En el supermercado donde compro, a menudo coincido con personas mayores, pensionados, en la fila para pagar. Con frecuencia, una anciana hurga en el monedero para completar la cantidad que le indica la cajera por su modesta compra; a veces, la mujer no tiene las monedas que esperaba y, suspirando, indica a la cajera que deje alguno de los alimentos que ha seleccionado para que le alcance el dinero. No es cuento ni hecho excepcional.

En España, más de la mitad de los 9 millones de pensionistas cobran menos de 800 euros mensuales, y la pensión de más de 3 millones de ellos es inferior a 600 euros, 500, 400… Viva usted sin apuros con esas cantidades en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Bilbao… Pese a ello la reducción de pensiones es una exigencia de la Unión Europea a los países “rescatados”. Ahora toca el asalto a las pensiones en España.

Olli Rehn, responsable económico de la Comisión Europea, insiste una y otra vez desde hace meses que España ha de rebajar (perdón, “reformar”) sus pensiones públicas. Para facilitarlo, el gobierno creó un comité de 12 “expertos” que propusiera cómo asegurar la “sostenibilidad” de las pensiones. Y ha propuesto retrasar la jubilación a los 67 años, así como calcular pensiones y su actualización sin tener en cuenta la evolución de los precios, pero confusamente ligadas al crecimiento económico. Las pensiones pueden congelarse indefinidamente e incluso disminuir.

En Grecia se rebajaron un 20 por ciento las pensiones de 1 mil 200 euros mensuales; en Irlanda, 10 por ciento menos para las nuevas pensiones y las que superaban 1 mil euros al mes, y en Portugal se rebajaron entre 5 y 10 por ciento todas las pensiones. En España, el gobierno quiere evitar incendios políticos y una huelga general; por eso aplaza de momento la recomendación de aplicar en 2014 la contrarreforma y pospone aspectos provocadores a 2019. Pero no renuncia. Las pensiones serán rebajadas.

Pero, ¿tan cruda es la situación de las pensiones? La respuesta es que no hay que creer ni una palabra a los presuntos “expertos” del informe de “sostenibilidad”. Nueve de los 12 han cobrado o cobran de la banca, grandes empresas o aseguradoras, que obtendrán cuantiosos beneficios si las pensiones públicas son insuficientes y la gente contrata pensiones privadas. Como denuncia reiteradamente Miren Etxezarreta y ya ha ocurrido en Gran Bretaña, por ejemplo.

Según el único experto que no ha vendido su alma al diablo, el profesor Santos M Ruesga –vinculado al sindicato Unión General de Trabajadores (UGT)–, “el gobierno sólo busca un aval para recortar las pensiones de inmediato”. Y, como escribe el abogado sindicalista Sabino Cuadra, en España el dinero para pensiones públicas es inferior al de Francia, Italia, Alemania o Portugal. El profesor Nacho Álvarez recuerda que “según Eurostat (agencia estadística de la Unión Europea), el sistema español de pensiones es de los más baratos de Europa. El gasto español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1 mil 862 euros por habitante (10.7 por ciento del producto interno bruto, PIB). Muy inferior a los 2 mil 769 euros de gasto medio de la Unión Europea (13 por ciento del PIB), 3 mil 658 de Francia (14.4 por ciento del PIB), 3 mil 421 de Alemania (12.8 por ciento del PIB) o 3 mil 295 de Italia (16 por ciento del PIB)”. En los últimos años, insiste por su parte Cuadra, en España el fondo de pensiones ha disminuido un 25 por ciento y el gobierno se propone reducirlo otro 25 por ciento. A ese pillaje denominan “sostenibilidad”.

Lo cierto es que la nefasta política de austeridad y recortes gubernamentales han expulsado a más de 3 millones y medio de cotizantes de la seguridad social por la enorme cifra de desempleados. Ésa sí, insostenible.

La cuestión no es económica ni presupuestaria sino de derechos. Derechos de los trabajadores que se han de retirar de la vida laboral. Y en derechos humanos hay que ser inflexible. Por eso, las pensiones podrían financiarse a cargo de los presupuestos del Estado sin depender del volumen de cotizantes. Quienes han de ser sostenibles son los pensionistas y una pensión mínima que asegure una vida digna. Lo indiscutible es que hasta la crisis-saqueo, la austeridad y los recortes, no hubo problema con las pensiones públicas. Había superávit. El sistema de pensiones no es insostenible; lo que es insostenible es este gobierno al servicio de la banca y las grandes empresas.

Para garantizar las pensiones públicas, otros servicios esenciales y los derechos, hay un camino: acabar con el fraude fiscal (más de 80 mil millones de euros anuales) y establecer impuestos justos, progresivos y suficientes por los que pague más quien más tiene y más gana.

*Periodista y escritor

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Fuente: Contralínea 352 / 16 al 22 de septiembre 2013