Presentamos una tragicomedia en la que los actores son personas en escenarios y circunstancias reales: el ocaso del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien deseaba ser recordado como el presidente del empleo pero que pasará a la historia como el presidente del sexenio luctuoso. Es justo reconocer: sí fue (y sigue siendo) el presidente del empleo, pero de las Fuerzas Armadas. Y es innegable también que crecieron como nunca en nuestro país las vacantes en la industria, mas tristemente, de los servicios funerarios.

 

La pieza teatral se libra, según Calderón (y no Calderón de la Barca, sino el comandante supremo), entre la lucha de buenos, malos y más malos. ¿Quiénes son cuáles? Ya lo descubriremos.

 

La lucha por los derechos laborales, la tortura y la negación de justicia son algunos elementos por los que el llanto y las risas salpican a los actores.

Ambientada en San Juan del Río, Querétaro.

 

Personajes: trabadores y conductores de Transportes Valbo y Asociados.

Antecedentes: esta empresa pertenece a la cooperativa Pascual, de memorable importancia por sus trabajadores que pudieron, a finales del siglo pasado y en nombre de sus derechos, consolidar una cooperativa combativa y solidaria que hoy es una boyante empresa. Sin embargo algunos socios, ahora al frente de la transportista, transitaron de heroicas víctimas a villanos.

 

 

La escena comienza en la Agencia del Ministerio Público Procuraduría de Justicia del estado de Querétaro, en San Juan del Río. Personal de apoyo, policías y representantes de la empresa Transportes Valbo: Vicente Martínez Domínguez, Guillermo Swhindal, Juan Luis Fernández Martínez y Enrique Camorlinga Cisneros se encuentran ahí para otorgar el perdón a unos delincuentes y para aceptar la renuncia voluntaria de unos trabajadores.

 

Seis personas de entre 40 y más de 60 años de edad lucen maquillaje de palidez, marcas violáceas y caras de dolor, provocado todo por la policía de seguridad pública municipal. Protagonistas del drama: Juan Luis Sánchez Hernández, Rafael Godoy, Timoteo Vázquez Máximo, Gerardo Guadalupe Morales Martínez, Manuel Ruiz Aguilar y Gabriel Uribe Lama. Pareciera que ellos se despiertan de una pesadilla, que apenas está por comenzar.

 

Es 16 de enero y acuden a una cita trascendental en sus vidas: firmarán la “renuncia voluntaria” a su fuente de trabajo y a sus prestaciones después de muchos años laborados. De manera voluntaria, a golpes y porrazos literalmente, dejarán a sus familias en la indefensión.

 

Ellos se dan cuenta que, sin pruebas y sólo con el dicho de los representantes de la empresa, primero son delincuentes acusados de despojo para luego ser redimidos con el perdón omnipotente. La empresa está dispuesta a retirar los cargos y los salva de la cárcel por varios años. Para imprimirle más dramatismo, vemos que se acentúa la palidez, la cara de angustia y la boca seca de estos personajes que van a ser perdonados. ¿Cómo fue que llegaron hasta ahí esos trabajadores?

 

 

La escena se retrotrae: son las 20:00 horas del 16 de enero de 2012.

 

En voz de los protagonistas: “Nos encontrábamos reunidas 25 personas, entre operadores y mecánicos, en el interior de la empresa donde laboramos, Transportes Valbo y Asociados, SA de CV, en San Juan del Río, Querétaro, con la finalidad de buscar una entrevista con el Consejo de Administración para afinar algunos desacuerdos e inconformidades a los que hemos estado expuestos muy continuamente, así como malos tratos que venimos recibiendo de parte del gerente Juan Luis Fernández Martínez.

“Minutos después llegó el señor Vicente Martínez Domínguez, socio de la empresa, preguntando por qué no salíamos de viaje. Respondimos con rectitud que necesitábamos dialogar con las personas del Consejo de Administración. Sin articular palabra alguna, el señor Vicente se retira para regresar momentos después con aproximadamente 40 agentes y entre ocho y 10 patrullas de la policía municipal. Además llegó con ellos el licenciado Enrique Camorlinga Cisneros, apoderado legal de Valbo, para decirnos prepotentemente que estábamos todos despedidos. Acto seguido, los señores Juan Luis Fernández Martínez, el licenciado Enrique Camorlinga Cisneros y Vicente Martínez Domínguez, con palabras altisonantes, nos dicen que abandonemos las instalaciones, ya que nos encontrábamos despedidos y que no se nos daría carta de recomendación; e inmediatamente, dan la indicación a la policía municipal para que nos suban a las patrullas. Nos señala directamente a seis para que seamos los únicos que nos suban a las patrullas, esposados y arrestados como viles delincuentes. Con empujones, malos tratos, golpes, amenazas, palabras altisonantes nos suben a las patrullas 2850 y 2857 de la policía municipal.

