Los aseguramientos de madera por tala ilegal, el despliegue de brigadas para combatir incendios forestales y la jornada nacional de reforestación anunciados esta semana delinean la estrategia con la que México busca contener la pérdida de cobertura forestal y restaurar ecosistemas degradados frente a una creciente presión ambiental
Un total de 1 mil 451.3 metros cúbicos de madera y materias primas forestales fueron asegurados entre el 3 y 6 de agosto en operativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) contra la tala ilegal y la comercialización irregular de productos forestales en distintas entidades del país. A ello se sumó el aseguramiento de 118 mil 818 piezas de madera aserrada, más de 2 mil trozas y rollos de madera, maquinaria, vehículos y documentación forestal vinculados con establecimientos que presuntamente operaban al margen de la legislación ambiental.
Los operativos se desplegaron en Estado de México, Chiapas, Campeche e Hidalgo, entidades donde la pérdida de cobertura forestal continúa como uno de los principales retos ambientales. De acuerdo con la actualización 2024 del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), México perdió en promedio 203 mil 552 hectáreas de cobertura forestal cada año entre 2001 y 2024. En ese lapso, la superficie forestal nacional pasó de 101 millones 269 mil 170 hectáreas a 96 millones 383 mil 925, una disminución cercana a 4.9 millones de hectáreas.
Los registros del propio sistema muestran que las entidades donde la Profepa concentró sus operativos también enfrentan una presión constante sobre sus bosques. Entre 2001 y 2018, Campeche perdió 429 mil 689 hectáreas de cobertura forestal y Chiapas otras 327 mil 753 hectáreas. En la medición correspondiente a 2023, Campeche registró 45 mil 499 hectáreas deforestadas, mientras que Chiapas contabilizó 10 mil 694 hectáreas. Aunque las causas de la deforestación son diversas, los datos permiten ubicar regiones donde la degradación forestal ha persistido durante más de dos décadas.
La pérdida de cobertura forestal no ocurre únicamente cuando un árbol es derribado. También comienza cuando la madera extraída de manera ilegal encuentra dónde almacenarse, transformarse y venderse. Por ello, buena parte de los operativos recientes no se concentró únicamente en los bosques, sino en los Centros de Almacenamiento y Transformación de Materias Primas Forestales, considerados uno de los principales puntos de control dentro de la cadena forestal.
El 5 de agosto, la Profepa informó la clausura temporal de cuatro centros de transformación y almacenamiento de materias primas forestales en la Sierra de las Cruces, dentro del Bosque de Agua, además del aseguramiento de maquinaria, vehículos, documentación forestal y diversos productos maderables. El operativo formó parte del Tercer Multioperativo Forestal Nacional, orientado a verificar el cumplimiento de la legislación ambiental en la cadena de aprovechamiento forestal.
En marzo de 2025 Contralínea recorrió Jilotzingo, también dentro del Bosque de Agua, donde un incendio forestal consumió más de 750 hectáreas de bosque comunal. Los habitantes entrevistados compartían una preocupación que hoy sigue vigente: mientras el fuego avanzó en unos cuantos días, la recuperación del bosque podría extenderse durante alrededor de dos décadas
Además, especialistas –como el doctor en recursos naturales, Víctor Ávila Akerberg– consultados para ese reportaje advertía que la tala clandestina agrava el riesgo al dejar árboles muertos y residuos maderables que incrementan la carga de combustible dentro del bosque; incluso señalaba que algunos incendios llegan a ser provocados para encubrir actividades relacionadas con la extracción ilegal de madera.
El 4 de agosto, la Profepa reportó el aseguramiento de 705.4 metros cúbicos de materias primas y productos forestales del género Pinus en dos establecimientos de Comitán de Domínguez, Chiapas, donde detectó irregularidades relacionadas con la acreditación del origen legal de la madera, la ausencia de registros obligatorios sobre entradas y salidas de producto y, en uno de los casos, la operación del centro sin autorización.
