Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe de Jesús Calderón se encuentra extraviado con sus falanges entre los laberintos de su propia guerra, mimetizada como una lucha contra la inseguridad. Ofuscado por su delirante triunfalismo guerrerista, sólo ve una de las múltiples máscaras de la violencia, la relacionada con el narcotráfico, cuya fisonomía ni siquiera observa en todos sus matices, mientras que a las otras manifestaciones las mira desdeñosamente. Para el comandante en jefe, las causas de las diferentes formas de las transgresiones carecen de profundas raíces sistémicas y se asemejan a simples rizomas, o a la policéfala Hidra de Lerna, si se prefiere, ante los cuales sólo se requiere de algunos años para despejar el terreno o para cortarle todas las cabezas y matarla, cual Heracles posmoderno.

Calderón supone que no le conciernen los costos y las secuelas económicas y sociopolíticas de su cruzada: las ascendentes víctimas que pueblan los escenarios de operaciones, los muertos y demás damnificados, ya sean de los Ejércitos enemigos o simples inocentes. Tampoco le interesa que, con su Estado de excepción y su conflicto bélico de dudosa fabricación jurídica, con la displicente complicidad de los poderes Legislativo y Judicial, los primeros sacrificados en la cruenta lucha hayan sido la Carta Magna, el estado de derecho, los derechos constitucionales de la población, e incluso los legales de los delincuentes, y los remedos de la democracia, figura retórica con la que medran las elites dominantes, con cuyos andrajos recubren al robusto régimen político autoritario, y a la que han aplicado la extremaunción. Como su principio persecutorio es implacable e insaciable, ante sus ojos, lo anterior son los inevitables daños colaterales que tienen que pagar y asumir los que, con su pasiva o activa permisividad, contribuyeron al desbordamiento del crimen organizado y su brutalmente sangrienta violencia: la sociedad y los precedentes gobiernos panistas y priistas.

De lábil sensibilidad, entre los estruendos del campo, el émulo de Jorge de Capadocia ha desarrollado un peculiar oído de artillero: sólo escucha a los que aprueban su estrategia. A Vicente Fox, quien se atrevió a sugerir la legalización de la producción y el comercio de las drogas para golpear a los cárteles, abatir los índices de criminalidad y retirar la anticonstitucional presencia del Ejército de las calles para evitar el mayor deterioro de su imagen, debido a su violación de los derechos humanos, le reprochó sus “muchas equivocaciones” cometidas en el combate a la delincuencia organizada y por “no actuar a tiempo”, ya que “si México (sic) hubiera comenzado a luchar contra este problema antes, hace cuatro o cinco o 10 años, estaríamos hablando ahora de un asunto completamente diferente”.

Francisco Blake, secretario de Gobernación, quien defiende la estrategia de tierra arrasada, afirma que la violencia se generó antes del gobierno de su jefe, y remarca que a todos los “delincuentes, sin excepción, se les va a aplicar la ley y la fuerza del Estado”. ¿Incluirá en su lista a los de cuello blanco del gabinete y a los empresarios, porque sobran candidatos? Genaro García, de Seguridad Pública, sostiene que la ineficacia policial se debe al abandono sufrido hace 30 años. Este controvertido individuo recién se vio obligado a reconocer que, pese al éxito, el consumo de la mariguana se ha cuadruplicado y se ha expandido el de la cocaína y las anfetaminas. El diputado Arturo García (Partido Acción Nacional) señaló que “el problema de seguridad no fue gestado en esta administración; el modelo del crimen se incubó en la década de 1980, protegido desde el gobierno y la policía”. Ante el señalamiento de Fernando H Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, relativo al fracaso de la guerra global contra el narco y la necesidad de aplicar una nueva estrategia basada en la prevención y la educación, Calderón dijo que no ve nada nuevo en sus juicios, que compartía el primero y ya aplicaba el segundo (El Universal, 11 de agosto de 2010, 26 de enero de 2011 y 1 de febrero de 2011; La razón, 28 de octubre de 2010; La Jornada, 28 de enero de 2011).

Sin embargo, ante la crítica de los juarenses por el fracaso de la estrategia, la vieja y la “nueva”, “todos somos Juárez”, que prometió la incumplida recuperación de la tranquilidad para las familias de la frontera, ya que el número de homicidios en la zona se elevó de 2 mil 600 en 2009 a 3 mil 60 en 2010, y por el olvido de los 160 objetivos considerados por el plan, Calderón y sus apologistas guardaron silencio. No los escucharon (El Universal, 30 de enero de 2011). Tan exitosa ha sido la lucha que, pese al apoyo de la señora Clinton, el Congreso estadunidense está alarmado por la crisis de seguridad en México (La Jornada, 28 de enero de 2011) y las autoridades de ese país recomiendan a sus compatriotas que piensen seriamente antes de viajar a esta nación. Tampoco mereció algún comentario la declaración de Maninder Gill, del Banco Mundial (BM), quien planteó que en el esfuerzo en contra de la inseguridad y la injusticia social debe primar “la justicia social y el desarrollo económico”, la atención a los niños y los jóvenes sin empleo ni trabajo, y el diálogo con la sociedad con la sociedad civil (El Universal, 27 enero de 2011).

