Santiago de Chile. Por esas singularidades de la historia todo parece indicar que dos personalidades de Chile, de signo muy diferente, fueron asesinados de la misma forma y por orden del general del ejército que encabezó la dictadura de la derecha en el país con el apoyo del gobierno estadunidense.
Estas personalidades son el poeta y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, alto dirigente del Partido Comunista de Chile, y Eduardo Frei Montalva, expresidente de la República y líder de la Democracia Cristiana.
Respecto de ambos hay procesos judiciales en curso desde hace años para establecer la verdad de lo ocurrido y condenar a los responsables, y falta todavía un largo camino para llegar a la sentencia definitiva.
Pero es preciso establecer que la resolución dictada por el ministro en visita especial, Alejandro Madrid, constituye un paso de enorme importancia que anticipa el veredicto final.
El juez dictó lo que se denomina un “auto acusatorio” en contra de los seis procesados por la muerte del expresidente Frei, ocurrida en la Clínica Santa María el 22 de enero de 1982.
Cuando decimos que es contra los “procesados” estamos advirtiendo que ya, hace varios años, el mismo juez, conforme a lo dispuesto en el artículo 274 del viejo Código de Procedimiento Penal –aplicable dada la fecha de los delitos– consideró que existían las condiciones legales para dicha resolución. Es decir, había un crimen y a la vez había “presunciones fundadas” de la participación de los inculpados.
El paso reciente, fundado ahora en la norma del artículo 424 de la misma fuente jurídica, constituye un serio paso adelante respecto de lo que el magistrado había concluido años antes.
Porque la norma específica que aplica exige que el juez se haya formado la convicción tanto de la existencia del crimen como de la “participación efectiva” de los inculpados en dicho ilícito. Ya no son simples “presunciones fundadas”.
La diferencia es concluyente y permite anticipar una sentencia condenatoria definitiva aunque para ello haya que transcurrir todavía un largo trecho. Se trata además de una nueva victoria en la larga lucha por verdad y justicia de los familiares de las víctimas.
En este caso específico además debe destacarse la tenacidad de la exsenadora Carmen Frei y de su esposo, ya fallecido, Eugenio Ortega. Además constituye un logro encomiable si se considera que en Chile los factores de poder real que dieron paso a la tragedia no han cambiado sustantivamente y, al contrario, siguen activos.
Los acusados como autores del asesinato del exprimer mandatario son: quien fuera el chofer de Frei y que en rigor era agente de la policía secreta de Pinochet, Luis Becerra; el médico que operó a Frei de una hernia, Patricio Silva, quien había sido nada menos que viceministro –subsecretario– en el gobierno de su víctima; y el exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) y del Ejército, Raúl Lillo.
El juez Madrid además acusó en calidad de cómplice al médico Pedro Valdivia, quien prestaba servicios a la Central Nacional de Informaciones (CNI), y como encubridores a los tanatólogos de la Universidad Católica, Elmar Rosenberg y Sergio González.
Los medios de prensa afines a la dictadura sostuvieron siempre que la muerte de Frei se produjo de forma natural, por enfermedad, pero el tribunal les desmiente al concluir que se debió a una septicemia generalizada, pero la cual fue inducida mediante la inoculación de gas mostaza.
El desarrollo desde 1998, tras la presentación de la querella de Gladys Marín, de más 1 mil 300 procesos penales permite además conocer de la existencia de laboratorios secretos del ejército en donde se fabricaban sustancias venenosas.
La excusa que se plantea en esos expedientes es que se trataba de decisiones relacionadas “con una eventual guerra química que pudiera desatar Argentina”. Recuérdese además la actividad en esta materia de personajes tan siniestros como el agente CIA-Dina Michael Townley, protegido en Estados Unidos, y el químico Eugenio Berríos, asesinado por militares chilenos y uruguayos, porque “sabía demasiado”.
Es decir, sobran elementos, medios, sujetos activos, que hoy hacen perfectamente explicables los crímenes cometidos mediante el empleo de sustancias tóxicas.
