La iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas se revisará, para evitar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenga la facultad de otorgar concesiones a la industria minera para que vierta sus desechos tóxicos en ríos y cuerpos de agua, indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ello, porque la propuesta que será discutida en el Congreso busca reformar el artículo 118 de dicha ley, para establecer que la autoridad del agua tendrá la facultad de dar concesiones a la industria minera. Textualmente, la iniciativa indica: “para el otorgamiento de concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros depósitos de aguas residuales de uso minero, se deberán acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas”. Mientras que el texto vigente prohíbe ese tipo de concesiones.

Consultada por Contralínea durante su conferencia de esta mañana –acerca del cambio propuesto al artículo 118 y de los riesgos que implicaría para la salud humana y medioambiental–, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno impulse un modelo de manejo de residuos mineros que contamine los afluentes.

“No debe ser. Se tiene que revisar. Si así es la redacción, se tiene que revisar. El objetivo de la Ley Nacional de Aguas esencialmente es evitar la comercialización del agua, o la transmisión de una concesión de un privado a otro privado. Es el principal objetivo de esa ley, además de la actualización de algunos temas. Pero este artículo por supuesto debe revisarse porque no debe ser como está redactado”, puntualizó la primera mandataria.

La iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Aguas fue elaborada por la Conagua, y actualmente se encuentra en proceso de deliberación en la Cámara de Diputados. El cambio propuesto al artículo 118 no es menor, porque la industria minera es considerada una de las más contaminantes en el mundo.

Además de que hasta ahora se ha prohibido a las empresas mineras verter sus desechos altamente tóxicos en ríos y arroyos de México, uno de los objetivos medioambientales y de salud pública de la presidenta Claudia Sheinbaum es contrario a esa pretensión. Su gobierno se ha propuesto limpiar afluentes altamente contaminados, como el Río Sonora, donde una de las filiales del Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en la presa Tinajas 1 –el 6 de agosto de 2014, presuntamente por negligencia–, por lo que actualmente sigue presentando altas concentraciones de cinco metales pesados causantes de cáncer y enfermedades terminales en las poblaciones aledañas.

De acuerdo con la Gaceta Parlamentaria –publicada por la Cámara de Diputados el 9 de octubre pasado, donde se da a conocer la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas–, el texto vigente en su artículo 118 prohíbe tales concesiones: “la autoridad del agua tiene prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero”.

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