La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de manera preventiva, pues se trata de un mecanismo que los bancos implementan debido a su relación financiera con entidades extranjeras. Ello, por la orden de aprehensión de Estados Unidos contra diez personas mexicanas, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La primera mandataria aclaró que estas medidas no significan que la UIF esté realizando una investigación directa contra los señalados, sino que se trata de procedimientos estandarizados, derivados de los acuerdos y la información compartida entre autoridades bancarias ante situaciones legales internacionales.
Más adelante, la dependencia informó a través de un comunicado que realizó adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, como parte de acciones orientadas a proteger la integridad del sistema financiero nacional.
De acuerdo con el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la medida fue adoptada a partir de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano, luego de los señalamientos públicos realizados por autoridades estadunidenses.
La UIF explicó que, debido a que diversos bancos mexicanos mantienen relaciones de corresponsalía con entidades financieras de Estados Unidos, se activaron mecanismos internos de cumplimiento y monitoreo que derivaron en alertamientos sobre clientes identificados como Personas Políticamente Expuestas. Con base en estos reportes, conocidos como Listas de Personas Bloqueadas 24 Horas, la autoridad financiera procedió a la inmovilización preventiva de activos.
La dependencia subrayó que estas acciones no constituyen una resolución definitiva ni implican una acreditación de responsabilidad penal, administrativa o financiera.
Asimismo, aclaró que las personas incluidas en la LPB cuentan con todas las garantías legales previstas en la legislación mexicana; entre ellas, el ejercicio de la garantía de audiencia, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos y jurisdiccionales para controvertir la medida.
