La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres casinos y tres sujetos, supuestamente vinculados al Cártel del Noroeste –organización catalogada por el gobierno estadunidense como “terrorista”–. Se trata de tres centros de juegos y apuestas; uno ligado a la Comercializadora y Arrendadora de México SA de CV –con registro en la Ciudad Madero, Tamaulipas–, y de los sujetos Eduardo Javier Islas Valdez, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez.
A la par, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una red financiera vinculada al Cartel del Noroeste, que operaba por medio de casinos en Tamaulipas. Por ello, la autoridad encargada de combatir el lavado de dinero realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos físicos y morales señalados, con lo que confirmó la operación de este esquema.
Entre los hallazgos reportados, la Unidad de Inteligencia identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo. Con ello, detectó “inconsistencias” entre los montos operados y los ingresos reportados, además de “movimientos significativos” de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, lo que refuerza la hipótesis de un posible esquema de lavado de dinero.
Asimismo, la UIF dijo que se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias y de la realización de operaciones por montos que no guardan proporción con los ingresos declarados. “También se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos”.
Ante estos hallazgos, la UIF presentó denuncias ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. De forma paralela, la UIF compartió la información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para proceder con la suspensión de actividades de los casinos identificados, con el objetivo de frenar el flujo de recursos ilícitos.
Las personas morales sancionadas corresponden a tres centros de juegos y apuestas: dos bajo el nombre “Casino Diamante”, ubicados en Tampico, Tamaulipas, y un tercero denominado “Casino Centenario”, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, este último habría sido utilizado como punto de resguardo de pastillas de fentanilo y cocaína, así como para el presunto lavado de dinero. De igual manera, se identificó a la empresa Comercializadora y Arrendadora de México por brindar apoyo financiero, material y tecnológico al Casino Centenario.
En cuanto a las personas físicas involucradas en este esquema, se señaló a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, exlíder del grupo criminal Los Zetas; a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo; y a Eduardo Javier Islas Valdez, conocido como Crosty, identificado como operador del cártel y presuntamente encargado del cruce de personas migrantes indocumentadas a través del Río Bravo hacia Texas.