En el caso Frei señalemos además la conducta alevosa del médico Patricio Silva, cercano al expresidente y en cuyo gobierno fue alto funcionario.
Este individuo, poco antes de participar en la operación a Frei llamó a la comandancia en jefe del Ejército y conversó e informó en vivo y en directo al propio Pinochet, todo lo cual forma parte de la investigación judicial.
Igualmente consta cómo se preparó la habitación en que se operó a la víctima por agentes de inteligencia de la dictadura.
Cuanto sucede debe necesariamente relacionarse con la causa judicial que el Partido Comunista, el partido de Neruda, y los familiares del poeta encabezados por su sobrino el abogado Rodolfo Reyes, iniciaran hace varios años y en los que también hemos logrado establecer cuestiones de fondo.
Como es sabido, con una diferencia de algunos años, en ambos casos las acciones ocurrieron en la misma Clínica Santa María, en el mismo piso cuatro, y con coincidencias sugestivas de algunas mismas enfermeras y médicos.
Sabemos hoy que el médico que certificó la muerte de Neruda no estaba presente cuando él fallece, es decir que ni siquiera le constaba su muerte ni su causa. Se le atribuyó “caquexia” y sin embargo se ha logrado demostrar con abundancia de pruebas irrefutables que el poeta estaba muy lejos de encontrarse en ese estado.
Se ha acompañado manuscritos del poeta de pocos días antes de su fallecimiento en septiembre de 1973, y constan numerosas declaraciones de varios testigos que estuvieron conversando largamente con él pocos días y pocas horas antes de su muerte.
Es más, se ha efectuado ante el tribunal dos paneles de expertos científicos nacionales e internacionales de la más alta calificación, buscando evidencias objetivas del envenenamiento y sus causas biológicas o químicas y a fines del presente año está planteada la realización de un nuevo encuentro. Para todo lo cual ha sido fundamental el aporte del Estado de Chile, en concreto del actual gobierno que, además, se hizo parte del proceso.
Hasta ahora se ha establecido la presencia de estafilococus dorado en el cuerpo de Neruda y vale la pena recordar que es más que conocida la afirmación del químico de la Dina, el ya mencionado Berríos, quien dijo: “Si quieres eliminar a un insoportable, aplícale estafilococus dorado”.
Por todo lo cual el resultado de las nuevas pericias resulta muy importante en la línea de confirmar en el caso Neruda la tesis del homicidio.
Es de justicia recordar aquella mañana de hace algunos años cuando nos llamó por teléfono Eugenio Ortega, esposo de Carmen Frei, y nos pidió conversar. Había advertido en la lectura del copioso expediente respecto del caso de su suegro las coincidencias con lo que había trascendido del proceso por Neruda y nos hizo llegar abundante material al respecto.
Su contribución fue sin duda de alto interés y a partir de ese momento realizamos varios encuentros, además con otros profesionales para actuar con la mayor seriedad y responsabilidad. Huelga comentar que con Eugenio avanzamos también en planos distintos y entre ellos el de la política.
El paso del tiempo y el trabajo del tribunal han ido demostrando que las denuncias de quien fuera chofer y apoyo de Neruda en 1973, Manuel Araya, no eran infundadas.
Y otra curiosidad histórica. En diciembre del año del golpe, 1973, a 3 meses de la muerte del Premio Nobel, el expresidente Frei descartó la posibilidad que Neruda hubiese sido asesinado, no le parecía posible.
Hoy, a la luz de los avances judiciales, la vida ha demostrado toda la crueldad de los golpistas y el propio ex presidente fue una más de sus víctimas usando métodos como aquellos que a él no le parecían posibles.
Eduardo Contreras/Prensa Latina
*Reconocido abogado chileno en causas de derechos humanos, a cargo de la investigación de la muerte de Pablo Neruda; ex embajador de Chile en Uruguay
[OPINIÓN]
Contralínea 559 / del 02 al 07 de Octubre de 2017
