Revista Fortuna. Por una situación de extrema urgencia, el gobierno federal pidió a la compañía Novag que “abriera el camino” para importar medicamentos oncológicos de Argentina y que aceptara el contrato con el sector público para adquirir estos fármacos.

Sin embargo, el pasado 4 de octubre la empresa mexicana fue asaltada en sus bodegas justo cuando comenzaría a distribuir los fármacos importados para el tratamiento de niños con cáncer. La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya había sufrido robos de medicamentos en el inicio de la administración luego de que no pudo adquirir fármacos al laboratorio PISA por el cierre de sus instalaciones por disposición de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Los accionistas de Novag, de acuerdo con información del sector farmacéutico, no registrarían utilidades en la operación pero buscaban apoyar al gobierno federal en la adquisición de los fármacos contra el cáncer luego de que la empresa PISA dejó de producirlos por el incumplimiento de varias normas sanitarias, de acuerdo con la Cofepris.

A Novag, una empresa mexicana cuya reputación y antecedentes en el sector farmacéutico se corroboró antes de “invitarla” a mediar en la importación de los medicamentos, se le solicitó apoyo para realizar la importación, sacar los medicamentos del despacho aduanero, analizar la calidad de éstos y reportar a la Cofepris las condiciones de los fármacos.

Novag tuvo que encargarse del cumplimiento de las normas de la regulación sanitaria.

La adquisición de medicamentos a través de importaciones involucró, además, la visita del personal de  la Cofepris a los laboratorios que fabrican los medicamentos en Argentina.

Después de liberar los trámites aduanales, Novag también aceptó la firma de un contrato para entregar los medicamentos a cada uno de los hospitales que cuentan con claves de adquisición.

El acuerdo también incluye la facturación al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. A través de este instituto que se creó para sustituir las operaciones del Seguro Popular, Novag recibió las órdenes de entrega para cada uno de los hospitales.

En un comunicado, la empresa precisó que después del robo de más de 30 mil unidades, en sus  almacenes había 86 mil 358 piezas de los cuales 64 mil 76 ya están liberadas por Cofepris para su entrega a los hospitales. Además, esperaba  un embarque de 12 mil 358 piezas de fármacos.

Novag fue seleccionada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, el INSABI y la Secretaría de Salud para realizar esta adquisición porque en su expediente como proveedor del sector público no registraba antecedentes de irregularidades o inhabilitaciones.

Éste robo de medicamentos no es el primero que enfrenta el gobierno federal. Durante la gestión de Raquel Buenrostro, la extitular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo que solicitar el apoyo del Ejército para resguardar la entrega de medicamentos.

Después, en la “última milla”, en la entrega de medicamentos a cada hospital, la Oficialía Mayor volvió a enfrentar problemas porque bajo el esquema de compras consolidades y del Seguro Popular, el servicio de transporte de fármacos también se concentró en DIMESA, una empresa que también controla PISA, la compañía que es investigada por la Secretaría de la Función Pública y cuyas instalaciones recibieron observaciones por parte de la Cofepris por incumplimiento de varias normas.  PISA, por lo tanto, no se mantuvo como proveedor del gobierno federal para las claves de fármacos oncológicos. PISA, de hecho, era el principal fabricante de fármacos oncológicos en el país.

De acuerdo con Arturo Amador, gerente del área de Comunicación Externa de PISA, el laboratorio con sede en Guadalajara, no era el único que concentraba la distribución de medicamentos para el sector público del país. También tenían contratos, explicó, empresas como Maypo, Grufesa, entre otras. “Al menos 10 distribucidoras participaron en las compras consolidadas para el servicio de suministro y distribución de medicamentos”, dijo Amador.

También pidió precisar que la planta de PISA en la que se elaboraran los medicamentos oncológicos no está cerrada. Lo que sucede, indicó, es que sólo se “suspendieron las líneas de producción de medicamentos oncológicos”.

Bajo el sistema del Seguro Popular, PISA se ubicó como uno de los principales proveedores del gobierno en el segmento de fármaco. Las investigaciones de mercado incluían el precio de distribución, la frecuencia y el volumen de entregas para cada hospital.

El gobierno federal decidió terminar con este esquema y no renovar los contratos que controlaba DIMESA que ofrecía al Seguro Popular los mejores términos porque prácticamente adaptó sus estructuras para este tipo de licitaciones. DIMESA construyó, incluso, una red de farmacias cuya ubicación estratégica le permitía abastecer prácticamente en tiempo real. PISA también logró la concesión de las centrales de mezcla para los medicamentos oncológicos y mezclas parentales.

Durante 2019, al modificar los términos de las licitaciones para compras consolidadas y al terminar con los márgenes de los contratos que controlaba PISA y DIMESA así como el  de un grupo de laboratorios, decidieron comenzar con las presiones ante el gobierno y no participar en la presentación de posturas para medicamentos clave, como los oncológicos.

Fue así como en julio de 2019, cuando se publicó el fallo de esta fase de las compras consolidadas se dio a conocer un gran número de claves desiertas. Fue por ello que se llevaron a cabo eventos de presentación de cotizaciones para ir asignando directamente gran parte de las partidas y que se contara con el abasto para el segundo semestre de 2019.

Así comenzó la presión del sector farmacéutico argumentando que realizan inversiones para el mantenimiento de sus plantas y que el sector público, ante el cambio de las condiciones de compra, retrasó en varias ocasiones las licitaciones, lo que les generó pérdidas.

Pero el problema del transporte y la entrega seguía presente.  Para entonces, la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, decidió licitar de manera independiente la entrega y distribución de medicamentos. Se dividió al país en siete zonas estratégicas y se seleccionó a algunos laboratorios que aceptaron entregar sus medicamentos a hospitales del IMSS, del ISSSTE y del sector salud. Incluso, durante las primeras importaciones de medicamentos, funcionarios del sector salud pedían que DIMESA entregara los fármacos adquiridos en el extranjero, según consta en documentos en poder de revista Fortuna.

Las entregas tenían que realizarse de manera mensual, en algunos casos semanalmente porque en los almacenes de los hospitales no se cuenta con vigilancia para grandes inventarios. Los robos de medicamentos en los propios hospitales es un grave problema.

Después, el personal de los hospitales ante el caos que se generó en la entrega y distribución comenzó a negarse a recibir los medicamentos a destiempo o con la vigilancia adecuada. Conservar la cadena de frío para los medicamentos oncológicos también se transformó en otro desafío.

Empresas de mensajería como Estafeta recibieron la invitación a participar en esta distribución tan especializada. Después de unos meses, la compañía desistió de ser proveedor del gobierno en este servicio.