Durante los últimos años, diferentes grupos han salido a la luz en la lucha autogestionada por sus derechos humanos, tomando en cuenta que se vive bajo un clima de incertidumbre, impunidad, inseguridad y denuncias en materia de violaciones a la dignidad de las personas. Concretamente, en México han surgido informes que resaltan la urgencia de volverse hacia la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, además de esfuerzos colectivos para generar herramientas de protección y prevención ante acciones que vulneran su vida y ponen en riesgo su integridad y actuación.
En 2009, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH) presentó un informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país: Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo. Este documento fundamentó los eventos de agresión y obstaculización en contra de las y los defensores durante el periodo de enero de 2006 hasta agosto de 2009 en 10 entidades de la república. Teniendo en cuenta la declaración de 1998 de la Organización de las Naciones Unidas sobre “el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas”, aprobada por México, el informe identifica como defensores a cualquier persona o grupo que promueve los derechos humanos, sin importar sus antecedentes profesionales o si pertenece o no a una organización de la sociedad civil.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI), en el informe Exigiendo justicia y dignidad. Defensoras y defensores de los derechos humanos en México, retomó el tema el 21 de enero de este año, enfatizando la obligación del Estado para proteger a los defensores y defensoras. En su documento, AI no sólo evidencia el fracaso del Estado para cumplirla, sino su misma aquiescencia y complicidad en muchos casos para no hacerlo.
En un contexto en el que es cada vez más necesario y urgente evidenciar la situación de las propias defensoras y defensores, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó también en marzo un informe sobre los derechos humanos en México: Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual. En él constata que no sólo quienes realizan actividades organizadas en la defensa y promoción de los derechos humanos son amenazados, sino también quienes en las actuales circunstancias ejercen su derecho a disentir y a oponerse por medios pacíficos a cualquier acto arbitrario de la autoridad, lo que afecta no sólo a las defensoras y defensores de derechos humanos, sino al conjunto de la sociedad.
Según AI, los defensores y defensoras trabajan desde distintas competencias y de distintas maneras para proteger y hacer realidad los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos universalmente, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Tienen en común que defienden el principio de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición, y exigen la protección de las autoridades para la realización de sus tareas. En el ejercicio de su función social, comparten además un compromiso explícito de respetar los derechos y libertades de las demás personas. Sin embargo, hoy en México se vive también un clima cada vez más hostil hacia sus actividades, en el que no sólo están expuestos a amenazas y persecuciones, uso faccioso del derecho, sino también a encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y otras medidas represivas que atentan contra su propia actividad y dignidad como personas.
Enunciar todos los casos de vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos hoy en México sería casi imposible, ya que en la medida en que se prolonga y extiende la inseguridad y la militarización del país, se incrementan las violaciones contra quienes se resisten a vivir en un ambiente de injusticia, represión y violencia, trátese de organizaciones civiles, colectivos, redes, movimientos sociales o personas que desde sus propias iniciativas defienden sus derechos humanos.
En los últimos tres años, la falta de empleos, el deterioro de los salarios y el quebranto de las condiciones de seguridad social, el abandono del campo, la ausencia de políticas sociales eficaces para combatir la pobreza, la imposición de megaproyectos de supuesto “desarrollo”, la criminalización de la protesta social, el incremento de la delincuencia organizada, la militarización y la crisis cada vez más evidente del modelo económico, entre otros, han provocado que más voces tengan que salir a denunciar y a exigir. Así, en los últimos tres meses ubicamos a Omar Esparza, de la organización Maíz Nacional; a Obtilia Eugenio Manuel y Raúl Hernández, de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa; a Marco Von Borstel, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; a Jade Ramírez, de Radio Universidad de Guadalajara; a Alejandro Cerezo, del Comité Cerezo; a Antonio Hernández, del Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora; a Ximena Peredo, del periódico El Norte; a las casas del migrante y a las familias de los desaparecidos por el Ejército Mexicano, entre varios más.
Llaman especialmente la atención los hechos ocurridos el pasado 27 de abril, cuando Bety Cariño, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y Jyri Antero Jaakkola, defensores de derechos humanos que formaban parte de una misión de solidaridad y observación en Oaxaca, fueron asesinados por un grupo paramilitar a la entrada del municipio triqui de San Juan Copala. Otros defensores, defensoras y periodistas sufrieron heridas, y cuatro miembros de la misión, incluidos Érika Ramírez y David Cilia, compañeros de Contralínea, estuvieron tras el ataque dos días en graves condiciones de salud física y síquica en la selva, antes de ser rescatados por la policía. Estos graves casos son parte del cúmulo de agresiones vividas a lo largo y ancho del territorio mexicano, no únicamente por las y los periodistas, sino también por las defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual obliga a que éstos, ante la inactividad de las autoridades, comiencen a desarrollar herramientas para defender su propia seguridad y su vida.
Fue así como el Comité Cerezo México y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, decidieron trabajar en conjunto el Manual introductorio: la seguridad en las organizaciones civiles y sociales, que es una adaptación a México del Manual de protección para defensores de derechos humanos, editado por las Brigadas Internacionales de Paz. Se trata de un instrumento que por primera vez introduce en México la importancia de que las en organizaciones civiles incluyan entre sus actividades la necesidad de seguridad, buscando que planeen y desarrollen según las circunstancias formas de autoprotección personal y colectiva entre sus miembros.
Como expresó Lorena Peralta Rojas, una luchadora por los derechos humanos en la presentación del Manual: “Tenemos desafíos que es necesario reflexionar nuevamente: ¿qué significa ser defensores y defensoras en este contexto y cómo reaccionar ante él? Se vive en un clima de violencia generalizada, que empieza a enquistarse en la sociedad; leyes que legalizan la persecución contra defensores y luchadores sociales; reformas en derechos humanos que entran en tensión con las reformas impuestas a la ley de seguridad nacional; mecanismos de protección para defensores y periodistas, que son de contención, pero que no buscan el fin de la impunidad; negligencia en los distintos niveles de gobierno ante un ataque a una misión humanitaria, etcétera”.
Por lo anterior, el Manual es una propuesta didáctica que también requerirá que otras manos, otros pensamientos y otras herramientas complementen las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos. Lo que no excluye que el gobierno cumpla con su obligación de protegerlos.
*Director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC.