 

“Nos trajeron dando vueltas por la ciudad de San Juan del Río, luego se estacionaron en una gasolinera con la finalidad de que las personas que injustamente nos señalaron pudieran montar de manera ilegal la acusación en nuestra contra. Llegamos a los patios posteriores del Ministerio Público Agencia 2, en el segundo turno, de San Juan del Río Querétaro, sin dejarnos bajar de las patrullas. Mientras tanto, el licenciado Enrique Camorlinga Cisneros y los señores Vicente Martínez Domínguez, Juan Luis Fernández Martínez y Guillermo Shwindal levantaban la demanda en el Ministerio Público por despojo y daños a la empresa (averiguación previa SJR2-58-2012).

 

“Hora y media después ya estábamos detenidos y nos pasan con el médico legista para hacernos exámenes. Dichos exámenes no son más que una farsa, ya que al terminar de tomarnos los datos personales, huellas digitales y que nos revisó de los golpes que presentábamos, nos tomaron fotos como viles delincuentes del delito de despojo. Cabe señalar que el doctor que nos revisó no traía bata médica, identificación ni nada que nos haya asegurado el nombre y cargo que ostentaba en ese momento.

 

“‘El señor Juan Luis Sánchez Hernández quedó muy lastimado de la rodilla izquierda y de golpes contundentes en espalda, piernas, brazos y una cortada profunda en la palma de la mano izquierda’, así lo asentó el médico legista. Cuatro policías lo golpearon a pesar de que les dijimos que era una persona diabética. No hicieron caso y lo golpearon más.

 

“Finalmente nos otorgaron ‘el perdón’, pero ¿cuál perdón, si no cometimos ninguna falta a la empresa ni a nuestros superiores? Así tuvimos que firmar la renuncia que nos presentaron para evitar la consignación, ya que de nosotros dependen familias numerosas y menores de edad en todos y cada uno de los acusados.”

 

 

Se abre el telón. El reloj marca las 08:00 horas del 29 de julio de 2012. Se alcanza a escuchar el rumor de una manifestación sobre la carretera libre a Puebla a la entrada de las instalaciones de Pascual Los Reyes la Paz, Estado de México. El rumor sorprende a los socios cooperativistas. Unos llegan en camionetas lujosas, otros llegan en autos modestos y otros más a pie a la cita del Consejo de la Cooperativa. Mantas y volantes limitan su velocidad. Algunos se solidarizan con cierta simpatía; otros, indiferentes, miran a los cerca de 100 manifestantes que piden su intervención. Ninguno de ellos establece un diálogo o pide información. A nadie parece importarle que en Valbo estén acusados penalmente con falsos cargos y tortura algunos de sus compañeros; ni les preocupa la demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la especial tres (expediente 126/2012), misma que comienza su largo y sinuoso camino… Y menos les preocupa la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDH/0188/2012/OQ).

 

He aquí las paradojas del drama en la que héroes y villanos se confunden ante el poder y los grandes negocios.

 

La denuncia penal en contra de la empresa presentada el 31 de marzo de 2012, fue agregada para continuar la misma averiguación previa SJR2-58-2012 en la que, los antes presuntos delincuentes son ahora “defendidos” por ella. Y los ahora acusados de la empresa, se ríen y se burlan de la justicia. Incluso, los trabajadores tuvieron que ganar un amparo para tener acceso a las copias de la averiguación y se les obliga a comparecer y declarar verbalmente, mientras que Vicente Martínez Domínguez, Guillermo Swhindal, Juan Luis Fernández Martínez y Enrique Camorlinga Cisneros pueden declarar por escrito y mediante sus abogados. La justicia duerme en colchones de impunidad y apenas comienza el largo camino de la conciliación y el arbitraje en materia laboral.

 

 

Hay esperanza. En el rostro de los manifestantes se observa que no dejarán de luchar contra la impunidad, y lo más importante es que en esa mañana fría en los Reyes la Paz coincidieron 100 personas quienes, además de los de Valbo, también han sido injustamente despedidos por la cooperativa Pascual. La mayoría de ellos rebasan ya los 70 años de edad y denuncian que hay “ratas en refrescos Pascual”.

 

Juntos se abrazan en la unidad del esfuerzo y lucha. Ojalá que los espectadores se sumen contra la impunidad y que los cooperativistas de Pascual honren la memoria de quienes ofrendaron su vida en la lucha y de quienes junto con ellos han contribuido a la riqueza y éxitos de esta empresa.

 

El cooperativismo es una alternativa real y solidaria al capitalismo neoliberal, responsable de violaciones graves a los derechos humanos. Cerremos filas ante las reformas estructurales, las que de llegar a tomar posesión el gobierno de Peña Nieto, aniquilarán los derechos de los trabajadores con una nueva ley general del trabajo.

 

Ésta es una inconclusa tragicomedia en el realismo mágico mexicano, en la que buenos y malos son sólo dos momentos acordes a los intereses de los poderosos y la ficción jurídica: una pesadilla a la que entramos los pobres después de dormir.

 

*Médico, maestro en ciencias en atención integral de salud y defensor de los derechos humanos; presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC

 

 

 

Fuente: Contralínea 297 / Agosto 2012