El arribo como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Nuevo León del exdiputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, es la resultante de una serie de complicidades y encubiertos conflictos de intereses tejidos entorno a la amañada desaparición de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009; uno de cuyos trasfondos fue la entrega de su red de fibra óptica para explotación exclusiva del grupo empresarial panista comandado por los exsecretarios de Energía del foxismo Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, este último exgobernador neoleonés que en 2000 apoyó la llegada de Cantú a la alcaldía de Monterrey, alentando de igual manera su arribo al Congreso de la Unión.

En pago a la labor de contención realizada desde su cargo parlamentario para impedir el surgimiento de una nueva empresa eléctrica que remplazara en la zona centro del país a Luz y Fuerza, y al silencio encubridor, guardado en su momento, sobre las denuncias por ordeña a los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Apodaca, en contra de la empresa gasera Solensa, propiedad de Canales Clariond y de su hijo Fernando Canales Stelzer, Felipe de Jesús Cantú buscará, fiel a su papel de ejecutor de órdenes, arribar al gobierno de Nuevo León no para atender a los reclamos de la ciudadanía sino del grupo empresarial al que debe su carrera política.

Baste echar un poco atrás la máquina del tiempo para recordar a los ambiciosos hombres de negocios, revestidos en su momento de funcionarios públicos y representantes populares, sobre sus aviesas intenciones fraguadas desde el gobierno de Vicente Fox para adueñarse de la red de más de 1 mil 100 kilómetros de fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de Luz y Fuerza y que se concretó una vez que el decreto de extinción, emitido por Felipe Calderón, se ejecutara mediante el brutal uso de las Fuerzas castrenses y los grupos policiales del gobierno federal. Su amigo, el entonces presidente de la República, les allanó el camino a los influyentes regios.

Su actual consolidación en el poder, ni qué dudarlo, se fraguó gracias a las millonarias ganancias obtenidas bajo la complacencia de los gobiernos panistas que desoyeron e ignoraron las propuestas presentadas en su momento por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 1 año antes de consumarse la infamia oficial que dejó sin trabajo a 44 mil electricistas, como lo fue el proyecto por demás viable para la creación de una empresa paralela que brindara a los 6 millones de usuarios de la zona centro del país, además del suministro de electricidad, los servicios de telefonía, internet y televisión, el llamado triple play, a bajo costo.

Vale recordar, a la luz de los actuales acontecimientos en que los empresarios panistas van en pos del gobierno de Nuevo León, que el 16 de marzo de 2008, en el marco de la revisión contractual (2008-2010) que el SME sostenía con la entonces paraestatal, se pactó entre ambas partes y dentro de los acuerdos de productividad tendientes a sanear las finanzas de Luz y Fuerza del Centro (LFC) la cláusula 10, que entonces establecía:

 “Con el propósito de facilitar el acceso a la sociedad de la información, a precios y calidad competitivos en la zona de influencia de LFC, las partes se comprometen a realizar en forma conjunta los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la obtención de una concesión de red pública de telecomunicaciones, para la prestación de servicios de voz, datos y video, a través de una filial de LFC creada para este fin, aprovechando la infraestructura del organismo.”

Como quedó plenamente establecido en documentos oficiales, los estudios de factibilidad fueron aprobados y avalados, en su momento, tanto por el entonces secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón –sin duda el peor titular que ha tenido esa dependencia, hoy conocido en el bajo mundo de la política como la Changao la Chiva Loca–, como por los directivos de la empresa pública que hicieron la petición formal el 23 de julio de 2009 al entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Juan Molinar Horcasitas; todos ellos, arteramente, ocultaron que desde el gobierno de Vicente Fox, y luego en el de Calderón, ya se había otorgado a la empresa WL Comunicaciones la concesión para explotar la red de fibra óptica, donde curiosamente aparecieron como socios mayoritarios los extitulares de la Secretaría de Energía en el gabinete de Vicente Fox Ernesto Martens y Fernando Canales.

Cálculos conservadores –expuestos en su momento ante la autoridad– apuntaban a que LFC habría obtenido con esta empresa paralela ingresos anuales superiores a los 100 mil millones de pesos, con lo cual su rentabilidad estaría a salvo; es decir que el gobierno de Felipe Calderón nunca sopesó las opciones para sanear las finanzas de la paraestatal. Como lo hemos mencionado desde entonces, la intención nunca fue ofrecer a la población electricidad y triple play a bajo costo, sino entregar con celofán y moño el redituable negocio de la fibra óptica al grupo empresarial panista encabezado por Fernando Canales y sus incondicionales, entre ellos, el entonces presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, que hizo cuanto estuvo a su alcance, en 2011, por bloquear la creación de una nueva empresa eléctrica en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza, que habría puesto en riesgo el multimillonario negocio de sus jefes y padrinos políticos.

De manera hipotética, de haberse echado a andar el proyecto del SME, las arcas públicas habrían recibido a la fecha poco más de 500 mil millones de pesos por el servicio del triple play a los 6 millones de usuarios del centro del país. Huelga decir que ese dinero fue a parar a manos de quienes hoy cuentan con los recursos más que suficientes para apropiarse de un gobierno estatal del cual echar mano como uno más de sus boyantes y proyectados negocios en cartera.

El hoy candidato que promete las perlas de la virgen con todo y coro celestial a los neoleoneses, nada dice del oscuro conflicto de intereses que lo llevó a actuar de manera facciosa y parcial en su cargo de presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, desde el cual también manipuló los simulados foros que dieron luz verde a la Estrategia Nacional de Energía (ENE), que presentara en la primavera de 2010, ante el Congreso, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en cuyos ejes rectores se buscaba, ante todo, “que el sector energético de México tenga un efecto positivo en la calidad de vida de todos los mexicanos, reflejado en los niveles de empleo, impulsando el crecimiento económico y la equidad en nuestro país”.

Irónicamente, en el pasado sexenio sucedió todo lo contrario: no hubo más empleos, ni crecimiento económico, tampoco equidad ni mejor calidad de vida para millones de mexicanos, porque la prevaricación asumida por el testaferro parlamentario, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, se impuso por sobre los intereses mayoritarios del país. La entrega de la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro fue, y sigue siendo, muestra palpable de lo que en realidad representa el hoy candidato panista. Es bueno que en Nuevo León se vayan enterando de cómo se las gasta el ahora vendedor de promesas y esperanzas, y lo que les espera a sus habitantes de llevarlo al poder.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 Contralínea 426 / del 01 al 07 de Marzo 2015