En la investigación de la naviera Oceanografía hay muchas suspicacias motivadas por la propia autoridad. Primero fue la presentación voluntaria de su propietario Amado Yáñez Osuna, a quien un juez federal, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), lo arraigó por 40 días. Como si hubiera negociado algo, a este empresario corrupto se le permite cumplir el arraigo en la residencia que tiene en Acapulco, Guerrero, mientras que a otros delincuentes que son sometidos al mismo procedimiento judicial se les encierra en modestos cuartos de hoteles de paso.

 

Después, la PGR transfiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la administración de la empresa Oceanografía y el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, declaran que se hizo para salvaguardar los derechos y las fuentes laborales de casi 11 mil trabajadores de esa empresa privada.

 

De ser así, porqué se protege a los trabajadores de la naviera Oceanografia y no se hace lo mismo con los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes llevan más de tres años en huelga y sin cobrar un solo peso debido a que el empresario propietario de la aerolínea la saqueó, defraudó y evadió sus obligaciones obrero patronales.

 

Ahora que el gobierno tomó control de la empresa naviera, se ha encontrado un desastre de administración, pues antes de que Yáñez y su banda huyeran del país, los cómplices directivos destruyeron, ocultaron y se robaron archivos completos contables y de toda la operación de la empresa, lo que ha dificultado saber con precisión cómo funcionaba, así como cuentas y deudas con acreedores, proveedores y hasta el mismo Pemex.

 

De lo descubierto hasta ahora por la nueva administración, se sabe que Oceanografía tiene muchos créditos vencidos con la banca, y no sólo con Banamex-Citibank y Banorte como se ha comentado; suman cientos de acreedores que todos los días se forman a las puertas de la empresa en busca de que los nuevos administradores del gobierno les paguen con dinero público; también miles de trabajadores exigen certeza laboral y sus pagos a tiempo, pero de los 11 mil que dicen merecer salarios, en menos de dos meses la lista se ha reducido a poco más de mil empleados; las empresas subcontratadas para realizar los trabajos de la naviera suman más de 200, pues Oceanografía sólo es un cascaron operada por empresarios y financieros corruptos que se dedicaban a conseguir contratos petroleros (de Petróleos Mexicanos) mediante el pago de sobornos y chantajes, pero que en realidad no tenía barcos ni equipo propio para cumplir con sus compromisos con Pemex.

 

Además, de una flota de 70 barcos que decía operar, hasta ahora se ha descubierto que por lo menos 50 son rentados y aún falta saber con certeza a quiénes pertenecen los otros 20. Aquí seguramente aparecerán los hermanos Rodríguez Borgio, de quienes algunos trabajadores de la naviera aseguran son los verdaderos propietarios de varias embarcaciones que Oceanografía utilizaba como gancho para conseguir financiamientos.

 

Como financieramente Oceanografía es una empresa quebrada, con grandes adeudos en miles de millones de dólares en salarios, créditos, renta de embarcaciones y financiamientos extranjeros, entre muchos otros acreedores más, la administración del SAE reconoce que sólo hay recursos para operar tres semanas más la empresa, de tal manera que tendrán que irse a concurso mercantil y ahí es en donde muchas empresas y empleados van a sufrir, porque no habrá suficiente dinero para pagarles y, según afirman las autoridades, no se destinará ni un peso de dinero público para salvarla. Vamos a esperar a que esto se cumpla.

 

Por lo pronto, el corrupto y corruptor Amado Yáñez Osuna permanece encerrado en su mansión de Acapulco porque al procurador Murillo Karam se le ocurrió que este empresario acostumbrado a sobornar y chantajear autoridades merecía un trato especial y que mejor que su residencia de Acapulco, con buen sol y excelente comida para arraigarlo 40 días. Sólo falta que al final de ese lapso la PGR le ofrezca disculpas y lo deje libre.