Calderón está perdido en política de Perogrullo: “Las muertes violentas no son muertes que haya causado el gobierno; las han causado los criminales. Nosotros, lo que hacemos, es combatir a los criminales”. El resto carece de sentido. Se lava las manos en el torrente de sangre. Los inocentes asesinados por las fuerzas públicas en la guerra no existen (sólo fueron 111 en 2010, según Raúl Plascencia, de Derechos Humanos), ni los retenes convertidos en embudos de la muerte ni los heridos, ni los detenidos ilegalmente ni lo torturados, ni los vejados ni la sustitución de la presunción de inocencia por el principio de la culpabilidad a priori, ni las socialmente degradantes denuncias por la violación de los derechos constitucionales (1 mil 415 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, 595 en contra de la Policía Federal, 537 en contra de la Procuraduría General de la República, 3.9, 1.6 y 1.5 por día, en cada caso), ni el uso faccioso de las “denuncias” de los testigos protegidos ni la impunidad ni las infames resoluciones judiciales. Todo es ficción. Al cabo, Calderón ya había advertido que la ofensiva y la derrota de los criminales “no van a ser fáciles [ni] rápidas. Incluso van a ser dolorosas”.

Es indudable que los delincuentes merecen la aplicación de la ley. El castigo por sus ilícitos y sus asesinatos cada vez más feroces, masivos, indiscriminados. Hasta puede aceptarse un aserto de Calderón: para lograr sus propósitos, “esa gente ha perdido la razón, están locos y están utilizando medios muy violentos”. El problema es que la solución bélica, convertida en “razón de Estado”, por encima de la población, implica potencialmente el terror, similar al que imponen a los que se combaten. De hecho, ya se ha convertido en una especie de terrorismo de Estado, en una guerra sucia, en una asepsia social, en el exterminio de los indeseables, medida que, de alguna manera, es apoyada por algunos sectores de la sociedad que exigen la instauración de la pena de muerte para tratar de recobrar su seguridad perdida y observan con indiferencia o cierto beneplácito su eliminación. Aun la historia demuestra que una vez que el terror oficial se escapa del control, se convierte en una eficaz maquinaria de la muerte. Primero mata metódicamente, a sangre fría; luego termina por perseguir a todos. El terrorismo estatal se trastoca en una violencia indistinta que puede devorar a cualquiera, con o sin excusa. Los calderonistas han trasgredido la ley hasta el extremo de la degradación de los delincuentes, presuntos o comprobados. Su espectacular exhibición pública y el estímulo de su linchamiento, en el que han participado activamente las televisoras, es una expresión de ello. En parte, la brutal violencia de los malhechores es la respuesta a esa actuación.

En la opción por el “escarmiento” estatal, cabe la muerte, la última solución, convertida en una medida ejemplar para los que pretendan contravenir la legalidad y desafiar el poder establecido. Es la imposición del miedo a la mayoría de la población y la escoria social, ya que una minoría delincuencial normalmente escapa a las leyes, más que la promoción del respeto al estado de derecho, basado en el consenso sobre una justicia escrupulosa, digna, igualitaria, justa, en la credibilidad y legitimidad de las instituciones y sus representantes, virtudes de las que carece el sistema.

La deliberadamente estrecha visión de la lucha calderonista en contra de la delincuencia soslaya las profundas raíces de la violencia: la creciente pobreza, miseria, desigualdad y exclusión social, provocadas por el modelo económico y las políticas públicas que promueven la salvaje acumulación capitalista neoliberal; por el autoritarismo del sistema político que mantiene cerradas todas las puertas legales e institucionales a la población para que puedan defender sus derechos e intereses. Maninder Gill, del BM, “recomienda” una estrategia de inclusión social, mientras que, en la práctica, junto con el Fondo Monetario Internacional, imponen la internacional neoliberal, que ha arrojado los resultados señalados a escala mundial. El senador priista Manlio Fabio Beltrones dice que “el asunto central es el diseño [calderonista] de una política económica y social que ha convertido al país en una auténtica fábrica de pobres y ha sido incapaz de hacer frente a la demanda de empleos”, mientras que él y su partido promueven y legitiman, desde el Congreso, las mismas políticas que han llevado a esta situación. Son los mismos programas y el mismo modelo y proyecto de nación que entronizaron despóticamente los gobiernos neoliberales de su propia organización.

Los panistas, los priistas, el Poder Judicial y la oligarquía empresarial son responsables de la falta de empleos legales, del despojo de las conquistas laborales de los trabajadores, de la ley de hierro impuesta a los deteriorados salarios reales, de la concentración del ingreso y la riqueza nacionales, del desmantelamiento del Estado de Bienestar (la educación, la salud, la vivienda, las pensiones), de la política fiscal regresiva que sólo favorece a los grandes empresarios, del despojo, la depredación y la corrupción que existen alrededor de los recursos de la nación. Los panistas y los priistas, a los que se han sumado algunos sectores de la “izquierda civilizada”, ocupan espacios de poder gracias a los electores, a los cuales han traicionado. Ellos son los responsables del genocidio económico y social. Con su guerra, Calderón y su equipo se han convertido en lo que Theodor Adorno, el filósofo alemán de la escuela de Fráncfort, denominó como “asesinos de escritorio”.

Y esa responsabilidad es compartida por los legisladores que controlan el Congreso.

La pobreza, la desigualdad, la exclusión social o la injusticia no generan automáticamente la opción por el delito como una forma de supervivencia. Si fuera así, en México existirían poco más de 70 millones de delincuentes. Sin embargo, el gobierno los trata como si lo fueran.

Los fantasmas, empero, rondan. En el Medio Oriente, empiezan a salirse de la botella y se deshacen de sus déspotas. El riesgo de una explosión similar es cada vez más cercana en México. Los agravios, la desesperanza y el rencor acumulados por los sacrificados del sistema y su modelo, los que no delinquen, a los que no se les ofrece una salida institucional, pueden optar por buscar soluciones parecidas.

*Economista

Fuente: Contralínea 220 / 13 de febrero de 2011