Las normas y programas gubernamentales de acción ante desastres naturales no respetan los criterios de igualdad y no discriminación recogidos en la Constitución Mexicana y tratados internacionales, señala una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

La discriminación por pertenencia étnica, género, discapacidad, edad, estatus migratorio y condición de pobreza impera en la atención ante catástrofes.

De acuerdo con el cuaderno de investigación Reconstruir con inclusión. Desastres naturales y no discriminación, la exclusión es histórica y deriva en omisiones en la prevención, atención ante la catástrofe y proceso de reconstrucción.

En el caso de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 –cuya reconstrucción fue valuada en alrededor de 37 mil millones de pesos y donde 471 personas perdieron la vida–, el Senado recuperó datos sobre la atención asimétrica que recibieron municipios pobres de Guerrero, Puebla, Chiapas y Oaxaca, así como la falta de estadísticas oficiales sobre la identidad de las víctimas.

La investigación reveló que la discriminación estructural afecta a las mujeres, que representan más de la mitad de la población; a los indígenas, que constituyen el 21 por ciento de los mexicanos; a los adultos mayores, que representan una décima parte de la sociedad, y a uno de cada 15 mexicanos, que tiene alguna discapacidad.

Ante la situación de marginación, el Instituto Belisario Domínguez llamó la atención sobre el derecho a la vivienda adecuada, que debe contar con seguridad, iluminación, ventilación e infraestructura básicas y a costo razonable. Por lo que el Estado debe asegurar que los gastos asociados a la vivienda sean proporcionales a los ingresos de las personas, así como el acceso a recursos naturales, agua potable, energía, calefacción, alumbrado, servicios de emergencia, instalaciones sanitarias, almacenamiento, eliminación de desechos y drenaje.

Según el informe, para los pueblos indígenas y afrodescendientes de México la falta de recursos dificulta la evacuación. La ausencia de intérpretes lingüísticos en hospitales y albergues obstaculiza la atención y las dificultades para acreditar la propiedad de inmuebles impiden el acceso a apoyos para la reconstrucción.

Durante el sismo del 19 de septiembre pasado, en la capital del país fallecieron 50 por ciento más mujeres que hombres. El Senado consideró que las mujeres son más vulnerables dados los esquemas de división del trabajo, la falta de acceso a la propiedad y las necesidades de atención médica especiales, como la atención obstétrica.

Las personas con discapacidad tienen problemas para evacuar por ascensores o escaleras, no pueden atender señales de emergencia e instrucciones de evacuación y se ven afectados por cortes de electricidad. Las acciones de atención suelen ignorar sus necesidades específicas, por ejemplo, durante los sismos de 2017, las dependencias federales y televisoras nacionales no hicieron accesible la información en Lengua de Señas Mexicana.

Por su parte, los adultos mayores tienden a recibir menos atención que los jóvenes, tienen dificultades para realizar trámites complejos, carecen de recursos para recuperar su nivel de vida y le son negados créditos por no tener ingresos suficientes como producto de su jubilación.

Los migrantes sufren barreras lingüísticas y evitan pedir auxilio para evadir a las autoridades ante el clima de estigmatización y criminalización imperante, además, suelen estar excluidos de programas de asistencia oficial.

Por último, los mexicanos pobres sufren la negación sistemática de sus derechos y son marginados en los ámbitos público y privado. Son propensos a quedar en situación de calle pues habitan inmuebles riesgosos y carecen de recursos para enfrentar la catástrofe. Las zonas más marginadas, con caminos y casas no censadas, están fuera de los planes de atención y cuentan con menor acceso a la información.

La atención a catástrofes naturales debe hacerse con apego a tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y convenciones como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Alba Olea