Un hecho que pone en duda la intención de Felipe Calderón de acabar con el crimen organizado es su desinterés y omisión por combatir el delito de lavado de dinero producto de muchos ilícitos. Durante los cinco años que lleva al frente del gobierno federal, son nulos sus resultados para procesar a los blanqueadores de dinero sucio, independientemente que los recursos mal habidos provengan del tráfico de drogas, el secuestro, la trata de personas, los fraudes financieros o hasta de robos.

 

El caso es que en México prácticamente no hay delincuentes sentenciados por lavar dinero en los circuitos financieros mexicanos, ni tampoco por introducir dinero sucio en sectores estratégicos como el turístico. Mucho menos imaginar que dueños o directores generales de bancos, la mayoría de ellos extranjeros (salvo Banorte, propiedad del priísta Roberto González Barrera), pudieran ser investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Procuraduría General de la República, porque las instituciones financieras son utilizadas para blanquear el dinero sucio y financiar actividades criminales.

 

Sin resultados judiciales en esa área vital para la delincuencia organizada, es comprensible creer que el gobierno federal miente a los mexicanos cuando expresa que le ha declarado la “guerra” al narcotráfico, ya que las finanzas de los cárteles de la droga están intactas. Imaginemos un escenario en donde las bandas delincuenciales no tuvieran dinero para comprar armas, contratar sicarios (mexicanos y extranjeros), sobornar funcionarios, policías y jueces corruptos, comprar las drogas que transportan desde Suramérica o pagar a campesinos por sembrar mariguana. Si se combatiera el lavado de dinero, eso es lo que ocurriría y entonces las autoridades tendrían una oportunidad real para vencer al crimen organizado.

 

Pero ese vacío abierto por las autoridades mexicanas ha sido llenado por organizaciones policiales de Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro; Aduanas; la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), la Agencia de Inteligencia Central y la Oficina Federal de Investigación, todas interesadas en los recursos que se blanquean en México, pero muy poco efectivas en el dinero sucio que entra a su país, lo que lo coloca como el principal centro de lavado de dinero del mundo, y en donde se calcula que la cifra rebasa los 100 mil millones de dólares por año.

 

El caso más reciente, como comentamos la semana pasada, es el de la corrupta Agencia Antidrogas DEA, la cual vino a México a lavar dinero junto con los cárteles del narcotráfico, pues al fin de cuentas aquí nadie investiga ese delito y mucho menos lo persigue.

 

Es precisamente este tema al que se refirió hace unos días la vocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, quien rechazó que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero que realizaron en México agentes de la DEA, como parte de una supuesta lucha contra el narcotráfico, según reportó la agencia gubernamental Notimex.

 

El pasado 11 de diciembre, Alejandra Sota declaró en Washington en el programa Al punto (de la cadena Univisión), que “no sabía el gobierno mexicano [del hecho], y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento”.

 

Antes de eso, el precandidato panista a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, había dicho que se teníaN que investigar esas operaciones encubiertas de la DEA en territorio nacional. Es decir que, como secretario de Hacienda –cargo que ocupó hasta el 9 de septiembre de 2011–, tampoco se enteró de alguna operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y México, con el propósito de combatir el blanqueo de capitales.

 

Más claro no puede ser que el gobierno de Estados Unidos y sus cuerpos policiales y de inteligencia hacen en México lo que quieren, violan las leyes y la soberanía, sin que alguna autoridad mexicana, aunque fuera Calderón, les exija respeto para el país y la Constitución o por lo menos les reproche su intromisión en actividades delictivas.

 

Como sabemos fue el diario The New York Times el que reportó que agentes de la DEA han estado lavando y contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de una supuesta lucha contra el narcotráfico.

 

De acuerdo con el diario, en algunos casos agentes de la DEA llegaron a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos, acompañados por estadunidenses, se han hecho pasar por contrabandistas y así recogen el dinero en México.

 

Cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos en la operación de la DEA, la vocera de Calderón reiteró que “definitivamente es algo que se tiene que investigar, pero de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.

 

¿Dónde está el comandante supremo de las Fuerzas Armadas que debe defender al país de cualquier agresión y violación a la soberanía y a la Constitución? Pues anda persiguiendo en México a todo aquel que se atreva a cuestionar su política militarista.

 

*Periodista