Sexta Parte y última

Protagónico hasta el final de su mandato, Felipe Calderón agregó a su sexto Informe de Gobierno enviado al Congreso de la Unión, dos iniciativas para “urgente” resolución. Una de ellas, la Reforma Laboral, que ya fue desechada en la legislatura recién concluida, pero ahora aderezada con la intención de auditar a los sindicatos. Puede decirse que el presidente intenta colgarle el cascabel al gato, es decir, agarrar en curva a los nuevos diputados, y mediante artificiales cortinas de humo ocultar problemas de mayor calado para el país y su economía, como fue la silenciosa apertura del sector energético a particulares, sobre todo a firmas extranjeras que, en el caso del sector eléctrico, han terminado por controlar poco más de la mitad de la generación de electricidad en el país.

 

En previas entregas de esta serie, expusimos la situación de crisis y urgente auxilio que requiere este sector vital para nuestro desarrollo económico; hablamos de la incongruente política fiscal impuesta a Petróleos Mexicanos (Pemex) que le ha convertido en el principal aportador de recursos presupuestales, vía impuestos, a los últimos dos gobiernos panistas y que prácticamente le han dejado sin recursos para su reconversión y al borde de la quiebra.

 

Señalamos con abundancia de datos y elementos la estrategia no sólo antinacionalista sino absurda que ha terminado por abrir de par en par las puertas de la industria eléctrica a las trasnacionales; primero con la ilegal desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y después con la maquinada quiebra hacia donde se encamina a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ahora, toca a los miembros de la LXII Legislatura hacer los análisis y las lecturas correspondientes del grave problema heredado por las administraciones del Partido Acción Nacional y que entre sus efectos palpables e inmediatos muestran a los más de 6 millones de usuarios afectados por los cobros indebidos de la paraestatal en todo el país , sobre todo tras el cierre de LFC, y las constantes fallas en el servicio en la zona centro, mismas que lejos de ayudar a fortalecer la economía de muchos estados, incluido el Distrito Federal, han repercutido en millonarias pérdidas para la industria, el comercio y un sinfín de prestadores de servicios, así como el despido injustificado de 44 mil electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo conflicto será una de los peores saldos del sexenio de Calderón al nuevo gobierno.

 

Es inaplazable que la nueva legislatura planteé una nueva estrategia en el sector energético de los hidrocarburos para el mediano y largo plazo, con el fin de atender no sólo los rezagos de gasto de capital, sino para redireccionar sus objetivos hacia un proceso modernizador con desarrollo tecnológico que, como en el caso de Pemex, le permita abandonar su papel únicamente de productor de insumos y se transforme en generador de procesos con un alto valor agregado.

 

Los diputados y senadores deben cuestionar a fondo, en el tema de la electricidad, al modelo de intensa participación de los permisionarios privados que están desmantelando el servicio público nacional, primero con la extinción de LFC y progresivamente con la pérdida de capacidad de generación de electricidad por parte de la CFE. Es importante que los nuevos legisladores se enteren que los elevados márgenes de generación son producto del gran número de permisos otorgados a los Productores Independientes, por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que ha consentido, en los últimos 12 años, el crecimiento de una infraestructura eléctrica en manos privadas, sobre todo de intereses trasnacionales, en detrimento de la subutilización de la pública.

 

Como señalamos en su momento y fue comprobado por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe rendido a la Cámara de Diputados sobre el análisis de la Cuenta Pública de 2009, los productores independientes no asumen riesgos porque deciden vender a la CFE la energía que producen a los precios establecidos en contratos por 25 años o más.

 

Importante hacer notar al nuevo Congreso de la Unión que como lo acepta la propia ASF, de su parte existe un campo a evaluar en materia de licitaciones y permisos a permisionarios privados como Iberdrola, EDF Internacional, Mitsubishi, AES, Intergen, TransAlta, por citar los casos más emblemáticos, pues también hay que considerar que la CRE ha autorizado otras inversiones y proyectos que están desplazando a los del servicio público nacional.

 

Concerniente a las tarifas eléctricas, será vital que los legisladores establezcan, para efectos de fiscalización, determinar en qué medida los altos precios para la compra de energía a los permisionarios privados, provocaron el aumento de costos de las empresas públicas y cómo dichos costos están siendo transferidos a las tarifas de los usuarios de electricidad del servicio público, consumo residencial y de las diversas actividades económicas. Debe ponerse en claro incluso en qué medida también la reventa a LFC de la electricidad adquirida de los permisionarios por parte de CFE, con un sobreprecio, deterioró aún más la difícil situación financiera del organismo ilegalmente liquidado, supuestamente, por deficitario.

 

Además, una fiscalización en ese sentido permitiría una revisión a fondo de los subsidios que el gobierno federal ha entregado con recursos presupuestales a CFE, y en su momento a LFC, para supuestamente “compensar las bajas tarifas eléctricas” y determinar si efectivamente deben ser imputados a las bajas tarifas o a los altos costos de venta derivados de los pagos que la CFE está realizando a los permisionarios privados (léase empresas trasnacionales), por adquisición de energía eléctrica. Una revisión de esta naturaleza seguramente permitirá al nuevo Congreso comprobar que la CFE está siendo claramente desplazada por los proyectos de las empresas extranjeras, y por ende, con los desventajosos compromisos pactados, la electricidad continuará aumentando su precio.

 

Ahora que la composición legislativa es distinta sería de vital importancia que desde el Congreso se evaluará de una manera más objetiva, el contexto económico, financiero, legal y político en que se dio la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, pues es evidente que la ilegal medida se sitúa en el marco del predominio creciente de la inversión extranjera en una industria de generación y suministro de electricidad que constitucionalmente pertenece al gobierno mexicano.

 

Si la LXII Legislatura quiere poner las cosas en claro, por el bien del país, habrá de revisar qué tanto de la liquidación de LFC, la propia subutilización de la capacidad instalada y el desplazamiento de la CFE, son resultado de la creciente presencia de las trasnacionales y no tanto de deficiencias operativas y financieras de los organismos públicos, sobre todo de la sacrificada, en aras del capital extranjero, Luz y Fuerza. Es tiempo de que el Congreso asuma su papel y reordene un sector que amenaza con dejar de ser patrimonio de los mexicanos.

 

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 302 / Septiembre de 2012