Para evitar sobresaltos en el próximo gobierno, el secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, debería pedir la intervención del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan, y del auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, para que revisen a detalle la asignación de contratos de obras y servicios que se han hecho en los últimos seis años en la Oficialía Mayor de esa Secretaría, pues hay acusaciones de corrupción y malos manejos administrativos.

 

Para empezar, esos órganos de control del Ejecutivo y Legislativo podrían revisar los contratos SCVIA/016-2008 y 13/SCIA/0 00-2012, que firmó la Secretaría de Marina con las empresas Volans, SA de CV (de origen ruso), y FTI, de Estados Unidos, para la reparación de cuatro helicópteros MI-17, a un costo aproximado de 6.6 millones de dólares (cerca de 90 millones de pesos).

 

Dicha operación ocasionó controversias legales por “incumplimiento de contrato” en contra de la Marina, pues el apoderado legal de Volans, Yury Chumak, sostiene en una querella presentada ante tribunales que dicha Secretaría le asignó la reparación de las cuatro aeronaves y después canceló el contrato para otorgárselo a FTI, lo que le ha causado un daño patrimonial a su empresa por 3.3 millones de dólares.

 

Al investigar qué pasa en la Secretaría de Marina, hemos encontrado que el secretario Saynez desconoce las operaciones que sus subalternos realizan en su nombre, y algunas compras de bienes y servicios son por lo menos sospechosas de malos manejos. Lo extraño del caso es que al parecer el almirante tampoco se entera de las denuncias y quejas que empresas privadas han presentado ante el órgano de control y en tribunales administrativos. Por lo pronto, este caso de los cuatro helicópteros de Marina será tema a investigar por el próximo gobierno priísta de Enrique Peña Nieto y razones hay muchas.

 

Primero, las aeronaves fueron enviadas por barco a Rusia para su reparación en talleres especializados y, antes que terminaran los trabajos, en México la Marina rescindió el contrato a Volans para otorgárselo a FTI. Contrato en mano, ésta se trasladó de inmediato a los talleres rusos y retiró dos de los cuatro helicópteros que ya habían sido reparados y los regresó a México por el puerto de Veracruz, en donde la Secretaría de Marina recuperó sus aeronaves. Pero los otros dos helicópteros siguen varados en algún país de Europa.

 

Según algunos de los involucrados en el conflicto, la Marina negoció con la empresa estadunidense que regresara a México dos helicópteros. Los otros, según se sabe, habrían sido trasladados a Holanda para su venta. La duda de algunos expertos es para qué salieron los aparatos de los talleres rusos cuando apenas llevaban el 30 por ciento de su reparación, ya que en ese estado sólo podrían ser utilizados para abastecer de refacciones a otras aeronaves. Pero más allá de las dudas que esta operación de reparación de cuatro helicópteros de Marina han causado y que se tendrían que explicar a los órganos de control, está la controversia legal que se lleva en tribunales mexicanos a petición del representante legal ruso Yury Chumak, responsable también del contrato firmado con la Oficialía Mayor, y que el próximo secretario de Marina tendrá que hacerle frente.

 

Según el expediente que obra en tribunales, el 10 de junio de 2011 se inició un juicio de nulidad en contra de la rescisión administrativa que determinó el mismo almirante Saynez y cuyo juicio fue radicado ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bajo el expediente 13519/11-17-06-5.

 

Fue el mismo secretario Saynez quien emitió el acuerdo por el que dejó sin efectos una resolución del oficial mayor de Marina y que motivó el juicio de nulidad mencionado, para emitir una nueva determinación de finiquito por rescisión administrativa.

 

Sobre ese acuerdo del secretario de Marina, la empresa Volans alega que es ilegal, y para ello presentó hace un año un juicio de nulidad, el 17 de octubre de 2011, el cual fue radicado en la Quinta Sala bajo expediente 26013/11-17-05-3. Ante ello, sostiene Yury Chumak, el contrato de reparación de cuatro helicópteros se encuentra vigente y la Secretaría de Marina no podía reasignarlo a la empresa estadunidense sin violar las leyes mexicanas.

 

El contrato SCIA/016-2008 que firmaron la Secretaría de Marina y la empresa Volans establece que las matrículas de las cuatro aeronaves MI-17 que se repararían en talleres rusos son AMHT-2006 N/S 95882; AMHT-211 N/S 440M01; AMHT-212 N/S 96023, y AMHT-216 N/S 95740. En ese año el contrato fue firmado por el entonces oficial mayor de Marina, almirante Moisés Gómez Cabrera, y por Volans, su representante legal Yury Chumak.

 

El monto de dicho contrato que obra en tribunales asciende a 6 millones 671 mil 100 dólares, cerca de 90 millones de pesos. Aunque la Marina cumplió con pagar un anticipo del 50 por ciento para que se realizara la reparación, hasta ahora dos de las cuatro aeronaves no han sido entregadas y fueron sustraídas de los talleres rusos para trasladarse a algún país de Europa, según el representante legal, quien exige el cumplimiento del contrato y por tanto el pago de los otros 3.3 millones de dólares.

 

*Periodista

 

 

 

Fuente: Contralínea 309 / Noviembre de 2012