Con el objetivo de atender las causas estructurales de la migración irregular en la región, los gobiernos de México, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Panamá y Venezuela acordaron elaborar un plan de acción para el desarrollo, basado en objetivos prioritarios y las realidades de cada país.

En el encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “se trata de un asunto humanitario en el que tenemos que trabajar unidos”. Por ello, exhortó a sumar esfuerzos, voluntades y recursos para solucionar el fenómeno migratorio desde la atención a las causas.

En Palenque, Chiapas, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento; los presidentes de Colombia, Gustavo Petro Urrego; Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Venezuela, Nicolás Maduro Moros; y el primer ministro de Haití, Ariel Henry; así como la segunda vicepresidenta de Costa Rica, Mary Denisse Munive Angermüller; el vicepresidente de El Salvador, Félix Augusto Ulloa Garay; el viceprimer ministro de Belice, Cordel Hyde; y el representante de Guatemala, Cristian Espinosa, concluyeron que “las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático”.

Además, apuntaron que “factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables”.

Por ello, consideraron que la realidad migratoria se debe enfrentar de forma conjunta “bajo el enfoque de derechos humanos y priorizando en todo momento el bienestar de nuestros pueblos, requiere responsabilidad compartida y cooperación para lograr resultados a partir de abordar las causas estructurales y los flujos migratorios, los cuales deben ser gestionados conjuntamente entre los países de origen, tránsito, destino y retorno”.

En el comunicado conjunto de los países de América Latina, Centroamérica y el Caribe, indicaron que las áreas prioritarias del plan de acción para el desarrollo son:

“▪ Autosuficiencia y soberanía alimentaria con la recuperación del sector agrícola.

“▪ Protección, conservación y restauración del medio ambiente.

“▪ Empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas.

“▪ Seguridad energética, incluyendo energías renovables y avance hacia la descarbonización.

“▪ Autosuficiencia sanitaria.

“▪ Comercio e inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico.

“▪ Combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción, y fomentando la cooperación en seguridad.”

Asimismo, acordaron que México pondrá a disposición inmediata de esos países “su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas con los siguientes programas: Sembrando Vida; Jóvenes Construyendo el Futuro; cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables; y la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe”.

Además, los 10 países fomentarán “el comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica, promoviendo preferencias arancelarias, establecimiento de cuotas y eliminación de barreras no arancelarias”.

Las naciones de la región también instarán “a que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo”.

También exhortarán “a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares, e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente, que permitan potenciar las contribuciones de las diásporas en sus comunidades de origen y destino”.

Y se promoverá el diálogo integral sobre las relaciones bilaterales, en especial, se propone “a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales”.

Respecto de los países de destino, las 10 naciones les pedirán que “adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas, para evitar producir arbitrariamente tanto ‘efectos llamada’ como ‘efectos disuasivos’, tales como la regularización de ciertas nacionalidades”. Y que amplíen las vías regulares, ordenadas y seguras de migración. En especial, la movilidad laboral, y que esos países receptores de migrantes promuevan la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales.

Acerca del caso particular de la República de Haití, se acordó “contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, a apoyar a en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, a fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con enfoque de desarrollo sostenible”.

Un punto que se abordó tiene que ver con la deuda externa de las naciones. Al respecto, se acordó “promover esfuerzos coordinados para replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana, a fin de permitir a los países, particularmente los de ingreso medio, alcanzar mayores niveles de desarrollo, cerrar las brechas sociales y reducir la intención de migrar, tales como el cambio de deuda universal por autosuficiencia alimentaria, servicios ambientales y acción climática”.

Acerca de las personas con necesidades especiales de protección durante su trayecto de movilidad humana –entre las que son prioridad mujeres, niñas y niños–, se buscará fortalecer el trabajo coordinado con organismos internacionales.

Otro objetivo será “profundizar las relaciones de cooperación Sur-Sur y Triangular en la región, encaminadas a fortalecer las políticas migratorias con enfoque de derechos humanos, con miras a un tránsito seguro, protegiendo a las personas frente a actividades ilícitas”.

Los países también se comprometieron a seguir dialogando de forma franca y al más alto nivel sobre estos temas y acuerdos a través de un grupo de trabajo a cargo de las cancillerías, con miras a la instrumentación de soluciones. Para ello se pondrá en marcha una estrategia de intercambio de información, conforme a la legislación de cada país.

Asimismo se vincularán “estos acuerdos con el Encuentro de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo en América Latina y el Caribe, propuesto por Colombia y México, que integre los mecanismos regionales y subregionales, a realizarse el primer trimestre de 2024”.