Anulado el derecho a la participación política para los adolescentes y jóvenes vascos. Los constantes “operativos” y redadas que lanza en su contra el gobierno español, bajo el argumento de combatir el terrorismo y la violencia, inhiben las actividades políticas. Pero no sólo el Estado español busca evitar que las nuevas generaciones se conviertan en la “cantera del ETA”: también en México y Argentina se coarta el margen de maniobra política y de protesta juvenil

Agentes armados irrumpen en decenas de domicilios del País Vasco; se filtran por las calles de los poblados en busca de su “enemigo”: hombres y mujeres jóvenes de la izquierda abertzale (nacionalista, en euskera). Toda la noche del martes 24 de noviembre de 2009 suceden los registros y detenciones. Al concluir esa “noche de los cuchillos largos”, la Guardia Civil y la Policía española tienen un saldo extraordinario: 34 jóvenes en los calabozos bajo sospecha de pertenecer a la ilegal agrupación Segi. Casi todos los detenidos tienen trayectoria en movimientos políticos o sociales, lo que deja claro el perfil que buscaban el operativo: evidenciar que son violentos por sus acciones de kale borroka (lucha callejera). Así se impidió que los muchachos sean la “cantera del ETA (Euskadi Ta Askatasuna, País Vasco y Libertad)”, reseña el abogado vasco Julen Arzuaga.

Nafarroa, Antosain, Lakua e Iruñea fueron escenarios de registros e irrupciones en casas particulares e inmuebles públicos. Se buscaba pruebas de sus vínculos con los “terroristas”. Entretanto, saludaron el operativo el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y eludió criticarla el Partido Nacionalista Vasco.

Para los familiares de los adolescentes y jóvenes detenidos, lo ocurrido esa noche no es una excepción, salvo por el saldo de detenidos; es una práctica regular a lo largo y ancho del País Vasco. Todos esos jóvenes padecen de precariedad laboral, de vivienda, de educación, disfrute del tiempo libre y la búsqueda de espacios propios en la política. Desesperados ante la falta de opciones políticas y sociales, algunos recurren a actos abiertamente enfrentados con la legalidad, contrarios a las previsiones del sistema penal, para expresar esa desesperanza, como la kale borroka o guerrilla urbana; así como a la herri borroka o acción directa, que desembocan en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

“De eso a ser grupos de apoyo de ETA o radicales, hay un gran trecho”, subraya Julen Arzuaga, miembro de Behatokia, Observatorio Vasco de Derechos Humanos. Su investigación, con la cooperación de la organización Gurasoak, La maza y la cantera, recopila documentos, datos, vivencias y testimonios de jóvenes que han sufrido represión “precisamente por su actividad juvenil”. También muestra que el acoso policiaco que sufre la juventud vasca se silencia o tergiversa desde los grandes medios de comunicación.

Además, ahí se afirma que la juventud vasca ha sido constante protagonista de noticias y de declaraciones oficiales de los responsables policiacos o políticos, que se traducen en fallos judiciales o dictámenes de “distantes expertos”. Agrega que sobre estas mujeres y hombres jóvenes, se vierten ríos de tinta; se hacen valoraciones, se adoptan medidas, se diseñan planes y políticas, pero nunca se habla con y desde ellos.

En ese estudio se afirma que la juventud vasca se caracteriza por ser una de las más dinámicas y conscientes de, al menos, su espacio geográfico más cercano. Asimismo, detalla que el Instituto de la Juventud español, la institución responsable de proporcionar vías que atiendan las demandas de las y los jóvenes vascos, “no tiene ofertas” para ellos. Por esa razón, esos muchachos, en su primera aproximación a la política, encuentran un elemento de frustración para su caudal de ideales y anhelos, pues todos los caminos para participar en la política están cerrados.

Es por ello que no serán pocos los que vean con buenos ojos la rebeldía, la contravención de las normas que rigen ese orden, la intervención “no convencional” en política.

Arzuaga, señalado por el Estado español como disidente político, abunda: “Las distintas expresiones del activismo juvenil han sido variadas y plurales, espontáneas u organizadas; han transcurrido por los cauces ordinarios de acción política y por otros no tan convencionales.

“No hay justicia, no hay proporcionalidad, sólo eficacia policial, sólo castigo al disidente”. Están tan enfrascados en atacar con todas las armas a su alcance lo que consideran subversivo, que incluso han llegando a subvertir su propio sistema, alguna vez supuestamente democrático. No se respeta la separación de poderes ni existen garantías de derecho, ni respeto a la voluntad popular ni nada, detalla el miembro de Behatokia.

