En su primer Informe especial sobre violencia política del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documenta desde ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas hasta tortura y otros crímenes de lesa humanidad cometidos en México entre las décadas de 1950 a 2016. Para el cierre del sexenio de Miguel Alemán Váldez (1946-1952), el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y el inicio de la administración de Adolfo López Mateos (1958-1964) acusa que “las primeras huellas de la violencia política de Estado en México se encuentran en casos paradigmáticos represivos de inicio de la década de 1950: en los operativos coordinados por el Estado Mayor Presidencial contra manifestantes del 1 de mayo de 1952, por ejemplo, y contra los militantes del henriquismo el 7 de julio del mismo año”.
Asimismo, cita “la creación de la Dirección Federal de Seguridad y su coordinación con los demás aparatos de seguridad en el país y su actuación sistemática contra el “enemigo político” de la década de 1950: los henriquistas primero, y luego de ellos, Rubén Jaramillo, los ferrocarrileros, los maestros, los petroleros”.
El informe –elaborado por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente– señala que, antes y después de 1968, la violencia política respondió a un mismo fin: “eliminar al ‘enemigo’ política y/o físicamente para garantizar un sistema de aparente ‘estabilidad’ y ‘democracia’, sin los riesgos de la democracia”.
Agrega que, por ello, “fueron constantes varias prácticas de la represión a lo largo de varias décadas, desde 1951 hasta al menos 1988: la clandestinidad de la violencia, la ilegalidad de las actuaciones de los cuerpos represivos, la procuración de un marco legal que diera lugar a la represión, la sistematización y modernización de dichas prácticas, y la utilización integral de las instituciones del Estado en la planificación y ejecución de estas prácticas”.
Además, identifica que los gobiernos priístas y panistas analizados usaron en la represión cuerpos policiales vestidos de civil, grupos de choque, el enterramiento o cremación de los asesinados, la muerte clandestina, la desaparición forzada y, finalmente, la desaparición de dichos hechos en los archivos para “borrar sistemáticamente las huellas del engranaje represivo”. Respecto de las masacres, apunta que “al dejar cuerpos moribundos frente a nosocomios, en las prisiones políticas, y hasta en los caminos y las carreteras, la violencia se presenta también de manera performativa y ejemplarizante”.
Para la Oficina Especial, “el fin de la mecánica represiva de antes de 1968, específicamente para los años 1950, es la misma de los años de la llamada ‘guerra sucia’: la eliminación total. Esto es que la eliminación del ‘enemigo’ sí es física, sí es política, sí es la cancelación de su posibilidad de ser ‘amenaza’; de ahí los casos paradigmáticos, como la masacre del 7 de julio de 1952, donde los cuerpos de los masacrados son desaparecidos y presuntamente cremados en el Campo Militar Número 1, o la ejecución extrajudicial e intento de desaparición de cuatro miembros del Grupo de los ‘400’ en marzo de 1954. En ambos ejemplos, el enemigo perseguido es de filiación henriquista; y no sólo se les desaparece físicamente, sino política e históricamente: se cancela el registro del partido henriquista, la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), y además se cierran todas sus oficinas en el país y se les prohíbe reunirse, bajo pena de ir a la cárcel. Como el fallido intento de asamblea que realizan el 28 de junio de 1959 en León, Guanajuato, cuando 400 delegados de todo el país acaban detenidos en el cuartel militar de la ciudad de Irapuato”.
De acuerdo con el reporte, en la década de 1950 las prácticas represivas fueron masivas y sistemáticas para infundir terror, mediante violaciones graves a derechos humanos, violencia política contra opositores y la eliminación política del enemigo. “La muerte clandestina, la desaparición forzada transitoria y la desaparición forzada es intermitente también durante los años 1950. Tomando de nuevo el ejemplo de la violencia política contra los henriquistas, en algunos casos los cuerpos agonizantes son llevados y tirados frente a los nosocomios, como sucedió con el abogado de los presos políticos Marco Antonio Lanz Galera, una acción performativa y ejemplarizante; y en otros, los cuerpos son llevados a sitios de desaparición, como el Campo Militar No.1”.
Para la CNDH, la Dirección Federal de Seguridad fue crucial para la especialización de los aparatos represivos y su vinculación institucional para llevar a cabo la violencia política, desde su conformación en 1947, pues se encargó de operar la estrategia integral del Estado para perseguir, hostigar y eliminar el peligro que significaron los disidentes políticos.
Infundir terror a la sociedad civil fue posible a través de la exposición pública de la violencia ejercida como “legítima”, explayando una violencia ejemplarizante, y el de lograr “la prevención, por medio de la intimidación, del surgimiento público o incubación privada de disidencia alguna, cualquiera que esta fuera, o sólo ni principalmente política, más aún, su objetivo estratégico, la desarticulación social”.
El informe advierte que la violencia política establecida por el Estado mexicano entre 1951 y 1988, por un lado, fue clandestina, y por otro, escenificada y ejemplarizante: “ora se apoya a los gobiernos izquierdistas internacionales, ora elimina la oposición interna; ora opera la represión desde la legalidad, ora opera con recursos ilegales, entre otros”.
La revisión que hace la Oficina Especial de ese periodo previo a la Guerra Sucia es para “ampliar nuestra memoria histórica, pero también las posibilidades de justicia, abarcando la totalidad de la extensión del periodo donde opera la violencia política ejercida por el Estado, acotando la temporalidad a partir de la práctica represiva misma, y no a partir de visiones meramente académicas o partidizadas, recuperando sobre todo las huellas dejadas por las víctimas y, a partir de ahí, rescatar las huellas del aparataje represivo”.
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