El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, pidió reformar el marco legal y “darles dientes a los órganos de fiscalización” para que las auditorías deriven en sanciones que inhiban la corrupción. Subrayó la necesidad de una revisión jurídica que permita una rendición de cuentas “mucho más eficaz, mucho más rápida, mucho más proactiva”.
Durante el inicio de las auditorías integrales al gasto federalizado de la Cuenta Pública 2025 en las alcaldías de la Ciudad de México, solicitó el apoyo de diputadas y diputados federales, senadores, gobernadores, presidentes municipales y sociedad civil para atender las necesidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sostuvo que la aplicación de sanciones es fundamental para frenar conductas que podrían derivar en actos de corrupción. Además, consideró que el contexto nacional es favorable para plantear las necesidades de la institución y confió en que sus propuestas encuentren eco entre las y los legisladores.
En el encuentro, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Javier Octavio Herrera Borunda, respaldó la propuesta y adelantó que podría haber más reformas antes de que concluya el año, adicionales a las que entraron en vigor en mayo de 2026.
El legislador informó que existe una brigada nacional para la armonización de las leyes locales. Como ejemplo, mencionó la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, publicada en 2014 y reformada en 2018, y sostuvo que aún no incorpora el cambio de una fiscalización reactiva a una proactiva.
Explicó que este modelo utiliza herramientas de big data y convenios con el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ello, consideró que la capital necesita un marco legal que permita utilizar esos instrumentos, pues las autoridades sólo pueden actuar dentro de sus facultades legales.
Herrera Borunda entregó al diputado local Gerardo Villanueva Albarrán, presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, un compendio que compara, en tres columnas, la regulación nacional del sistema anticorrupción desde 2016, la normativa local y las justificaciones de posibles reformas.
Villanueva Albarrán respondió que el documento deja “una tarea importante” y se comprometió a impulsar un ejercicio de parlamento abierto, escuchar a los órganos y dependencias que ejercen el presupuesto y convocar a las alcaldías y al equipo de la jefa de gobierno para comenzar los trabajos.
Sobre el alcance de las revisiones, Hernández Palacios Cardel afirmó que la ASF ya revisa el 100 por ciento del gasto municipal, con una cobertura directa de más de mil 240 municipios e indirecta de unos 2 mil, mediante convenios con las auditorías estatales. Calificó esta situación como “inédita”.
Respecto de los gobiernos estatales, sostuvo que la ASF realizará auditorías completas a todos los recursos que ejercen las entidades. Añadió que el 30 de octubre entregará a la Cámara de Diputados resultados de las revisiones a municipios y alcaldías, mientras que el informe final se presentará en febrero de 2027.
Durante su participación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, afirmó que la fiscalización externa e independiente no debilita a los gobiernos, sino que los fortalece. Señaló que la transparencia es un derecho, la honestidad una obligación irrenunciable y la rendición de cuentas un pilar de la democracia.
Reiteró su política de tolerancia cero a la corrupción y al desvío de recursos, y recordó el recién publicado Decálogo de Ética, Honestidad y Cero Corrupción, que el gabinete capitalino firmó el lunes pasado.
Además, llamó a orientar la inversión pública a recuperar espacios públicos, recolectar basura, iluminar calles y reparar baches.
Por su parte, el auditor superior de la Ciudad de México, Edwin Meráz Ángeles, coincidió en que la calidad de la fiscalización importa para la vida cotidiana de la ciudad, pues los recursos públicos deben atender los servicios, los espacios públicos y las obras que necesita la población.
