Eso que denominaron “tregua”, promovida por Donald Trump –independientemente de su alcance táctico o su densidad diplomática–, no impide ni tiene la capacidad de impedir la dinámica profunda de la guerra cognitiva, porque esta no depende de ceses al fuego territoriales ni de acuerdos militares convencionales: su campo de batalla es la subjetividad social, su munición son los signos, y su objetivo estratégico es la colonización del sentido.
Entendemos que la guerra cognitiva no tiene límites debido a que no se guía por los ritmos perceptibles del conflicto bélico, sino por la persistencia estructural de la contienda ideología. Aunque una tregua militar podría conllevar la suspensión temporal de bombardeos o incursiones, la ofensiva mediática –que comprende operaciones de desinformación, manipulación semántica, saturación simbólica y fabricación de consensos– se intensifica precisamente en esos intervalos, donde la apariencia de “paz” abre las condiciones idóneas para la reconfiguración del relato predominante.
En ese sentido, la tregua no es un paréntesis, sino un dispositivo. Funciona como signo político que reorganiza percepciones, reordena jerarquías de credibilidad y legitima actores. Bajo la lógica de la guerra cognitiva, todo anuncio de distensión puede convertirse en una operación de reposicionamiento discursivo: quién aparece como pacificador, quién como obstáculo, quién como amenaza latente. No se trata de hechos aislados, sino de una arquitectura semiótica donde cada gesto diplomático es simultáneamente un mensaje dirigido a múltiples audiencias.
En este punto se encuentra una contradicción esencial: mientras se declara la suspensión de hostilidades materiales, se intensifica la generación de narrativas beligerantes. La tregua, lejos de neutralizar la confrontación, la desplaza al terreno simbólico, donde los costos son menos visibles, pero no menos decisivos. La guerra cognitiva no destruye infraestructuras físicas, pero desarticula tejidos sociales, erosiona la capacidad crítica y naturaliza relaciones de dominación.
Esta continuidad ofensiva se sostiene en aparatos mediáticos transnacionales que operan como verdaderas fábricas de sentido. No se limitan a informar, construyen realidades. Seleccionan qué acontecimientos existen públicamente, cómo deben interpretarse y qué emociones deben suscitar. En ese marco, la tregua puede ser narrada como victoria, como concesión o como engaño, según el posicionamiento ideológico de quien controla los dispositivos de emisión.
Desde el punto de vista materialista de la semiosis, la guerra cognitiva no se considera un fenómeno secundario, sino que es un elemento constitutivo del modo de producción actual. La acumulación capitalista no solo requiere plusvalor económico, sino también plusvalor simbólico, adhesión, consentimiento, obediencia internalizada. La tregua, entonces, puede ser funcional a la reproducción de ese orden, al ofrecer una ilusión de racionalidad y control en medio de una estructura que sigue generando violencia sistémica.
No debe subestimarse el carácter disciplinador de estas operaciones. La tregua, presentada como gesto magnánimo, puede actuar como mecanismo de neutralización de la crítica. Quien cuestiona su autenticidad corre el riesgo de ser etiquetado como extremista o desestabilizador. Así, la guerra cognitiva no solo produce relatos, sino que delimita los márgenes de lo decible.
Afirmar que la tregua no incluye la guerra cognitiva no es una denuncia coyuntural, sino una constatación estructural. Mientras exista una lucha por la hegemonía del sentido, mientras la producción simbólica esté concentrada en manos de poderes que responden a intereses de clase, la ofensiva mediática no se detendrá, sino, más bien, se sofisticará.
Porque la verdadera interrupción de la guerra cognitiva no puede decretarse desde arriba, ni firmarse en acuerdos bilaterales. Exige una transformación radical de las condiciones de producción del sentido, una democratización real de los medios y una praxis crítica capaz de disputar la semiosis dominante. Sin ello, toda tregua será apenas una pausa en el ruido de las armas, pero no en el murmullo persistente de la dominación.
Una “tregua” no tiene precio fijo porque no es una mercancía homogénea, sino una relación de fuerzas en movimiento. Aun así, se puede construir una aproximación hipotética multidimensional que permita dimensionar órdenes de magnitud. Un gasto militar directo (lo que se deja de gastar o se redistribuye) puede fluctuar entre 100 y 500 millones de dólares diarios, en términos de combustible, logística, municiones, despliegues, inteligencia. Una tregua de 30 días implicaría, en apariencia, una “pausa” de entre 3 mil y 15 mil millones de dólares.
Sin embargo, esto es engañoso: gran parte de ese gasto no desaparece, se reprograma (mantenimiento, rearme, reposicionamiento). También hay un costo de reposicionamiento estratégico (lo que se invierte durante la tregua). Las treguas suelen representar periodos de reestructuración intensiva: entrenamiento, reabastecimiento, guerra electrónica, ciberoperaciones. Ese costo puede representar entre un 30 y un 70 por ciento del gasto bélico activo, es decir, miles de millones adicionales. La tregua no abarata necesariamente la guerra: la optimiza. Eso tiene impacto en mercados globales (energía, finanzas, seguros). Una tregua impulsada o capitalizada políticamente –como las asociadas a figuras como Donald Trump– puede mover mercados en cuestión de horas. Variaciones en petróleo y gas: 1 a 5 por ciento diario, lo que implica decenas de miles de millones en capitalización; reducción temporal de primas de riesgo, y beneficios financieros concentrados en grandes fondos.
Y la tregua puede incluso incrementar la inversión. Campañas mediáticas, operaciones psicológicas, manipulación de redes, producción narrativa. Grandes potencias destinan a este frente cifras que, indirectamente, pueden estimarse en cientos de millones o miles de millones de dólares anuales. Durante una tregua, ese gasto no se detiene, se intensifica, porque es el momento de disputar el relato de la “paz”. Si se forzara una cifra agregada –con todas las reservas del caso–, una tregua de corto plazo en un conflicto de alta intensidad podría implicar: entre 5 mil y 20 mil millones de dólares en dinámicas económicas directas e indirectas (no ahorro real, sino redistribución); impactos financieros globales que pueden superar decenas de miles de millones en valorización o pérdida de activos; así como un costo humano y simbólico incalculable, que es donde realmente se juega su sentido histórico.
La conclusión es incómoda pero necesaria: la tregua no tiene un “precio” en el sentido clásico; tiene una función dentro del metabolismo del conflicto. Más que cuánto cuesta, la pregunta decisiva es quién paga, quién cobra y quién redefine el sentido de lo ocurrido. Porque ahí, en esa contabilidad no declarada, es donde la tregua revela su verdadera economía. Hay que transparentar el financiamiento de las guerras.
Fernando Buen Abad Domínguez*
*Doctor en filosofía
