Un conflicto entre Poderes en Perú pone en riesgo uno de los Archivos más ricos del Continente Americano, con documentos que datan del Siglo XVI. En vilo, documentos originales desde 1533 no sólo de Perú: también de Bolivia, Ecuador, Chile y toda América Latina

El Archivo General de la Nación del Perú (AGN) corre el riesgo de ser desalojado del Palacio de Justicia de Lima, debido a una demanda interpuesta en su contra por el Poder Judicial peruano con el objetivo de que desocupe las instalaciones que ambos entes utilizan.

Diversas instituciones públicas y organismos internacionales han manifestado su preocupación por el peligro que enfrenta el Archivo y exigen al Estado peruano asegurar la protección íntegra del acervo, que contiene documentos desde el siglo XVI.

El conflicto inició en 2014, cuando el Poder Judicial peruano demandó al AGN para que desocupara el Palacio de Justicia. La demanda fue declarada fundada por el propio Poder Judicial, según informa la Biblioteca Nacional del Perú en un pronunciamiento oficial.

En su defensa, el AGN ha presentado documentos históricos para demostrar que, desde su construcción, el Palacio fue destinado para ambas dependencias, por lo que son copropietarias del inmueble, explica en entrevista con Contralínea Mercedes de Vega, presidente de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y directora general del Archivo General de la Nación de México.

El Poder Judicial quiere utilizar los más de 5 mil metros cuadrados que ocupa el Archivo para extender sus oficinas, y el AGN no tiene otra sede para su traslado.

La situación es delicada, puntualiza De Vega, pues se trata de uno de los archivos más ricos del continente americano. Resguarda documentos originales desde 1533 y su acervo es tan rico como el archivo del Virreinato de la Nueva España.

No sólo es patrimonio del pueblo peruano: el Archivo resguarda la historia de América Latina. Contiene memoria de Bolivia, de Ecuador, de Chile y de tres siglos de la historia española.

Lo más grave, considera Mercedes de Vega, es que en este conflicto están enfrentados los tres poderes del Estado. El Poder Judicial se opone tanto al Poder Ejecutivo –representado por el Ministerio de Cultura que maneja al AGN–, como al Poder Legislativo –representado por el Congreso, que ha apoyado al Ministerio a través de la Comisión por el Bicentenario de la Independencia (2021)–.

Lo paradójico, continúa De Vega, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ponen en riesgo incluso su propio material de trabajo: el archivo del Poder Judicial sería desalojado junto con el AGN.

 “Esto refleja que tienen un absoluto desconocimiento de lo que representa el patrimonio documental de su país y que desconocen la función jurídico administrativa del mismo”, opina la directora del Archivo mexicano y presidenta de la ALA.

El pasado 22 de agosto, la Segunda Sala Civil de Lima retrasó la resolución sobre el caso en un plazo de 15 días, por lo que en los primeros días de septiembre se resolverá la situación legal del AGN.

Carmen Villanueva, miembro de la Academia Nacional de la Historia del Perú (ANH), explica a Contralínea que durante la presidencia de Augusto B Leguía (1919-1930) se construyó el Palacio de Justicia para albergar al AGN, al sector Justicia –que entonces estaba disperso– y al Colegio de Abogados de Lima.

Sin embargo, ninguna de las tres instituciones inscribió a tiempo la propiedad en los Registros Públicos nacionales.

En 2012 el Poder Judicial registró el bien a su nombre y en 2014 inició el proceso judicial contra las otras dos instituciones. En el caso del AGN, aún se está a la espera del veredicto. En cambio, el Colegio de Abogados de Lima fue desalojado del Palacio el 24 de abril pasado.

La ANH, en un comunicado firmado por su presidente, Margarita Guerra Martiniêre, llamó la atención sobre la importancia de los documentos alojados en el Archivo General y el riesgo que se corre de perderlos por la falta de un lugar adecuado para su traslado.

También la ALA, ante el posible desalojo, expresó en un comunicado su extrañamiento por las acciones del Poder Judicial peruano, que contravienen “el espíritu de cooperación y colaboración” en materia de patrimonio documental de la Declaración de Lima, firmada por esta organización en mayo del presente año.

El comunicado de solidaridad –firmado por las directoras de los Archivos de México, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y Colombia­– acusa las prácticas “legales, más no legítimas” del Poder Judicial.

Si el desalojo del Archivo se concreta, considera Carmen Villanueva (también representante de la ANH ante la Comisión Técnica de Archivos del AGN), será imposible trasladar esa cantidad de documentos a un nuevo lugar con el área requerida y con el orden logrado durante años de trabajo.

“Esperemos que sea la ocasión para que se haga realidad la construcción del edificio proyectado hace varios años para el AGN. Así se evitaría otro contratiempo como éste”, concluye.

Alba Olea

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