El Congreso español ha aprobado la nueva ley de seguridad ciudadana. Motejada como Ley Mordaza, recuerda mucho a la franquista de Orden Público, que reprimió ferozmente a la ciudadanía opuesta a la dictadura y, especialmente, al movimiento obrero.

Esther López y Alberto Garzón, jóvenes diputada y diputado de Izquierda Unida, han denunciado que “la falta de respeto por los principios democráticos de los gobernantes, unida a su mediocridad y afán por imponer sus planes como sea, son causas de que sólo sepan actuar con represión policial […] No hace falta haber vivido la dictadura franquista para contar lo de ‘corrimos delante de los grises’, pues muchos de los que nacimos tras la muerte de Franco lo hemos tenido que hacer […] Nos persiguieron e inventaron atestados policiales cuando emergimos en la Primavera Valenciana; nos intentaron expulsar de las plazas donde acampamos; nos persiguieron cuando participamos en la Huelga General; nos criminalizan por poner nuestro cuerpo como trinchera de contención ante un desahucio; nos criminalizan y la policía nos identifica por reunirnos en un parque público como el Retiro para debatir sobre política”.

Para quienes sí corrimos ante los grises (Policía Armada y de Tráfico) cuando éramos jóvenes, el panorama que se extiende y asienta desde hace 3 años, nos retrotrae a esos escenarios de juventud. Porque hay una innegable relación entre cómo gobierna España el Partido Popular y la dictadura que reprimió este país durante casi 4 décadas.

En el incremento exponencial de la represión de la ciudadanía hay un hecho esclarecedor. La Audiencia Nacional imputó hace un par de años a ocho miembros de la plataforma Rodea el Congreso, que llamaba a manifestarse cerca del Congreso de los Diputados. ¡Pero fue antes de la manifestación! El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, acusó al gobierno de criminalizar la protesta y de que era insólito e inconcebible imputar a personas por hechos que aún no se habían producido.

Pero no tienen bastante y la llamada Ley Mordaza (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana) ahonda en el resurgimiento franquista. Con dicha ley, el concepto de seguridad ciudadana pasa a ser el franquista “orden público”, y convierte en infracciones graves las movilizaciones y otras legítimas protestas, al tiempo que concede patente de corso a la policía. Como en tiempos de la dictadura.

Más aún. Con la reforma del Consejo General de Poder Judicial que perpetra el Partido Popular, la justicia queda ligada a ese partido y la separación de poderes se va por el desagüe. Por eso, quienes hoy tienen más de 40 años recordarán fácilmente que todo se parece cada vez más a aquella dictadura franquista.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tenido la osadía de retar a los abundantes críticos de su Ley Mordaza: “Quiero que alguien de los que la critica me diga un derecho o libertad que esta ley restringe respecto a la ley vigente”. ¿Por qué no lee las recientes declaraciones del director de Amnistía Internacional de España, Esteban Beltrán, que asegura que “es verdaderamente lamentable que esta Ley siga adelante? La libertad de reunión, información y expresión son derechos humanos que los estados deben proteger […] Con esta Ley no se protege la protesta en España, sino todo lo contrario: se castiga la disconformidad”.

Es más, desde hace años, Amnistía Internacional ha expresado en varios informes su preocupación por el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales al dispersar a manifestantes pacíficos. Si al ministro Fernández le parece que Amnistía Internacional no tiene autoridad para indicar qué derechos son vulnerados, tiene un problema grave.

En fin, las innecesarias nuevas leyes represivas del gobierno sólo buscan acabar con la resistencia ciudadana pacífica contra su política de austeridad, recortes y vulneración de derechos. ¿Por qué esas contrarreformas, si España tiene una de las tasas más bajas de criminalidad de Europa? ¿Por qué una nueva ley de seguridad ciudadana cuando en 2013 hubo en España más de 6 mil manifestaciones y ningún problema de orden público digno de reseñar? Porque esa nueva Ley Mordaza nada tiene que ver con la seguridad real y sí con atemorizar a la ciudadanía resistente. Pretende cortar de raíz el movimiento ciudadano que quiere cambiar el país. Como ha denunciado la asociación Jueces para la Democracia, “la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el círculo que convierte en crimen el ejercicio de los derechos”.

Xavier Caño Tamayo*/Centro de Colaboraciones Solidarias

*Periodista y escritor

Contralínea 418 / del 4 al 10 de enero de 2015