La reciente discusión en el Senado sobre la ley secundaria que da forma a la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, aprobada apenas el año pasado, ha generado preocupación e incertidumbre. Sorprende la rapidez con que los titulares del Banco de México y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República han intervenido para colocar candados en algunos rubros sensibles para labores de seguridad y estabilidad económica. Esta situación hizo que se propusieran poco más de 80 modificaciones al proyecto de dictamen, sobre todo impulsadas por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México. De esta forma intentan echar por tierra el trabajo de cientos de horas de organizaciones profesionales de la sociedad civil, expertos en la materia, periodistas y la participación del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
Los 10 puntos argumentados por el Ifai contra tal intento hacen énfasis en la participación plena de órganos autónomos garantes en casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, y evitar con ello que haya alguna aprobación previa de “autoridad competente”, pues eso se ve como una limitación importante que revierte el avance logrado en esta materia. En este mismo sentido se pide que se haga una mayor definición en lo que se refiere a las reservas de la información por razones de seguridad nacional, y a lo que ahora se pretende añadir subrepticiamente acerca de la estabilidad económica, financiera y monetaria, lo que nos impediría entre otras cosas, por ejemplo, conocer los convenios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con algunos de los grandes contribuyentes morosos y omisos, y sobre todo la situación y el manejo que se haga del fondo del petróleo.
Por experiencia, en años anteriores ha resultado muy vago invocar la seguridad nacional para no responder positivamente a las demandas de información por parte de la ciudadanía, pues en realidad mucha de esa seguridad se refiere sobre todo a la seguridad de las instituciones del Estado, e incluso del régimen, y no a la seguridad de las personas y sus derechos humanos. En razón de esto, se hace urgente que el debate de esta ley secundaria lleve a la construcción colectiva y consensuada de parámetros razonables que no restrinjan el derecho de acceso a la información, pues de lo contrario estaremos frente a un retroceso más de los varios que ahora se pretende legalizar, como es también el caso, por ejemplo, del sistema nacional contra la corrupción.
Resulta paradójico que, después de lograda en 2014 una reforma constitucional casi por unanimidad en materia de transparencia y acceso a la información pública, relevante y aplaudida por diversos grupos políticos, académicos y sociales, ahora lleguemos a un debate nuevamente desde cero. En este sentido, y frente a la crisis de derechos humanos que vive el país, avanzar en materia de combate a la corrupción es urgente. El acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas son en esto piedra angular en este cometido. Y por lo que se refiere al mismo órgano garante de este derecho de acceso a la información, se ha hecho público que para este año el Ifai recibió un incremento de más de 40 por ciento en sus presupuestos con respecto del año anterior. Sin embargo, y de acuerdo con investigaciones periodísticas, se conoce que, a propósito de la reforma anterior, el gasto del nuevo Ifai nos deja nuevamente en zozobra con relación al diseño, implantación y gestión de las instituciones garantes, pues el costo por la garantía de nuestros derechos, en este caso los referidos a la transparencia y el acceso a la información, sigue siendo muy elevado.
La legitimidad de las instituciones, en efecto, no radica sólo en el buen diseño de su andamiaje legal, lo cual desde luego ahora es importantísimo a propósito de la ley secundaria, sino también en la austeridad, efectiva gestión y eficiencia en el uso de los recursos, lo que no nos cambiaría la fórmula de “más garantías de derechos con menos costo al erario público”. Así como que el gasto sea mejor distribuido sobre todo entre quienes menos tienen en nuestro país.
Miguel Concha Malo*
*Filósofo, sociólogo y teólogo; director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
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Contralínea 426 / del 01 al 07 de Marzo 2015