“El objetivo es retirar la protesta de la calle y, después, intentar de los añicos recomponer algo semejante a un estado de derecho”. Aún así, el joven abogado advierte: “Pero el tiempo se les acaba”. Hay ciertos movimientos que demuestran que los rebeldes siguen presentes y lo único que han conseguido es destruir la poca legitimidad que en este país podía tener la administración española.

Destruir la cantera

La práctica de detener a los jóvenes bajo cargos de “violencia política juvenil” llevó, entre 1992 y 2007, a fichar y detener a unos 1 mil 663 jóvenes vascos en operativos policiacos. De ese universo, 1 mil 383 fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado español; 207 se presentaron ante los órganos judiciales (generalmente la Audiencia Nacional) al saber que eran reclamados por éstos, porque sus nombres surgieron en las pesquisas. Otros 73 fueron incluidos posteriormente en los sumarios abiertos, describe La maza y la cantera.

Al revisar esos 1 mil 663 casos desde una perspectiva sociológica, se detectó que 23 por ciento de ellos correspondía a menores de edad; la mayoría (68 por ciento) con edades entre los 18 y 25 años, y sólo 9 por ciento superaba esa edad. La mayor parte de los jóvenes era hombre.

De 1 mil 663 sometidos a los operativos de seguridad del Estado, 145 eran ciudadanos alaveses; 492, vizcaínos; 553, guipuzcoanos; 377, navarros, y 62 pertenecían a los tres territorios de Ipar Euskal Herria (en el País Vasco francés). No se localizó la procedencia de 34 jóvenes. Con esos datos, la investigación de Julen Arzuaga constató que la represión contra ese sector de la población se extiende a lo largo y ancho de Euskal Herria.

Las instituciones de la fuerza pública que entonces realizaron el mayor número de detenciones son, en primer lugar, la Ertzaintza (policía autonómica del País Vasco español), que llevó a cabo 647 arrestos; le sigue la Policía Nacional, con 469; luego la Guardia Civil, con 151; la Policía Francesa, con 70, y la Policía Municipal, con 10. Al final, de esos 1 mil 663 jóvenes detenidos, sólo una minoría quedó en la prisión porque no se sostuvieron los cargos de terrorismo o pertenencia al ETA.

Conflicto “ultraasimétrico”

Quizás la expresión de violencia más conocida de los jóvenes vascos es la kale borroka que surgió en la década de 1990 –es un término euskérico (quema y corre) que en español significa lucha callejera con fines políticos–. Alude a los actos de violencia urbana que se producen en el País Vasco español y en el País Vasco francés por militantes o simpatizantes de la izquierda abertzale, jóvenes en su mayoría.

Así, el lanzamiento de adoquines, ladrillos, piedras o bombas molotov contra vehículos públicos y privados o la formación de barricadas en la vía pública son kale borroka. También, hacer pintas en juzgados, oficinas de correos, estaciones de tren y bancos o causar destrozos en el mobiliario urbano.

Cuando se consulta el sitio electrónico de la Guardia Civil española, se encuentra que esa institución califica a esas acciones como “terrorismo de baja intensidad”. También se aclara que esa clasificación obedece a que la kale borroka no se propone, “en principio”, causar la muerte de personas. Un apartado adicional en el sitio de esa dependencia asegura que esas acciones descendieron en el curso de los últimos años; exhibe varias gráficas para sustentar su dicho.

Para las organizaciones vascas de defensa de los derechos humanos de los jóvenes –como Gurasoak y Behatokia–, la kale borroka es una forma atípica de expresión política que deja daños materiales de menor cuantía en comparación con el daño que sienten y que les impulsa a cometerlos. El único caso en que se puede considerar que se persigue un daño deliberado en la persona se da en el marco del enfrentamiento con elementos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante los disturbios, frecuentemente generados tras movilizaciones populares.

La identidad y característica de la kale borroka son su espontaneidad y falta de estructura sólida o de organización. La cohesión de estos grupos parte de un catalizador de voluntades al enarbolarse una causa compartida por los protagonistas de estos actos y otros sectores de la población vasca.

Los artefactos incendiarios que los jóvenes utilizan son hechos con materiales de fácil obtención y de manufactura casera; debido a ello, los daños son menores, aclara La maza y la cantera.