Un día antes, el 3 de agosto, inspectores federales suspendieron actividades en dos centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en Campeche, donde además aseguraron madera y carbón vegetal al detectar el aprovechamiento de guayacán, especie catalogada como amenazada por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, para la producción de carbón.
La secuencia de operativos concluyó el 6 de agosto con la clausura de obras y actividades en Hidalgo, luego de que la Profepa detectó la remoción de vegetación forestal para la extracción de material pétreo y la construcción de infraestructura sin las autorizaciones federales correspondientes, incluso dentro y en la zona de amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
Sin embargo, frenar la tala ilegal representa solo una parte de la estrategia para conservar los bosques. Incluso cuando esa presión disminuye con acciones de aseguramiento y desmantelamiento, los ecosistemas todavía enfrentan otro riesgo que puede destruir en cuestión de días lo que tarda décadas en recuperarse: los incendios forestales.
Enfrentar el fuego
Hasta el 31 de julio de 2026, México había registrado 5 mil 197 incendios forestales que afectaron 412 mil 392 hectáreas de vegetación y movilizaron a 190 mil 189 combatientes en todo el país, de acuerdo con el Concentrado Nacional de Incendios Forestales de la Conafor.
Las zonas con mayor concentración de incendios se ubicaron en el occidente, centro y sur del territorio nacional, mientras que la mayor superficie afectada se concentró principalmente en entidades como Guerrero, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua y Michoacán.
Aunque una parte importante de las causas permanece bajo investigación, los registros oficiales ubican a las actividades agrícolas y a los incendios provocados de manera intencional entre las principales causas identificadas, muy por encima de los incendios originados por fenómenos naturales. Esta tendencia coincide con la advertencia de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE-ONU), que estima que alrededor de nueve de cada diez incendios forestales tienen origen en actividades humanas, ya sea por negligencia o de manera deliberada.
El 6 de agosto, mientras México mantenía activos sus propios trabajos de prevención y combate, el gobierno federal desplegó un tercer contingente de 102 especialistas para apoyar las labores de control y liquidación de incendios forestales en Columbia Británica, Canadá. Ese grupo se sumó a los enviados el 28 de julio y el 3 de agosto, en el marco del memorándum de cooperación que ambos países mantienen para el intercambio de recursos especializados en el manejo del fuego.
La decisión respondió a la gravedad de la temporada canadiense. Al momento del despliegue permanecían 670 incendios forestales activos y el país se encontraba en Nivel de Preparación Nacional 5, el nivel máximo de respuesta operativa, lo que obligó al Canadian Interagency Forest Fire Centre a solicitar apoyo internacional.
La cooperación entre ambos países ocurre en un contexto que preocupa cada vez más a los organismos internacionales. En julio, la CEPE-ONU advirtió que “cada verano nos recuerda que los incendios forestales ya no son un evento excepcional, sino una consecuencia cada vez más previsible del calentamiento global”, señaló Paola Deda, directora de la División de Medio Ambiente y Bosques del organismo.
La funcionaria sostuvo que las labores de emergencia seguirán siendo indispensables, pero advirtió que la mayor oportunidad para reducir estos desastres se encuentra en la prevención, el manejo sostenible de los bosques y la construcción de comunidades más resilientes.
Además, el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y las olas de calor han extendido las temporadas de incendios y han favorecido siniestros de mayor intensidad. De acuerdo con la CEPE-ONU, los incendios forestales liberaron cerca de 1 mil 800 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2021, mientras que entre 2001 y 2023 las emisiones mundiales asociadas a estos eventos crecieron alrededor de 60 por ciento, lo que alimenta un ciclo en el que el calentamiento favorece los incendios y éstos, a su vez, intensifican el cambio climático.
