El normalismo rural está de luto de nueva cuenta. Las escuelas normales rurales arden como en la época de pleno neoliberalismo; ese que, se asegura cada mañana, ya se erradicó del país…

Duele la muerte de las estudiantes Iris S y Mónica Paola R. Contaban 22 y 21 años de edad, respectivamente. Se formaban como maestras rurales en la Escuela Carmen Serdán, de Teteles, Puebla. Un accidente –salvo lo que arrojen las investigaciones– terminó con sus vidas el pasado jueves 20.

No fue un accidente cualquiera. Realizaban una actividad política en la carretera Amozoc-Perote. Cayeron de un tráiler que no detuvo su marcha y que, por el contrario, aceleró su paso para evadir la protesta que alrededor de 80 mujeres llevaban a cabo en las inmediaciones de la caseta de Cuapiaxtla, Tlaxcala.

Hoy, como ayer, como hace décadas, alumnos y alumnas de las normales rurales deben movilizarse para que las autoridades educativas emitan las convocatorias de ingreso, garanticen las becas alimentarias y en mantenimiento a los planteles. Se movilizan, pues, para que sigan existiendo estas escuelas para pobres.

Y hoy, como siempre, los medios buscaron criminalizar la protesta que realizaban las estudiantes normalistas rurales y, con ello, justificar las muertes. Madres y padres de Iris y Mónica Paola no sólo deben soportar la pena por la pérdida de sus hijas; sino lidiar con un discurso proveniente de los poderes formales y fácticos que estigmatiza a las estudiantes y lastima su memoria.

Desde hace 2 años las alumnas piden la intervención del gobierno del estado, a cargo del morenista Miguel Barbosa Huerta, para que se resuelva un pliego petitorio a todas luces justo. Sólo han recibido silencio y, en los últimos días, la amable declaración de que sus demandas “no son fáciles cumplir”.

¿Cuáles son los puntos del pliego petitorio? Que no se suspenda la dotación de las raciones alimenticias, que no baje la matrícula de ingreso y que se reparen las instalaciones. Son 2 años de no recibir respuesta de los gobiernos estatal y federal, que se precian de ser de izquierda y de reconocer la importancia y el legado del normalismo rural. Hoy lamentamos las muertes de dos jóvenes mujeres estudiantes, campesinas, socialistas.

Otro caso es el de Chiapas. Al cierre de esta edición el gobierno de Rutilio Escandón mantiene tras las rejas a 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural Pantaelón Domínguez, de Mactumactzá, Chiapas. Habían sido reprimidos el pasado martes 18, luego de ser desalojados de la caseta de cobro de la carretera de cuota que comunica San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez.

Los estudiantes demandan que el examen de ingreso para los aspirantes al próximo ciclo escolar sea presencial y en cuadernillos. Y no por medio de internet. Los estudiantes argumentan, con razón, que más del 95 por ciento de los aspirantes son originarios de comunidades rurales que no tienen acceso a internet. Al insistir en que el examen sea en línea, las autoridades están descartando a los más pobres del estado.

Sólo son dos ejemplos; pero la situación se repite, en menor o mayor grado, en las 16 escuelas normales rurales del país, por fortuna, defendidas por la histórica organización estudiantil Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FESCM).

En plena “cuarta transformación” los normalistas rurales deben seguir movilizándose para mantener abiertas y vigentes estas insustituibles casas de estudio. ¿En qué consiste la “4T” si alumnos y alumnas deben tomar carreteras, retener camiones y morir en accidentes para que el normalismo rural se mantenga con vida? ¿Qué gobierno se puede decir de izquierda si tiene a 95 estudiantes presos que exigen igualdad de oportunidades para ingresar a la carrera?

Que las autoridades represoras o insensibles sean estatales, no exime de su responsabilidad al proyecto de la 4T. Finalmente, los gobiernos de –en estos casos– Puebla y Chiapas son orgullosos emanados del partido en el poder federal Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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