Reitera que no se trata de dispositivos, pues carecen de componentes electrónicos o mecánicos y que tampoco son explosivos, pues no producen más que una ignición. Puntualiza el autor: “Esto los sitúa a años luz de la capacidad operativa y los métodos empleados por organizaciones armadas”. Su objetivo primario es publicitar una reivindicación.

Esa estrategia, ciertamente ilegal y contra la legislación penal vigente, dota de entidad al desafío que los jóvenes lanzan contra el poder estatal.

“Aquí se reedita el mito de David y Goliat: no es necesario que aquél derrote a éste; es suficiente que saque la honda frente al gigante. En el mensaje está implícito este gesto. Éste es un conflicto ultraasimétrico”, sostiene Arzuaga.

Silencio y mentira

Al denunciar la violencia juvenil de la kale borroka, el Estado español silencia los fuertes señalamientos de organismos internacionales contra el exceso de la fuerza pública a ese sector de la población vasca. Amnistía Internacional (AI) hizo notar que “tras nuestras denuncias (en 2007) sobre torturas por parte de las fuerzas de seguridad, hemos conseguido que se instalen videocámaras en las comisarías de Cataluña y el País Vasco”.

AI también anunció que “hemos conseguido frenar el uso de armas Taser como equipamiento de las fuerzas de seguridad en España”. Este equipo dispara dos dardos unidos a fuentes eléctricas que transmiten una corriente de hasta 400 voltios al agresor, a una distancia de 8 metros.

El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura afirma que el uso de estas armas “causa un severo dolor, que constituye una forma de tortura”. Ha recomendado a los Estados miembros que abandonen su uso. AI recordó que de junio de 2001 a marzo de 2007, solamente en Estados Unidos murieron 150 personas bajo custodia policial luego de que se usaron Tasers contra ellas.

El 9 de marzo de 2010, el relator especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, así como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas se refirieron a la situación en el País Vasco.

En esa ocasión, manifestaron al gobierno español su preocupación por su legislación antiterrorista; hicieron ver que los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo son “demasiado ambiguos” y permiten aplicar leyes antiterroristas a acciones que no constituyen actos de este tipo.

Esa expresión del organismo internacional no parece detener la práctica de detenciones secretas e, incluso, de tortura, documenta la página 184 de la investigación de Arzuaga y Gurasoak. A la letra dice: “Se ha pretendido dibujar una raya imaginaria que diferenciaría el tratamiento que se dispensa a los sospechosos de ser miembros de ETA –por ser éste más riguroso– que el que se otorga a jóvenes detenidos por actos menores de kale borroka”.

Pero esa estimación no siempre es real, afirman los autores. Tampoco es cierto que los métodos físicos que practica la Guardia Civil dejen una huella más profunda que los empleados por la policía española o la Ertzaintza: métodos más sicológicos, más sutiles, tildados de “científicos”… pero que han destrozado a decenas de jóvenes.

A Julen Arzuaga, acusado en el sumario 33/01 del gobierno español, se le prohibió el acceso a la sede del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, a instancias del Ejecutivo español. El vocero de Behatokia fue acusado, sin aportar pruebas, de “terrorista peligroso”; en consecuencia, el secretario del Comité no le permitió ingresar a las discusiones sobre los cargos de malos tratos que recibió el gobierno español entre noviembre de 2002 y marzo de 2003.

Los grupos vascos de derechos humanos tienen un registro de, al menos, 111 nuevas denuncias por tortura tan sólo en 1995. El caso FP-16 refiere que, el 16 de noviembre, Juan Luis Sánchez González ingresó en la cárcel Jaén 11, procedente de la prisión de Huelva, como castigo a un incidente que tuvo en el anterior penal.

La noche de su ingreso, Juan Luis recibió amenazas y golpes por parte de los funcionarios de la prisión jienense, que se repitieron todos los días. Ante esa situación, Juan Luis comentó a sus compañeros de prisión que no resistía el maltrato y que, si continuaba, se suicidaría. El 20 de noviembre, varios presos denunciaron el hecho ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pero no recibieron atención. El 29 de noviembre, Juan Luis apareció ahorcado en su celda. Ni un solo día cesó el maltrato.

