En los sexenios siguientes a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), se presentaron diversas reformas y proyectos. Los mismos suscitaron preocupaciones sobre la soberanía energética y el desarrollo productivo. Surgían preguntas clave, como la viabilidad de una economía que crece importando productos, en lugar de generar empleos, y la preferencia por importar gasolina, en lugar de producirla mediante una refinería.
La respuesta de ciertos expertos radicó hacia un enfoque de economía que concebía al gobierno como una empresa orientada a la rentabilidad, en detrimento a su papel como ente encargado del bienestar. Este enfoque influyó en decisiones cruciales, como la elección entre endeudarse más para cubrir gastos o adoptar un enfoque austero limitando gastos innecesarios. También planteaba la disyuntiva entre enfocarse únicamente en exportar productos o fortalecer las cadenas productivas locales.
¿Deberíamos atraer empresas extranjeras al norte del país, con el objetivo de producir para Estados Unidos, o incentivar empresas en el sur que satisfagan las necesidades del mercado interno? Desde una perspectiva neoliberal, se propuso un concepto de riqueza centrado en la capacidad de compra, más que en la producción. Esta mentalidad de consumir, en lugar de producir, ha contribuido a la dificultad actual de encontrar productos mexicanos en el entorno cotidiano.
En contraste, el nuevo enfoque del desarrollo productivo destaca la importancia de la capacidad de generar bienes y servicios. Desplaza la noción de que la riqueza reside en lo que se puede comprar.
Este cambio de paradigma se inspira en propuestas como las de Alexander Hamilton en 1790, en Estados Unidos, y la visión de Friedrich List de producir localmente, en lugar de depender de importaciones.
Estados Unidos implementó esta filosofía durante su ascenso como potencia. Fomentó una relación con América Latina basada en ventajas comparativas, en lugar de una dependencia unilateral.
En resumen, si una economía basa su riqueza en su capacidad de adquirir bienes para consumo, se empobrecerá. Esta perspectiva –que sugería el agotamiento de la riqueza de México debido al petróleo– se contradice con la idea de que la verdadera riqueza está en lo que podemos producir.
Desde otra perspectiva, a nivel nacional, se argumenta que una nación puede mejorar su situación económica al enfocarse en sus necesidades y producción interna, separándose de objetivos demasiado vinculados al resto del mundo.
La inversión en infraestructura debe alinearse con objetivos nacionales, además de reconocer la importancia de atender las necesidades internas antes de abordar la competencia global.
La propuesta para el desarrollo económico en México apunta hacia una política industrial centrada en infraestructura para el bienestar. Se aboga por evaluar proyectos en términos de beneficio social y priorizar inversiones, las cuales impulsen el mercado interno sobre las exportaciones basadas en inversión extranjera directa.
La visión destaca la importancia del Estado como el rector de la economía. Aboga por cambiar el enfoque de “unos ganan y otros pierden” a proyectos con beneficios compartidos.
Como resultado de esta nueva visión, en 2022 México tuvo un notable crecimiento económico del 3.9 por ciento. Superó las tasas observadas en economías avanzadas (2.6 por ciento) y en Estados Unidos (2.1 por ciento). Incluso en comparación con América Latina, México ha superado a Brasil que registró un crecimiento del 2.9 por ciento.
Estos indicadores reflejan un avance significativo y marcan un punto positivo a largo plazo. Sin embargo, para mantener esta tendencia positiva, es crucial no sólo consolidar el crecimiento, sino también comenzar a reducir la brecha económica.
Éste es un paso relevante que se asemeja al proceso observado entre Singapur y Japón. La reducción de la brecha se logró mediante tasas de crecimiento del producto interno bruto (PIB) superiores en la nación rezagada respecto a la desarrollada.
Estos resultados evidencian que el actual enfoque de producción y desarrollo de infraestructura en México está mostrando resultados positivos. Y es esencial destacar cómo el discurso neoliberal aborda la cuestión del gasto en infraestructura de la actual administración.
En realidad, el gasto en los anteriores sexenios provocó migración y concentración de población en ciudades específicas (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Dejó desatendidas regiones como el sur del país.
Con la nueva visión de gasto en infraestructura, las proyecciones para el crecimiento de México en 2023 de los “expertos” oscilaron entre el 1.1 por ciento y el 1.7 por ciento, de acuerdo con organismos internacionales. Indicaron que esto sería en parte resultado de un menor gasto en infraestructura.
Bajo la narrativa de “vean cómo el gobierno lo está haciendo mal”, algunos medios pronosticaron un año difícil para la economía. Incluso sugirieron la compra de dólares ante una supuesta depreciación del peso. No obstante, experimentamos un crecimiento del 3.3 por ciento. Desafiamos las expectativas y cuestionamos la validez de los discursos pesimistas.
Esto nos lleva a preguntarnos, más allá de cuánto se gastó, cómo y para qué se gastó. Durante el periodo neoliberal, destacan obras como la Estela de luz (“suavicrema”); la construcción de una barda de una refinería que nunca existió; la renovación de autopistas como la de Cuernavaca; el Tren México-Toluca que se dejó inconcluso, entre otros.
En contraste, en la cuarta transformación surgieron proyectos como la Refinería Dos Bocas; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el Tren Maya que conecta el sur del país; el Tren Transístmico; la carretera de la Pinotepa Nacional para mejorar la comunicación entre Guerrero y Oaxaca, y la presa en Monterrey.
Estas obras destacan la importancia de impulsar un desarrollo equitativo regional, en beneficio de toda la población, no sólo a las empresas que se establecen en ciertas áreas. Además, los costos reflejan la amplia diferencia entre el gasto y la inversión en infraestructura.
Los resultados permiten explicar por qué, a pesar de que el gasto en infraestructura pudiera ser menor, contribuyó al crecimiento económico. Se observan grandes disparidades entre el costo de los proyectos y la utilidad que cada uno tuvo para fomentar el desarrollo productivo de las regiones.
Es evidente que, más allá de aumentar el gasto, la apuesta de la cuarta transformación fue invertir mejor. Derivado de lo anterior, a partir de noviembre, se ha observado una serie de notas en medios de comunicación que dicen: “México se encamina a rebasar las expectativas económicas de este año”.
Estos datos, si bien son una excelente noticia, resaltan la importancia de plantear estrategias, con el objetivo de lograr tasas de crecimiento del PIB superiores en largo plazo –10 a 20 años–, con el objetivo de reducir la brecha con los países desarrollados.
Para asegurar esta continuidad, es imperativo establecer una agenda integral de desarrollo productivo a nivel nacional. Esto implica no sólo mantener las inversiones en la región sur del país, sino también fomentar la innovación en sectores estratégicos.
Un enfoque clave sería impulsar los encadenamientos productivos internos, donde los productores de un Estado suministren a otros. De esta manera, la comercialización se realizaría entre diferentes regiones y se evitaría depender de las exportaciones a Estados Unidos.
En este contexto, es esencial que la infraestructura destinada al desarrollo económico tenga como meta consolidar la estructura productiva nacional. Ejemplos concretos son proyectos como la Refinería Olmeca, el Tren Maya y el Transístmico. Estas iniciativas no sólo contribuyen al desarrollo de la región en la que se implementan, sino también fomentan la conexión y colaboración entre distintas áreas del país. Fortalecen así la base para un crecimiento sostenible y diversificado.
Rodrigo Aliphat*
*Profesor investigador del CIDE
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