Al menos 23 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de febrero a mayo de 2018, según documenta la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el organismo, existen fuertes indicios de que estos crímenes fueron cometidos por una fuerza federal de seguridad.

Se trata de 21 hombres y dos mujeres desaparecidos, entre los que hay al menos cinco menores de edad, tres de ellos de sólo 14 años. Los desaparecidos habrían sido detenidos de forma arbitraria por miembros uniformados de una fuerza de seguridad federal mientras viajaban por carreteras locales.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó que “en el caso de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por funcionarios públicos, es aún más urgente que el Estado actúe para demostrar que no tolera la comisión de tales graves violaciones”. Así mismo, señaló su preocupación por la ola de desapariciones desatada a meses de la aprobación de la Ley General de Desapariciones, e instó a verificar su pertinencia y utilidad para la aplicación de justicia.

Al Hussein llamó a las autoridades mexicanas a tomar medidas respecto a las desapariciones forzadas en el estado, y a cumplir su obligación de buscar de forma efectiva, identificar a los responsables y garantizar justicia, así como proveer atención a los familiares de las víctimas y otorgar protección a testigos y defensores.

Las familias de las víctimas han encontrado al menos seis cuerpos durante las búsquedas realizadas de forma independiente al Estado, dado que las autoridades mexicanas no avanzan en la localización de los desparecidos y en la investigación de los sucesos a pesar de la cantidad de evidencias existente.

Según organizaciones locales, el número de desparecidos en el periodo señalado asciende a 40 víctimas. También han sido reportados vehículos quemados y baleados localizados en carreteras locales.

Alba Olea