Por esa causa, la Asociación contra la Tortura, Madres Unidas contra la Droga y la Coordinadora de Barrios de Madrid se hicieron presentes en el ejercicio de la Acción Popular. Ahí, los compañeros de prisión de Juan Luis ratificaron sus denuncias de maltrato y sus amenazas de suicidarse si éste no cesaba. A su vez, el director de la prisión, Juan Pedro Puerto Roa; el subdirector de seguridad, Antonio Salcedo Higueras, y el jefe de servicios, Francisco Campos Olivas, negaron los hechos.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción 3 de Jaén archivó la causa al estimar que se trató de un suicidio.

Estos antecedentes, remotos en el tiempo pero constantes en la práctica, permiten a Julen Arzuaga ver que, en el futuro, el Colectivo de Presos Políticos Vascos hará un debate sobre los problemas que aquejan a este pueblo. Sin embargo, señala que la gran paradoja es que, en vez de escuchar sus propuestas, las autoridades españolas, “por medio de los dóciles medios de comunicación, ocultan su existencia, los criminalizan o, como hacen cíclicamente, sacan a la palestra el fantasma de la disensión”.

Jóvenes, el enemigo

En el estudio Jóvenes: la construcción de un enemigo, la doctora Rossana Reguillo explica que la violencia de distinto orden se ha instalado en la vida cotidiana y no se puede entender sólo por análisis cuantitativos. Es necesario estudiar las formas de respuesta social a estas violencias, los dispositivos por los que se construyen y se configura lo que podría denominarse el “imaginario del miedo a los jóvenes”.

La especialista en ciencias sociales da como ejemplo de esa estrategia el caso del diario jaliciense Siglo 21, que el 1 de octubre de 1996, “contra su costumbre y su propio proyecto editorial”, publicó un reportaje sobre delincuencia juvenil: “Jóvenes, los autores de la mayoría de los delitos en la ciudad”. Reguillo señala que el texto hacia aparecer las estadísticas como un argumento irrebatible de esa tesis, pues ahí se sostenía que el 59.91 por ciento de los delitos cometidos en esa ciudad “tienen como autores a jóvenes de 18 a 28 años de edad”.

El estudio de la doctora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey consideraba que el texto del diario ofrecía un “precipitado perfil del joven delincuente” al hacer aparecer la edad, el nivel socioeconómico y la baja escolaridad como factores de violencia o de comportamientos delictivos.

También señaló que las voces de los protagonistas están representadas por dos tipos de jóvenes: el “redimido-redimible” por la religión, es decir el “bueno”, y el irredento, el “malo”, que no tiene salvación alguna pero que, siendo victimario, en el fondo es una “pobre víctima de las condiciones sociales”. Ese tratamiento mediático se asemeja al que denuncia el abogado Arzuaga en el caso de los jóvenes vascos.

Jóvenes argentinos, el otro blanco

El 7 de julio pasado, el grupo argentino Axion Negra narraba cómo se desarrolló el enfrentamiento entre jóvenes y policías en el barrio Islas Malvinas, de la ciudad argentina de Neuquén, el 4 de julio. El origen del conflicto fue la disputa entre un comerciante que discutía con un cliente al que estafó. La discusión dio lugar a que la policía se presentara y golpeara a la esposa y al hijo del consumidor. Ante este acto, los jóvenes del barrio arremetieron contra los uniformados, aunque éstos respondieron con más represión cuando se les sumaron nuevos elementos. Así comenzó una batalla que duró, aproximadamente, seis horas.

La comisión vecinal afirma que los vecinos que se opusieron a la brutalidad policiaca eran unos 300, mientras que la fuerza pública asegura que eran muchos más. Lo cierto es que conforme los jóvenes se iban enterando de que la policía disparaba contra sus vecinos y amigos, otros más se sumaban a las improvisadas barricadas que surgían en las calles.

El abuso policial en esta zona, como en los demás barrios del Oeste, es constante. Ahora el barrio Islas Malvinas lanzó un “ya basta” generalizado. Aunque hubo heridos cuando la policía se retiró y detuvo la represión. Se escuchaban gritos de felicidad: “¡Por fin se le ganó una a la policía!”. Ahora, dice Axion Negra, los medios se encargaran de desvirtuar lo que pasó y tal vez tachen a todo el barrio como terrorista. “Quién sabe. Son tan serviles y fascistas que de ellos se puede esperar cualquier cosa. Tal vez sigan machacando con el tema ‘inseguridad’ para que así los medios sigan apuntando a nuestras cabezas”.