Desconectados de la realidad social del país, seguramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ignoran la lucha que habrán de iniciar nuevamente los ejidatarios de San Salvador Atenco, Estado de México, no por la amenaza de un nuevo proyecto aeroportuario y la defensa de sus tierras, sino a causa de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende embargarles sus parcelas, al alegar adeudos por 50 mil, 60 mil pesos y hasta millones, por el uso de energía eléctrica en sus sistemas de bombeo.
Altos, injustos e ilegales cobros por los que los campesinos afectados y millones de mexicanos no podrán ampararse si antes no liquidan, a juicio de los ministros del máximo tribunal, sus adeudos con la entidad pública, ahora facultada para pisotear las mínimas garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la ejecución de embargos. El sentido social que implica la prestación del servicio eléctrico, por ende, desaparece, aún cuando las leyes en la materia todavía lo establecen como una obligación del Estado.
La decisión tomada hace unos días por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coartando el derecho de los usuarios a defenderse de los constantes abusos, coloca nuevamente a los integrantes del alto tribunal en el pedestal de las aberraciones jurídicas y en total desapego a la terrible crisis económica que enfrentan millones de familias, que ahora estarán a merced de las arbitrariedades y abusos de la CFE, obligados a pagar si no desean que sus magras pertenencias les sean confiscadas en prenda por adeudos inventados por la mal llamada “empresa de clase mundial”, ahora transformada en usurera. El sistema feudal en pleno siglo XXI.
La técnica jurídica de la Suprema Corte es por demás irreal y absurda, pues establece que sólo procederá la tramitación de un amparo ante los recibos locos de la CFE, si el demandante paga primero sus adeudos; pero en caso de que le asista la razón, el excedente de cobro le será compensando en sus sucesivos consumos, de tal suerte que la Comisión Federal de Electricidad no tendrá siquiera la obligación de reintegrarle el dinero ilegítimamente cobrado.
Tan sólo en la zona centro del país, antes atendida por Luz y Fuerza del Centro y los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), hay 3 millones de usuarios que han presentado sus quejas ante organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor, por el cobro irregular en sus recibos. Como se ha documentado en miles de casos y mediante “lecturas estimadas”, la CFE ha disparado sus cobros hasta en 1 mil por ciento sin dar una explicación lógica a los afectados. La respuesta es siempre la misma: “primero pague y luego trámite su aclaración”.
Familias que antes del golpe al SME y el cierre de Luz y Fuerza, en octubre de 2009, pagaban recibos de 300 o 500 pesos, de la noche a la mañana les aparecieron deudas estratosféricas a liquidar bimestralmente de 10 mil, 20 mil y hasta 30 mil pesos, es decir, que en los últimos 4 años sus adeudos llegan a sumar más de 200 mil y hasta 400 mil pesos. Situación por demás absurda, pues en ningún país del mundo el costo de la electricidad alcanza tales niveles. Las pruebas integradas en voluminosos cartapacios ahí están a la espera de que alguien haga justicia.
Es indiscutible que lo planteado por los ministros carece de pies y cabeza, porque en primer término ningún hogar humilde ni de clase media tiene para liquidar tal cantidad de dinero; en segundo lugar, y de aplicarse su rocambolesca propuesta, ¿cuántos años, o mejor dicho, generaciones habrán de transcurrir para que a través de sus consumos los usuarios afectados recuperen lo sufragado a la CFE?; y en tercer lugar, si así lo determinan los chicaneros abogados de la paraestatal, podrán incluso hasta embargar el patrimonio de las familias. Excesos que ni en los injustos tiempos de Porfirio Díaz tuvieron cabida.
Por si el desamparo en que los ministros dejan a la población no bastara, ahora a espaldas del pueblo y sin la aprobación de los propios legisladores, el pasado 28 de noviembre de 2013, el abogado general de la CFE, César Augusto Santiago, y el aún director general, Francisco Rojas, establecieron los nuevos mecanismos de cobro de la electricidad, entre los que destaca el llamado sistema de Prepago, que en anteriores entregas citamos como otro atentado más a la economía de millones de familias pues determina el cobro de la energía eléctrica por adelantado, mediante la adquisición de electricidad a través de una tarjeta, en un sistema similar a la compra de tiempo aire de los teléfonos celulares.
El asunto de los injustos cobros de la electricidad se ha extendido por todo el territorio nacional convirtiéndose en un auténtico problema social; miles y miles de usuarios han dejado de pagar sus recibos por la sencilla razón de que carecen del dinero para afrontar unas tarifas y un costo que rebasan, por mucho, sus raquíticos ingresos. El problema de fondo, y lo hemos denunciado desde hace años, es que el proceso de privatización que arrancó con los gobiernos panistas en la pasada década, entregó ya a las trasnacionales más de la mitad de la generación de la energía eléctrica en el país, pactando en franca desventaja el comprarles su electricidad de manera obligada por los próximos 25 años, generando con ello un adeudo a pagar de 1.6 billones de pesos. Obvio que el dinero tendrá que salir del bolsillo de los usuarios a los que no importará expoliar para que los gobiernos neoliberales y su clase política hagan frente a sus compromisos contraídos.
La sociedad misma ha empezado a organizarse, y en esta labor ha contribuido el SME para dar paso a la Asamblea Nacional de Usuarios en Defensa de la Energía Eléctrica, organización que cada vez cuenta con más adherentes que ya realizan una lucha de resistencia civil pacífica como es la huelga de pagos, en espera de que, desde el Congreso de la Unión, los senadores se decidan a dar luz verde a la propuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas de poner en marcha a las hidroeléctricas, actualmente relegadas de la generación de electricidad, que producirían energía barata para ofrecer a los 32 millones de usuarios de consumo doméstico una tarifa social a un precio de 56 centavos el kilovatio-hora (Kwh), mucho más económica que la de 3.5 pesos que la CFE impone a los hogares que exceden el consumo de los 250 Kwh al mes.
Los senadores tienen además en sus manos la responsabilidad de aprobar la iniciativa ciudadana presentada por los usuarios en la que se plantea elevar a rango constitucional el derecho a la energía eléctrica y la ya mencionada tarifa social, que frene las arbitrariedades que los ministros de la Corte han dejado pasar en detrimento de los derechos de millones de mexicanos. Es el momento de luchar por la defensa del carácter público del servicio de electricidad que estableció en 1937 el general Lázaro Cárdenas, cuando fundó la Comisión Federal de Electricidad.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Contralínea 381 del 14 al 20 de abril de 2014
