La Caravana #ToxiTourMéxico –conformada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y una red de observadores internacionales– hizo un recorrido del 2 al 11 de diciembre en las “peores zonas de contaminación” del país, donde además de la devastación ambiental hay explotación laboral.
Como resultado del trayecto de 1 mil kilómetros, el #ToxiTourMéxico denunció la violación de derechos humanos y visibilizó la devastación ambiental causada por empresas mexicanas y trasnacionales en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
La Caravana detectó en su recorrido alrededor de 1 mil sustancias tóxicas en el agua, suelo y aire que afectan a más de 3 millones de personas en El Salto, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Apaxco y Atitalaquia, Hidalgo; el Estado de México; el Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla; y el Istmo Norte, Coatzacoalcos, Veracruz.
Representantes de las comunidades afectadas expusieron sus experiencias, problemáticas, abusos y alternativas para detener el genocidio ambiental, la destrucción de la identidad y del tejido social.
La Caravana tuvo por objetivo que las zonas afectadas sean declaradas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en emergencia ambiental, debido a que los lugares son inhabitables y sus pobladores están sufriendo problemas de salud, como cáncer de hígado, riñón, piel y estómago, leucemia, mutaciones genéticas, abortos espontáneos, insuficiencia renal, fluorosis dental y esquelética.
Mónica Vargas –del Trasnational Institute– precisó que hay “un compromiso muy fuerte con las comunidades afectadas de denunciar lo que hemos visto, de hacer el seguimiento y de poner la presión sobre las empresas que son responsables de esto, así como los países europeos y Estados Unidos que facilitan la entrada a estas empresas y no les exigen que no violen los derechos humanos”.
Patricia Torres Ray, senadora de Estados Unidos, destacó que el conflicto de migración inicia con la irresponsabilidad de incumplir los acuerdos bilaterales establecidos en el TLCAN, con la falta de vigilancia y de denuncias sobre los abusos.
La legisladora subrayó que “muchos de nuestros hermanos mexicanos están perdiendo la vida en sus propias regiones, expuestos a toxicidades y a enfrentar situaciones de trabajo denigrantes que no les ayuda a vivir y a continuar en su país; por eso, están dispuestos a cruzar la frontera”.
Por su parte, Mikel Otero –parlamentario del país Vasco– anunció que es urgente que las compañías internacionales respeten los estándares ambientales y den prioridad a la responsabilidad social sobre sus privilegios mercantiles.
Para el doctor Andrés Barreda, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, no se puede seguir negando a la población el derecho a la salud, a la información y a remedios dignos ante la extrema violencia, deterioro y desfiguración de las leyes mexicanas. También, es necesario que las empresas trasnacionales en México cumplan con la normatividad que cumplen en sus países mencionó.
Nayeli Escalona
