Antes de los terremotos de 2017, los inmuebles de la UACM carecían de los estudios técnicos que determinaran su nivel de seguridad, en violación a la normativa en la materia. No contaban con las Constancias de Seguridad Estructural que la ley señala. Hoy ya se tiene claridad de cuáles presentan riesgo bajo, medio, alto y, en dos casos, colapso inminente. Sin embargo, los estudios no concluyen a 2 años de la actual administración y de que la dictaminadora AMDROC comenzara a trabajar antes de que se firmaran los contratos. Debió entregar los resultados hace 4 meses

A finales de 2020, dos inmuebles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) presentaban “alto riesgo de colapso” y tres más “alto riesgo”. Además, en “riesgo medio” se encontraban 49 y otros 24 en “riesgo bajo”. Prácticamente ninguno estaba exento de necesitar, al menos, mantenimiento.

De ello dan cuenta 10 oficios fechados entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2020, elaborados por el Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México y dirigidos a la rectora  de la UACM, la doctora Tania Rodríguez Mora.

En alto riesgo de colapso se encuentra el plantel Casa del Conde de Regla, ubicado en el calle República del Salvador, en el Centro Histórico, según el oficio ISCDF/DG/2020/1422. En igual situación aparece el muro perimetral del plantel Casa Abierta, en la alcaldía Iztapalapa, como advierte el oficio ISCDF/DG/2020/1324. En este último se observan “severos asentamientos diferenciales, desplomes y existe una grieta de tensión en el suelo”.

De los tres inmuebles con “alto riesgo”, dos son parte del complejo ubicado en José T Cuéllar, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. El oficio ISCDF/DG/2020/1266 señala que en dos cuerpos se encontró “pérdida de verticalidad” y “fisuras en elementos de concreto”. Se trata del antiguo hotel que se adquirió en 2017 para ser sede de la Rectoría y que hoy está inutilizable.

El otro inmueble con “alto riesgo” es la otrora estancia infantil ubicada en el complejo Casa Abierta, en la alcaldía Iztapalapa. Ahí, según el oficio ISCDF/DG/2020/1324, se observan “grietas de tensión en suelo”.

Cabe destacar que ese inmueble alberga el Centro Comunitario Madres Educadoras, Mujeres por el Bienestar Infantil, AC. Al momento de la evaluación, el centro se encontraba en funcionamiento. Por ello, en la opinión técnica emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, con folio OTIRPC/DER/CRT-VR/432/20, se recomienda “la reubicación inmediata”.

El asunto es que, por años, la UACM no contó con revisión técnica alguna sobre la situación en que se encuentran sus inmuebles, en incumplimiento de la normatividad de protección civil de la Ciudad. Y sólo hasta que se presentaron los sismos de 2017 se ordenó evaluar las estructuras físicas de los inmuebles.

De hecho, con cada oficio de evaluación enviado al abogado general de la UACM en ese año, se le apercibe para que registre la Constancia de Seguridad Estructural de cada inmueble. Se le recuerda a la institución que “debe proceder obligatoriamente” para obtener tales documentos “en un plazo no mayor a 30 días hábiles”. Hasta 10 oficios de este tipo recibió la Universidad entre 26 de septiembre y el 9 de octubre de 2017.

Entonces la Rectoría de la UACM estaba a cargo del doctor en educación Hugo Aboites. El investigador universitario reconoce que antes del sismo no se tenían los certificados. “Y es cierto, se necesita ese certificado”. Sin ambages, acepta que todos los inmuebles se ocuparon sin que se hicieran los exámenes de riesgo correspondientes que marca la ley. “Casi nadie lo hace [las evaluaciones a las estructuras de los edificios]; pero sí es cierto. Se necesitan esos certificados y la administración en ese momento [previo a los sismos de 2017] no los hizo, porque no hay una cultura de hacer eso, aunque sea un procedimiento obligatorio y necesario”, admite.

Señala que sí se revisaban periódicamente los edificios aunque no se contara con certificados. Y posteriormente a los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 la Rectoría a cargo de Aboites instrumentó cinco revisiones estructurales. Destaca que, en todas ellas, se obtuvieron opiniones favorables para seguir utilizando los inmuebles, sobre todo aquellos que albergan aulas y oficinas.

