Criminalizan a personas defensoras de derechos humanos
El pasado 28 de marzo de 2017, después de 35 días de encarcelamiento arbitrario, obtuvo su libertad Silvia Juárez Juárez (Silvia Juárez), indígena zoque, defensora comunitaria de derechos humanos, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas, y la región; quien fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y se encontraba en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 14, El Amate, en el municipio Cintalapa de Figueroa.
El Juzgado de Control y Enjuiciamiento, con sede en Cintalapa de Figueroa, ordenó la libertad de Silvia Juárez, después de que el licenciado Raciel López Salazar, procurador general de Justicia del Estado de Chiapas, se desistió de la acción penal por los delitos de secuestro, daños y motín, por considerar que al Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos. Sin embargo, Silvia Juárez aún está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada 15 días, porque el licenciado César Rodríguez Robles, Juez de Control, consideró que existen elementos para acreditar el delito de daños. Ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia.
Horas antes de que Silvia Juárez quedara en libertad, el presidente Municipal de Tecpatán, Armando Pastrana Jiménez, promovió un amparo por el desistimiento de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), para evitar que la defensora comunitaria obtuviera su libertad. Además de mantener denuncia en contra de 29 personas defensoras comunitarias ante el Fiscal del Ministerio Público en Chiapa de Corzo, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa.
Debido al hostigamiento judicial y ante el temor de ser privados arbitrariamente de su libertad, el pasado 23 de febrero los defensores comunitarios Sergio Cruz Escobar y Lucas Nañes Castellanos solicitaron amparo y protección por orden de aprehensión en su contra. El 2 de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas les requirió la cantidad de 19 mil pesos a cada uno, como fianza para obtener la suspensión de la orden de aprehensión. Ante la imposibilidad de que los defensores comunitarios realicen el depósito requerido su libertad se encuentra en riesgo.
Para este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, (Frayba), la Privación Arbitraria de la Libertad de Silvia Juárez y el mantenerla bajo proceso, así como las órdenes de aprehensión en contra de otras 29 personas, son acciones de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la Madre Tierra, en contra de los intereses generados por la industria extractiva en la región zoque de Chiapas.
Quienes integramos el Frayba advertimos con preocupación que a pesar de los cambios en el sistema de justicia penal, en Chiapas se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial así como a la presunción de inocencia, que generan privaciones arbitrarias a la libertad. Especialmente, el sistema de procuración y administración de justicia se usa para criminalizar y reprimir a defensores y defensoras de derechos humanos, en un contexto de cada vez mayor riesgo de quienes enfrentan hostigamiento, amenazas, desprestigio, entre otras agresiones. Situación de vulnerabilidad en el país, tal y como lo refiere Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos:
La situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos. Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Someter a las defensoras y los defensores a largos procesos legales es claramente un instrumento para intimidarlos y subyugar su defensa de los derechos humanos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México; 5 de abril de 2017.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
Exigen detener iniciativa de ley de biodiversidad
Los abajo firmantes, científicos, escritores, organizaciones civiles y productivas, llamamos la atención a las y los senadores integrantes de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Primera que pretenden dictaminar la Iniciativa de Ley general de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas.
De aprobarse esta iniciativa afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural y que se articulan a los derechos humanos y a la formación pluricultural del país. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México.
Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios.
En la redacción de la iniciativa deja ver sólo una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables.
La Iniciativa se elaboró sin consulta previa, libre e informada y de buena fe, a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. Contraviniendo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por lo anterior, exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad, a través de foros y la consulta previa, libre informada, en las diferentes lenguas de los pueblos indígenas y de buena fe hacia ellos, las comunidades equiparables y la sociedad en general.
