Esta semana celebraron el Día del Médico, y en las imágenes del festejo aparecen bromistas y sonrientes el presidente de la República, el secretario de Salud y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin duda que los días de fiesta son para celebrar, pero cuando una institución de salud pública como el ISSSTE, que da asistencia médica a cientos de miles de burócratas, tiene un caos por todas las irregularidades que se cometen, realmente no hay nada que festejar y sí mucho que investigar.

Si la corrupción se ha vuelto distintiva en el gobierno, las grandes instituciones de salud pública no pueden ser la excepción dada su enorme infraestructura y el considerable volumen de pacientes que atienden –aunado a la falta de controles rigurosos–, pero llama la atención la investigación que llevan a cabo el Órgano Interno de Control (OIC) en el ISSSTE y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la “desaparición” o “extravío” de varias ambulancias.

En el caso de la Auditoría, es su titular Juan Manuel Portal quien sigue de manera puntual el contrato para la adquisición del servicio de ambulancias del ISSSTE y en cuyo expediente (auditoría número 1797-DS, convocada por el director general de Auditoría Financiera Federal “C” de la ASF) aparecen varios nombres de funcionarios en medio de un presunto daño patrimonial en contra de esa institución: se trata del subdirector de Infraestructura, Juan Carlos Larrieu Creel, y su subalterno, el jefe de Servicios de Medicina Especializada y Hospitalaria de la Dirección Médica del ISSSTE, doctor Edilberto Jiménez Rendón.

La investigación inició cuando algunas empresas se inconformaron ante el OIC en el ISSSTE por el otorgamiento de dicho contrato a las empresas Arrendamóvil de México, SA de CV, y Casanova Vallejo, SA de CV, y en la denuncia exponen otras irregularidades, como la desaparición de seis ambulancias, por lo que también tuvo que intervenir la ASF para llevar a cabo una exhaustiva auditoría y poder identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento se han descubierto supuestos beneficios otorgados a proveedores (se menciona a la empresa Dewimed) para la adquisición de equipo médico e inmobiliario, los cuales ingresaron a los almacenes del ISSSTE sin las autorizaciones de compra ni las remisiones y procedimientos respectivos.

Para la Auditoría se trata de una maquinación de fraude en el que participan empresas proveedoras de servicios médicos coludidas con funcionarios del ISSSTE. Pero esto todavía tendrá que probarse. Por ejemplo, una adquisición de equipo médico y mobiliario ocurrida en este 2017 se intentó regularizar meses después sin contar con toda la documentación de compra, pero lo más grave es que se pagó anticipadamente la totalidad de los contratos.

De acuerdo con las investigaciones, hay acuerdos de funcionarios del ISSSTE con empresas privadas (Inovamedik, Impromed y Dicipa) para agilizar los oficios de liberación de servicios integrales, a fin de poder liquidar las facturas de los contratos. El asunto es tan delicado, que hace un par de meses fue despedida la jefa de Servicios de Sistemas de Salud, doctora Citlali López Ochoa, quien también estaba bajo las órdenes del subdirector Juan Carlos Larrieu.

Robo, abandono y negligencias en el ISSSTE

Este descontrol en la institución de salud ha sido documentado cada año por la ASF. Así, en la Cuenta Pública 2015 se encontró deficiencias sustanciales en el manejo del equipo médico, que van desde el abandono y la falta de mantenimiento hasta el robo.

Por ejemplo, en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y el Hospital Regional Monterrey “se olvidaron” de dar mantenimiento a los equipos. Por ello, la Auditoría generó una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria ante el OIC por “actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron que 94 equipos médicos, con erogaciones en 2015 por 19 millones 371 mil pesos –adquiridos en 2014 por licitación pública internacional–, recibieran del proveedor los mantenimientos preventivos pactados contractualmente”.

El robo de instrumental médico también mereció una promoción de responsabilidad para que el OIC investigue a funcionarios que “omitieron informar sobre el extravío de un desfibrilador con número de inventario 2148821, dentro de los 15 días naturales al área responsable de bienes patrimoniales y/o seguros, por lo que transcurrieron 45 días naturales para iniciar el proceso de indemnización ante la aseguradora”; y un pliego de observaciones, donde se establece el daño patrimonial por 79 mil 968 pesos que corresponden al valor del monitor “adscrito a la Clínica Hospital Xalapa, cuya sustracción, el 8 de junio de 2016, se hizo constar en un acta circunstanciada del 25 de mayo de 2016, que la Subdirección de Administración remitió a la Jefatura de la Unidad de Asuntos Jurídicos, sin que se acreditara la indemnización respectiva”.

Otra anomalía detectada tiene que ver con la compra de 290 equipos médicos, con valor de 49 millones 625 mil pesos, en la que se careció de cédulas de resguardo.

En la Clínica de Medicina Familiar Córdova ocurrió otra irregularidad: “se identificó que 12 equipos médicos para el área de quirófano y recuperación, por 5 millones 618 mil pesos, no se encontraban en función”. Por este abandono de equipo, la Delegación del ISSSTE en Veracruz le informó a los auditores que “la planta de emergencia estaba fuera de servicio desde que la Subdirección de Obras y Contratación entregó a la Delegación Estatal en Veracruz la citada clínica (17 de febrero de 2015), razón por la cual los equipos que se recibieron el 20 de marzo de 2015, quedaron sin respaldo de energía en el área de quirófano”.

La Procuraduría General de la República también investiga un presunto robo masivo de medicamentos en el ISSSTE por 54 millones de pesos. En enero pasado se denunciaron los hechos ante la Secretaría de la Función Pública y ahí se informó que son tratamientos contra enfermedades crónico-degenerativas y de alta especialidad.