Francia se dispone a sentar a la justicia mexicana en el banquillo de los acusados. El presidente Nicolas Sarkozy prepara un duro golpe contra México y su dudosa aplicación de la justicia.

El Poder Judicial mexicano está en entredicho, pero esta vez no será un asunto interno, donde gobierno, policías, jueces o ministros puedan coludirse para violar las leyes y para atentar contra la libertad y la defensa de los derechos humanos.

Esta vez, las dudas sobre la honestidad, transparencia, responsabilidad, ética y veracidad de la justicia mexicana es un asunto internacional, motivado y escandalizado por Francia ante la aplicación de la “ley” en contra de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro.

Cómo negar la enorme corrupción del Poder Judicial mexicano, donde jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte han dado muestra de su debilidad ante los poderes político y económico. ¿Quién puede dudar en México de la corrupción del Poder Judicial que, inclusive, es más preocupante que la del Ejecutivo, pues en sus decisiones está la vida y la libertad de miles de mexicanos que son juzgados arbitrariamente, por decir lo menos?

Ese Poder Judicial, que por mucho tiempo ha sido impune en México, hoy es juzgado por la opinión pública internacional, que tiene en Francia a su fiscal de hierro. Estos jueces mexicanos hoy conocerán la otra cara de la justicia, una justicia distinta a la que están acostumbrados a practicar y en donde todo apunta a que saldrán mal librados.

Esos impartidores de “justicia” se han convertido en una elite de “servidores públicos” que, desde la opulencia construida con dinero del erario y de extorsiones, chantajes y sobornos, acumulan sentencias en contra de los que menos tienen, los pobres y desprotegidos que no pueden defenderse ni pagar costosos despachos de abogados, y protegen a los que más tienen: delincuentes con dinero dispuestos a corromper a quienes los juzgan.

En esto se ha convertido la justicia mexicana y su Corte de jueces, magistrados y ministros, quienes no están dispuestos a perder canonjías económicas, sin importar que ello signifique vivir sumisos ante el poder político presidencial, el cual ve en el Poder Judicial un valioso aliado para evitar sentencias en su contra.

En México, son frecuentes las violaciones a los derechos humanos, a las libertades de expresión y de prensa; el encarcelamiento injusto de indígenas, campesinos y luchadores sociales inocentes; la protección judicial de empresarios defraudadores y lavadores de dinero; la complicidad de burócratas corruptos. Por eso no será complicado para Francia sentar hoy a la justicia mexicana y al poder político en el banquillo de los acusados.

García Luna, en la mira de Francia

Por instrucciones del mandatario francés, la Procuraduría de ese país investiga operaciones financieras que habría realizado el secretario de Seguridad Pública (SSP) mexicano, Genaro García Luna, en países de Europa.

En México, también se abrió un expediente en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera, responsable de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, para determinar si el capital en sus cuentas bancarias de México y el extranjero es ilícito.

La información –confirmada por diversas fuentes militares, de inteligencia civil y de carácter diplomático– señala que las indagaciones en Francia son realizadas por la Procuraduría de aquel país (Ministère de la Justice et des Libertés) y por la Oficina contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers Clandestins) del Ministère des Finances.

Durante tres meses, solicitamos la opinión del secretario de Seguridad Pública sobre estas investigaciones en su contra, pero a través de su secretario particular adjunto, Marco Antonio Mecalco Raya, se informó que, debido a su “complicada agenda”, era imposible.

Encono francés

Los abogados de Florence Cassez han señalado que presentarán una acusación penal contra García Luna en tribunales franceses, así como el mismo presidente Sarkozy amenazó con llevar el caso a tribunales internacionales defensores de los derechos humanos.

En entrevista, Charlotte Cassez –madre de la ciudadana francesa condenada a 60 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro– confirma que el gobierno galo mantiene un encono político con autoridades mexicanas, particularmente con el secretario García Luna, y explica que Nicolas Sarkozy la ha recibido unas 10 ocasiones para tratar lo que consideran “un montaje” del secretario de Seguridad Pública mexicano en contra de su hija Florence.

“Sentimos que aquí hay un poder que nos está rebasando completamente. Hay algo a nivel de la corrupción en la que está involucrado el narcotráfico. No sé si con el gobierno, pero sí con algunas personas relacionadas. García Luna es una persona realmente importante. En Francia, o fuera de México, oímos decir que es, incluso, más importante que Calderón”, comenta Charlotte.

La madre de Cassez asegura que las autoridades de Francia realizan diversas investigaciones para lograr la libertad o la extradición de la joven.

Las investigaciones en torno a las transferencias financieras de García Luna, llevadas a cabo en México y Francia, no son los únicos cuestionamientos respecto de la fortuna del secretario de Seguridad Pública.

El 24 de septiembre de 2010, legisladores de oposición demandaron a García Luna que transparente la fuente de financiamiento de sus propiedades, valuadas en un monto mayor al sueldo que percibe como servidor público.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal, las percepciones brutas mensuales del titular de la SSP ascienden a 205 mil 122 pesos, integradas por su sueldo base de 32 mil 813 pesos y su compensación garantizada de 172 mil 308 pesos.

*Periodista

Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011