Atentamente,
Organizaciones y movimientos: Caravana de la Diversidad Biocultural; Campaña Nacional Sin Maíz No hay País; Grupo de Estudios Ambientales; Semillas de Vida; Asociación de Consumidores Orgánicos; Regeneration International; Enlace, Comunicación y Capacitación; Carnaval del Maíz; Greenpeace México; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, de Tlaxcala; Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en Baja California Sur (compuesta por 36 organizaciones). Personas: Elena Poniatowska; Sergio Aguayo; Víctor Toledo Manzur; Carlos H Ávila Bello; Luis Felipe Crespo Oviedo; Catherine Marielle; Gustavo Ampugnani; Francia Gutiérrez; Aída Castilleja; Arturo Argueta; Eckart Boege; Luisa Paré; Alberto Betancourt; Adelita San Vicente; Jaime Cuevas; Mercedes López Martínez; Emma Estrada Martínez, miembro coordinador de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural; Carlos Meade de la Cueva de Yaxché, Árbol de la Vida; Amparo Borja de la Rosa, de División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo; Cecilia Jiménez Sierra, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa; Héctor Mario Aguilar Reyes, coordinador Técnico de Cocodrilianos Sin Fronteras; Patricia Colunga García Marín, del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur; Sonia Teresa Cruz Vasconcelos, estudiante del Colegio de Postgraduados; Licet Olguín Hernández, estudiante de maestría CIIDIR-Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional; María Angélica Padilla García, prestadora de Servicios Técnicos Forestales; Marina Villegas y de Gante, jubilada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional; Marco Antonio Vásquez Dávila, del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca; Mariana Pizarro Cepeda, pasante de la Universidad Juárez del Estado de Durango; Miguel Ángel Pinkus Rendón, del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales UNAM; Leopoldo Mohedano Caballero, de la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo; Elada Miriam Aldasoro Maya, del Colegio de la Frontera Sur; Guadalupe Yesenia Hernández Marquez, consultora particular, Oaxaca; Alba Torres García, de la Universidad Autónoma Chapingo; Claudia E González Romo, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Atzin Elihu Calvillo Arriola, de Tierra Nueva, AC; Gerardo Rodríguez Quiroz, del Departamento de Acuacultura, CIDIR Instituto Politécnico Nacional; Eugenio Alberto Aragón Noriega, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; María de Lourdes Jiménez Badillo, de la Universidad Veracruzana; Aurora Margarita Breceda Solis Cámara, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; Jorge de Jesús Cancino Hernández, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; Patricia Galina Tessaro, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste; Susana Ochoa Gaona, del Colegio de la Frontera Sur-Unidad Campeche; Rodolfo Campos Bolaños, de la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo; Marisela Cristina Zamora Martínez, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; Víctor Iván Sombra Argüelles, estudiante en el Colegio de Postgraduados; Alma Rosa Pizano, del Departamento de Sociología Rural Universidad Autónoma Chapingo; Lilia Pérez Ramírez, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México; Eréndira Juanita Cano Contreras, doctorante de El Colegio de la Frontera Sur; Gabriela Linares Sosa, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil; Karina Yanet Hernández Alavez, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil; Josué David Mendoza, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca; Luz Laila Pérez Alavez, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Moisés Martinez Francisco de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Teodoro Yescas Francisco de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Silvia Gómez López de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil; Aldo González Rojas, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil; Clemencia Sánchez Cortes, del Colectivo Nshwin, Biología y Cultura; Adriana Pacheco Hernández, del Colectivo Nshwin, Biología y Cultura; Yuliana Venegas, del Colectivo Nshwin, Biología y Cultura; Josué Hernández, del Colectivo Nshwin, Biología y Cultura; Karina Yanai Tadeo, del Colectivo Nshwin; Samuel Flores Verduzco de la Universidad Autónoma Chapingo.
La delincuencia “legal”, más dañina que la ilegal, dice
A pesar de las cifras presentadas, el crimen organizado legal, es decir, aquel que ópera desde el régimen totalitario neoliberal, es el que más ha asesinado gente en México. Mediante el narco, los paramilitares, las Fuerzas Armadas y las políticas de hambre y miseria han despoblado ricos territorios, hoy en día privatizados en beneficio de Estados Unidos y la Unión Europea. Lo cierto es que la necrocracia participativa sólo ha asesinado 500 mil personas desde 2006.
Adrián Jurado
[NUESTROS LECTORES]
Contralínea 534 / del 10 al 16 de Abril 2017
