La grave crisis humanitaria que experimenta Oriente Próximo en estos últimos años ha dejado en segundo plano el sufrimiento continuo al que se viene enfrentando la población palestina desde 1948. El desplazamiento palestino no sólo afecta a aquellos que se convirtieron en refugiados tras las guerras de 1948 y 1967, sino también a aquellos que se quedaron en este territorio y que viven bajo la sempiterna ocupación israelí.
Tras la ocupación de Cisjordania en 1967 -y en contra del derecho internacional- Israel anexionó unilateralmente la zona árabe de la ciudad, Jerusalén oriental, a su territorio. Durante estos 50 años Israel ha desarrollado una política de desplazamiento de la población palestina. La continua expansión de asentamientos israelíes, la discriminatoria y restrictiva zonificación urbanística en Jerusalén oriental, la denegación de permisos de construcción, así como la demolición y confiscación de viviendas palestinas, son algunos de los principales factores desencadenantes de este desplazamiento forzoso.
Esta política se traduce en la incesante denegación de permisos de construcción para los residentes palestinos. Cientos de familias palestinas cuyas estructuras no se consideran oficiales viven bajo el temor de ser despojadas de sus propiedades, tierras y esperanzas de futuro. Para obtener dichos permisos de construcción requeridos por la autoridad israelí, los residentes palestinos deben asumir un largo y costoso proceso burocrático. En el pasado no era práctica común el registro de las tierras por sus titulares, por lo que, en muchos casos, los palestinos encuentran una gran dificultad para demostrar la propiedad sobre sus tierras.
A consecuencia de estos obstáculos muchos ciudadanos palestinos se ven forzados a construir sin el permiso requerido por el sistema legal israelita. La única opción para estas familias es mudarse fuera del área metropolitana de Jerusalén. Esta alternativa conlleva la pérdida de su permiso de residencia permanente en Jerusalén y los derechos sociales y económicos asociados a ésta.
En definitiva, el desplazamiento no sólo priva a las personas de sus hogares, sino que a menudo lleva a una pobreza arraigada y una mayor dependencia de la ayuda humanitaria exterior. Las familias no sólo son multadas por haber construido sus casas sin autorización israelita, sino que también se les cobra el coste de la demolición.
En el último año el gobierno israelí ha demolido alrededor de 44 hogares en Jerusalén oriental, desplazando a 140 palestinos. Entre los años 2004 y 2016, 641 unidades residenciales fueron demolidas en Jerusalén por orden de las autoridades israelíes, desplazando más de 2 mil 358 palestinos. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), desde 1967 las autoridades israelíes han demolido más de 2 mil casas en Jerusalén oriental.
Como muchas otras familias palestinas en situación precaria, los inacabables procedimientos legales y burocráticos agravan aún más su situación, ocasionando incertidumbre e inseguridad a sus vidas por un periodo de años inaceptablemente largo. Sin embargo, un nivel económico y una calidad de vida muy superior es el que encontramos cuando visitamos el cercano asentamiento israelita de Homat Shmue. En relación con la construcción y expansión de asentamientos israelitas en territorio ocupado, cabe decir que desde 1967 más del 35 por ciento de las tierras de Jerusalén oriental han sido confiscadas para usarlas como asentamientos israelitas, considerados ilegales bajo el derecho internacional humanitario.
Cabe recalcar que todas las medidas demográficas y físicas -como la expropiación de tierras y propiedades, destinadas a cambiar el estatus de la ciudad de Jerusalén- han sido declaradas inválidas por varias resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Las acciones de Israel en el territorio palestino ocupado están sometidas al IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, aprobado en 1949 y del que es signatario Israel.
Pese a que Israel, como potencia ocupante, es el principal responsable del bienestar de la población palestina, continúa ignorando sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, el cual prohíbe la destrucción de propiedad si no está basada en necesidad militar. Esta violación constante del derecho a una vivienda digna y adecuada es un ejemplo de restricciones más amplias de derechos humanos que los palestinos afrontan diariamente.
Nuria Pérez Cusó
Contralínea 547 / del 10 al 16 de Julio de 2017
