Desde hace más de 1 década, el gobierno de Estados Unidos ha buscado por todos los medios arrebatar de forma ilegítima la Presidencia de Venezuela a quienes encabezan un proyecto político y social que se opone a entregar el petróleo y los recursos estratégicos de aquella nación a las multinacionales, sobre todo estadunidenses.

Los argumentos de “promoción y defensa de la democracia” que viene esgrimiendo la derecha venezolana para financiar por diversos puntos de aquel país la instalación de las llamadas guarimbas (cierre arbitrario de calles), como forma de presión al régimen de Nicolás Maduro, desde hace 2 meses, buscan obtener precisamente lo que las mayorías les negaron en las urnas: un reconocimiento y legalidad por la vía democrática.

En las elecciones presidenciales de abril de 2013, los votantes dieron la espalda a los que ahora, apoyados por una campaña mediática orquestada desde Washington, intentan hacer creer al mundo que en la nación centroamericana hay un gobierno dictatorial y represivo, cuando el trasfondo del conflicto es de índole meramente imperialista y expansionista, ajeno a los intereses del pueblo venezolano.

La estrategia, puesta en marcha desde el pasado 12 de febrero, ha buscado colgarle al proyecto desestabilizador el sello de un inexistente movimiento estudiantil, puesto en evidencia en reiteradas ocasiones al descubrirse el verdadero origen de quienes operan las guarimbas y otras acciones de provocación, como la quema de hospitales y edificios públicos; de las “protestas estudiantiles”, sólo el 30 por ciento de los detenidos por las autoridades son estudiantes, el resto aparecen como agitadores a sueldo.

Pero por si hubiera alguna duda sobre la mano de la derecha en la intención por cercar al gobierno de Maduro, estos estudiantes son miembros de escuelas privadas y conservadoras, que asisten a sus colegios en automóviles del año y tienen las posibilidades económicas para sufragar millonarias colegiaturas. Los estudiantes de las escuelas públicas, a los que la Revolución Bolivariana les ha permitido tener acceso a una educación gratuita, no se cuentan entre el reducido y bien focalizado “descontento social” que los corresponsales de la prensa extranjera buscan inventar por órdenes expresas del gobierno estadunidense, para confundir a la opinión pública internacional.

Es el momento para que, desde todos los foros posibles, voces libertarias y con legítima vocación democrática exijan a los medios de comunicación venezolanos y extranjeros –serviles a los intereses estadunidenses– una explicación al pueblo de Venezuela y al mundo sobre el papel que han venido jugando desde hace años, en la instrumentación del manipulado conflicto social, organizaciones como la FTI Consulting (supuesta “empresa global de gestión de riesgos”, con sede en Washington, Distrito de Columbia), de cuyas operaciones han salido los recursos para el patrocinio de organizaciones colombianas como la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia y la Fundación Internacionalismo Democrático, ambas ligadas al expresidente Álvaro Uribe, colaboracionista de Estados Unidos durante su gestión como mandatario colombiano de 2002 a 2010.

Los periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros sumados a la estrategia contra el legítimo gobierno de Venezuela han tratado de minimizar, por todos los medios, el documento obtenido y publicado por la abogada Eva Golinger, donde se detalla paso a paso la estrategia puesta en marcha en el presente año parar derrocar a Nicolás Maduro. Algunos de los “golpistas” que se reunieron en Colombia en junio de 2013 para afinar los detalles del proyecto de desestabilización son personajes que ahora tratan de ganar posiciones, “vía el diálogo”, para desde ahí iniciar su plan de minar por dentro al proyecto bolivariano. Entre ellos se cuenta a la diputada María Corina Machado, Julio Borges y Ramón Guillermo Aveledo; este último, actual secretario ejecutivo del bloque opositor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

A través de su organización Súmate, Corina Machado ha recibido financiamiento de Estados Unidos por medio de la Agencia para el Desarrollo Internacional y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), ambas organizaciones son utilizadas por el gobierno estadunidense para hacer las labores de desestabilización que antes desempeñaba de manera encubierta su Agencia Central de Inteligencia, como el golpe de Estado que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile, en 1973.

El revelador documento es la papa caliente que quema a todos los integrantes de la derecha y a los medios cómplices, ya que en el mismo se da cuenta de las acciones de sabotaje que se han echado a andar –como es la afectación a los servicios públicos como la electricidad– y cuyo objetivo es culpar al gobierno por su “ineficiencia”, lo mismo que “aumentar los problemas de escasez de alimentos básicos”, achacando a la administración de Maduro la instauración de un modelo económico equivocado. La producción de alimentos en Venezuela se encuentra en manos de empresarios de la derecha que están precisamente fomentando una escasez ficticia para poner al pueblo en contra de Maduro, como parte de la estrategia antes detallada.

Otros ingredientes ayudan a explicar que los hechos sucedidos en Venezuela no son obra de la casualidad y, menos, producto de un generalizado descontento social, sino elementos del plan instrumentado por la derecha que busca “crear una crisis en las calles para facilitar la intervención de la fuerzas estadunidenses y de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte], con el apoyo del gobierno de Colombia”. Y para cerrar la pinza, fabricar una imagen represiva a Maduro y aislarlo de los apoyos internacionales, para lo cual se prevé “la contratación de periodistas y reporteros venezolanos e internacionales” de cadenas y medios tales como CNN, The New York Times, Reuters, AP, BBC, El País, Miami Herald y El Clarín, por citar algunos.

El proyecto golpista guarda silencio cuando de citar el contenido de los reveladores cables de Wikileaks se trata, como el que mostró la función de la Oficina de Iniciativas de Transición, que operaba para la embajada de Estados Unidos en Venezuela y que diseñó un proyecto de cinco puntos a ser ejecutados, en el periodo 2004-2006, contra el gobierno de Hugo Chávez, entre los que se buscaba aislar a su gobierno del resto del mundo, cooptar a sus cercanos colaboradores y fortalecer con recursos, vía organismos como la NED, a organizaciones contrarias al régimen chavista, como la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que tuviera una destacada participación en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y que hubo de ser revertido por el apoyo masivo que obligó al ejército a dar marcha atrás. Ese apoyo que, luego de 18 procesos electorales, ha dicho no a una derecha obstinada en servir de tapete al gobierno estadunidense para cancelar un proyecto social y político que ha favorecido al pueblo venezolano.

Hay que decirlo a voz en cuello: en estos momentos es todo un proceso revolucionario lo que está en juego en Venezuela; es el derecho de las naciones pequeñas a defender sus valiosos recursos naturales, como el petróleo, para ser empleados en beneficio de las mayorías. Por eso debemos denunciar, por todas las redes sociales y los medios posibles, que las guarimbas de Venezuela no son más que la expresión de una embozada derecha, ansiosa de traicionar a su pueblo y a su patria.

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Contralínea 383 / 27 de Abril al 03 de Mayo