La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la sentencia del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien determinó la mañana de este jueves no vincular a proceso a una red de abogados que habrían incurrido en asociación delictuosa por supuestamente extorsionar al abogado Juan Ramón Collado Mocelo. Además, presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juzgador.

El caso se deriva de una denuncia presentada por Collado Mocelo –actualmente preso en el Reclusorio Norte de la capital– en contra de los abogados Juan Araujo Riva Palacio, Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, y del asesor financiero David Gómez Arnau, a quienes señala por los presuntos delitos de tráfico de influencias, extorsión y asociación delictuosa.

Desde ayer y durante 23 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Sur estuvieron presentes los imputados con sus representantes legales, así como el personal de la FGR, mientras que Collado Mocelo se enlazó –vía remota, desde el Reclusorio Norte–, en calidad de víctima. 

Para no vincular a proceso a la red de abogados, Delgadillo Padierna argumentó que hubo violaciones graves al debido proceso y a la presunción de inocencia de los cuatro denunciados, así como de dos terceros mencionados por la Fiscalía durante la comparecencia: el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

De estos últimos, el juez indicó que la FGR les “imputó ficticiamente” conductas ilícitas. Por ello, Delgadillo Padierna determinó la no vinculación a proceso y, además, que no se podrá volver a judicializar este asunto. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no sólo apelará esta decisión, sino que además de que promoverá la queja en contra del juzgador.

Relatoría de hechos

En la larga comparecencia, Manuel Granados Quiroz, representante de la FGR, indicó que la dependencia mantenía abierta la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDCSPCAJ-CDMX/0001645/2021, en la que se documenta que los cuatro imputados formaron una asociación delictuosa, de noviembre de 2018 a julio de 2021, con el entonces consejero Scherer Ibarra, porque querían apoderarse de la empresa Libertad Servicios Financieros (conocida como Caja Libertad), operada por Collado Mocelo, para después venderla a bajo costo a Banco Afirme, de Julio César Villarreal Guajardo.

En la audiencia el Ministerio Público indicó que Juan Antonio Araujo y César Omar González Hernández se acercaron a Collado Mocelo previo a su detención, para ofrecerle “su apoyo”, pues era investigado por las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Los ahora imputados presumían de sus vínculos con Scherer Ibarra y argumentaban que ellos tendrían el control del sistema judicial. 

Tras reunirse en dos ocasiones con los abogados y luego de una publicación en el portal del periódico El Financiero, donde se indicaba que el SAT hacía una revisión a Collado Mocelo, este último accedió a reunirse nuevamente con ellos en el hotel Hyatt en Polanco.

Fue entonces que César Omar González expuso que el problema era con una cuenta bancaria y que gestionarían una reunión con la Unidad de Inteligencia Financiera, entonces encabezada por Santiago Nieto. Resuelta la situación, con la presentación de un documento que lo exoneraba de cualquier indagatoria y en el que se negaba que estuviera en la lista de investigados por la UIF, González Hernández pidió 20 millones de pesos a Collado por la gestión que llevaron a cabo al más alto nivel, se mencionó en el (CJPF).

Peticiones millonarias

Collado, indica la relatoría de hechos, supuestamente no estuvo de acuerdo con el monto, pero bajo la amenaza de que podría haber consecuencias con su “amigo” (en referencia a Julio Scherer) decidió entregar 10 millones de pesos en efectivo a César Omar González, el 18 de junio de 2019 en la terraza del hotel Four Seasons. Como testigo, su hijo Juan Ramón Collado Dot. 

El 9 de julio, César Omar González informó a Collado que había una investigación federal relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Después de su reunión con el abogado y una de trabajo en las Lomas de Chapultepec, Juan Collado fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República.

Ya recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y sin ser sus abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio y César Omar González Hernández, lo visitaron para pedirle 1 millón 500 mil dólares con la promesa de que le brindarían su apoyo para conseguir su libertad. 

El 14 de febrero de 2020, González Hernández mantuvo comunicación con la hermana del empresario, Julia Collado, a quien le indicaron que se celebraría un contrato por la prestación de sus servicios y que el pago saldría a nombre del abogado Isaac Pérez Rodríguez. 

Los recursos, señala la relatoría de la FGR, fueron entregados fuera del país, específicamente en Madrid, España, por Juan Ramón Collado Dot y su sobrino José Ricardo Merino Collado, el 20 de febrero de 2020, por 1 millón 381 mil 851 dólares en el Hotel Wellington.

En una de las visitas al Reclusorio Norte, los abogados plantearon a Collado que la única salida segura para concluir su proceso penal era la venta a David Gómez Arnau todas las acciones de su empresa Libertad Servicios Financieros SA de CV, SFP, conocida como Caja Libertad.

En la relatoría que se llevó en esta causa, también se indicó que Santiago Nieto se reunió con Juan Collado y éste le expuso la problemática que tenía respecto a una investigación de sus cuentas. Días después, los abogados imputados le entregaron un documento de la UIF donde se indicaba que no estaba en la lista de personas con cuentas bancarias bloqueadas ni había investigación en su contra.

Sobre los hechos mencionados, en la audiencia inicial se presentaron 75 datos de prueba que involucran cheques, mensajería telefónica, demostración de vuelos y declaraciones de testigos, entre otros.

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