En ese contexto, la experiencia que adquieren los brigadistas mexicanos en Canadá tiene un propósito que trasciende la cooperación internacional. Cuando el 3 de agosto fue enviado el segundo contingente, la Conafor informó que parte del personal participaría en ejercicios de entrenamiento en tiempo real sobre manejo de incidentes, con el objetivo de incorporar mecanismos de coordinación utilizados por las autoridades canadienses y fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios de gran magnitud en México.
La labor de quienes combaten el fuego también fue reconocida durante las actividades del Mes del Bosque, en las que la Profepa destacó el trabajo de los combatientes forestales como una pieza fundamental para proteger ecosistemas que enfrentan temporadas cada vez más largas e intensas de incendios.
Pero apagar un incendio no significa que el bosque haya terminado de recuperarse. Cuando las llamas se extinguen comienza un proceso mucho más largo: restaurar el suelo, favorecer la regeneración de la vegetación y recuperar el equilibrio ecológico de ecosistemas que pueden tardar décadas en volver a ser lo que eran antes del fuego.
Restaurar el bosque
El 5 de agosto, el gobierno de México anunció la realización de la Jornada Nacional de Reforestación, prevista para el 9 de agosto, con la meta de plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas en 32 mil hectáreas distribuidas en las 32 entidades del país. La jornada contempla la participación de 235 mil personas e incorporará el uso de drones para dispersar semillas peletizadas en zonas de difícil acceso.
Durante la conferencia matutina de ese 5 de agosto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, recordó que alrededor del 70 por ciento del territorio nacional mantiene cobertura forestal, ya sea en forma de bosques, selvas, manglares o matorrales, donde se concentra aproximadamente 12 por ciento de la biodiversidad del planeta. También destacó que seis de cada diez ecosistemas forestales se encuentran en terrenos ejidales y comunales, por lo que, dijo, la participación de las comunidades resulta indispensable para cualquier política de restauración.
En esa misma presentación, Bárcena advirtió que cada año México pierde alrededor de 204 mil hectáreas por procesos de deforestación, principalmente asociados al cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias y desarrollos urbanos. Añadió que, en promedio, 846 mil hectáreas resultan afectadas por incendios forestales y otras 62 mil hectáreas sufren daños por plagas y enfermedades.
Identificó además a la tala ilegal como uno de los principales desafíos para la conservación de los bosques e informó que distintas dependencias federales mantienen una estrategia conjunta, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para combatir esa actividad.
La titular de la Semarnat subrayó que restaurar un bosque implica mucho más que plantar árboles. Explicó que la recuperación de los ecosistemas contribuye a restablecer el ciclo del agua, mejorar la calidad de los suelos, fortalecer la economía forestal, ampliar la infraestructura verde en las ciudades, impulsar actividades productivas sustentables y reducir los efectos del cambio climático. “Todos queremos árboles en las ciudades; es urgente”.
También el 5 de agosto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López, informó que la Jornada Nacional de Reforestación se llevará a cabo en 621 municipios y 632 núcleos agrarios. Las acciones abarcarán bosques templados, bosques mesófilos, selvas húmedas y secas, matorrales, pastizales, manglares, 37 Áreas Naturales Protegidas y Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.
Durante la misma presentación, la funcionaria adelantó que el gobierno federal se fijó la meta de reforestar y conservar 1 mil 500 millones de árboles y plantas hacia 2030 como parte de la estrategia nacional de restauración ambiental.
A esta acción se suma de un día antes, el 4 de agosto, donde la Semarnat presentó el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2026-2030, instrumento que orientará la conservación de 232 Áreas Naturales Protegidas federales y 623 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que en conjunto abarcan 99 millones de hectáreas del territorio nacional.
Mientras la degradación de un bosque puede avanzar en cuestión de horas o de días, su recuperación suele medirse en años e incluso en décadas. En esa distancia entre el tiempo que tarda en destruirse un ecosistema y el que requiere para recuperarse se entiende la importancia de combatir la tala ilegal, enfrentar los incendios forestales y restaurar los bosques.
