprema Corte revocó de manera definitiva el amparo, por unanimidad y con un proyecto elaborado por la ministra Lenia Batres. García Cabeza de Vaca ha rechazado los señalamientos y ha insistido en que ningún juez lo ha declarado culpable.

La iniciativa de reforma entra ahora al proceso legislativo. De ser aprobada, quienes aspiren a la presidencia, a una gubernatura o a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y posean una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrar su candidatura. La medida no eliminaría la posibilidad de que el resto de los mexicanos conserve una o más nacionalidades, sino que establecería un requisito específico para quienes busquen ejercer los principales cargos del Ejecutivo.