Los dos primeros ejercicios fueron realizados por la propia UACM a través de su Coordinación de Obras y Conservación y su área de Protección Civil. Ambas dependencias intrauniversitarias emitieron sendos dictámenes favorables a que se siguieran utilizando los inmuebles.

Un tercer examen –titulado Evaluación Postsístmica– fue realizado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Asimismo, se concluyó con un Dictamen Gratuito de Seguridad Estructural, emitido de manera conjunta por el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal. El director responsable de obra que realizó el peritaje fue el ingeniero Víctor Manuel Ruiz Desachy.

Finalmente, la quinta revisión a los edificios de la UACM se trató de un Dictamen de Seguridad Estructural Privado, realizado por el director responsable de obra César Urrutia Sánchez, ingeniero civil certificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi). Tal examen, que tuvo un costo de 40 mil pesos por cada plantel, fue aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del 3 de octubre de 2017.

Aboites destaca que todas las opiniones profesionales fueron favorables para seguir ocupando los inmuebles y que los señalamientos de 2020, con edificios que no se deben seguir ocupando son responsabilidad de la actual administración. Decir que las personas estuvieron en riesgo “tiene una intención alarmista que nuestra comunidad no merece”, considera.

La doctora en ciencias sociales Tania Rodríguez Mora, actual rectora de la UACM, confirma que el edificio que está en riesgo de colapso –el del Conde de Regla– se encuentra cerrado. Es un edificio histórico cuya fachada es una “joya intocada prácticamente desde el Siglo XIX”.

Una situación similar es la del Centro Cultural Casa Talavera, en el sentido de que es un edificio histórico. Pero cuenta con mejores condiciones estructurales. El riesgo en que se encuentra actualmente es “medio”.

De acuerdo con la rectora, otro inmueble con problemas “y en el que actuamos de manera inmediata” es el de Casa Libertad. Tal edificio, una antigua cárcel, “presenta riesgos importantes” por el tipo de suelo inestable, originalmente fangoso, en el que se encuentra.

Destaca el caso de la guardería que estuvo operando “por muchos años” y del que un dictamen de 2020 ordenó su “inmediata” reubicación. Acusa a las administraciones anteriores de ser “ingenuas” al pensar que con sus revisiones superficiales –que no implicaban obtener Constancias de Seguridad emitidas por las autoridades correspondientes– era suficiente.

Por ello, señala, su administración ha ordenado una evaluación integral de todos los edificios de la UACM para saber en qué condiciones estructurales se encuentran, en los casos que están en funcionamiento. Y también conocer el avance real de las obras en el caso de las inconclusas. Sin embargo, y luego de que han pasado 2 años, la UACM no tiene aún los dictámenes.

La empresa designada para tales trabajos es la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, AC, más conocida por su sigla AMDROC. De acuerdo con el contrato UAM/COC/AD/SRO/001/2021 celebrado con la Universidad para la “revisión estructural detallada de 11 (once) planteles y sedes, inmuebles que forman parte del patrimonio de la UACM”, los trabajos debieron haberse entregado el 15 de febrero pasado.

La institución no ha recibido las evaluaciones a pesar de los meses de retraso. Sin embargo, la Contraloría General no ha iniciado sanción alguna contra AMDROC, como reconoce mediante el oficio UACM/CG/145/2022 emitido como respuesta a una solicitud de información presentada el 30 de mayo pasado.

De hecho, de acuerdo con la correspondencia sostenida entre AMDROC y la Rectoría de la UACM en 2021 se observa que la asociación civil ya había empezado a trabajar en las evaluaciones antes de que se le asignara el contrato. Los intercambios epistolares ocurrieron entre el 19 de junio y el 28 de octubre. Se observa que la Universidad designó a esta asociación para que realizara los peritajes luego de asistiera a trabajos que realizó el Instituto de Seguridad para las Construcciones.

Las autoridades de la UACM argumentan que se obvió la licitación y se adjudicó de manera directa ante la premura de contar con dictámenes antes que regresaran a las actividades presenciales tanto alumnos, como profesores, investigadores, trabajadores y autoridades.

Lo cierto es que, hasta a fecha, AMDROC no ha entregado los estudios que la UACM le contrató y sigue sin conocerse el estado físico de los inmuebles en uso y el avance físico de las obras que se encuentran inconclusas.

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