 

Si este trato excepcional a Yáñez Osuna obedece a que este corrupto empresario ha aceptado entregar las cabezas de algunos funcionarios de primer nivel de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, tal vez valga la pena la negociación que la PGR esté haciendo con él, pero las personas que Amado Yáñez entregue tendrán que ser de primer nivel, como algunos destacados panistas, aunque está historia todavía falta mucho que escribir.

 

 

Por 12 años, políticos, funcionarios y empresarios sacaron provecho de la red de corrupción, tráfico de influencias y cohecho que se formó en torno a la empresa Oceanografía, SA de CV. No obstante, en la Procuraduría General de la República (PGR) algunos actores importantes en esta trama parecen haber quedado fuera de la investigación.

 

Entre éstos se ubican dos consorcios que vivieron una época de bonanza a costa de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex): Blue Marine Technology Group y Grupo Saint Martin; también, algunos exfuncionarios, entre los que destacan el exdirector general de Pemex Jesús Reyes Heroles y el exabogado general de la paraestatal José César Nava Vázquez.

 

En el caso de las empresas, sobresale el hecho de que no se indaguen las relaciones de Amado Yáñez Osuna –principal accionista de Oceanografía– con los socios del grupo Blue Marine. Particularmente, el vínculo de Amado y su hermano Carlos Daniel con Juan Reynoso Durand y Antonio Juan Marcos Issa.

 

Reynoso Durand, director general de Blue Marine, además de ser amigo de los hermanos Yáñez Osuna ha sido su socio en negocios con Pemex en varias ocasiones, a través de su filial Subtec. Además, Carlos Daniel Yáñez  es accionista de Arrendadora Ocean Mexicana (AOM), propiedad de Blue Marine.

 

En esa trama, Antonio Juan Marcos Issa colaboró en la gestión de contratos tanto para Blue Marine –de la cual es socio–, como para Oceanografía. En Pemex se sabe que, desde el sexenio de Vicente Fox, Juan Marcos Issa encabezaba una supuesta mafia de contratistas, que corrompían a los funcionarios de la paraestatal con comisiones que iban desde el 20 hasta el 40 por ciento del monto del contrato asignado.

 

Así, su modo de operar fue tan efectivo que les dio miles de millones de dólares del erario: en complicidad con funcionarios de Pemex, se agenciaban licitaciones de obras y de adquisición de bienes y servicios. En su mayoría, como lo documentó la revista Contralínea, se trataba de contrataciones fuera de presupuesto.

 

Todas las compañías contratadas bajo este esquema de corrupción fueron solapadas cuando incumplían los tiempos fijados en las contrataciones: se firmaban convenios modificatorios para ampliar el presupuesto o el tiempo.

 

Bajo el lema de “todo se puede en Pemex”, los intermediarios habrían beneficiado a empresas y consorcios privados, mexicanos y extranjeros, durante los sexenios panistas. La influencia en la paraestatal la ejercían por dos vías: sus gestores de la Presidencia de la República (Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, Felipe Calderón, César Nava y Juan Camilo Mouriño) y los contactos de Antonio Juan Marcos.

 

Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, este último se desempeñó como coordinador de asesores del entonces director general de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy; mientras que en el mandato de Fox, lo hizo para el exdirector Raúl Muñoz Leos.

 

Uno de los consorcios beneficiados por el influyentismo de esa mafia fue el Grupo Saint Martin, cuya relación de negocios se basó en la amistad entre Amado Yáñez Osuna y Juan de Dios Saint Martín Zepeda. Por ello, Oceanografía habría gestionado contratos de remediación del ambiente donde Pemex provocó daños ecológicos.

 

 

En este caso de corrupción, la PGR no mide con la misma vara. Otros dos grupos empresariales ligados a Oceanografía están bajo la lupa de sus investigadores: el Grupo OFEM y el Grupo Gasolinero Mexicano.

 

En el primer caso, las empresas de Oliver Fernández Mena –incluido el Grupo Aknuuk, accionista de Oceanografía, y Crédito Maestro– mantienen una exhaustiva observación de las autoridades federales.

 

Fernández Mena, quien ha intentado desmarcarse de Amado Yáñez al decir que también fue defraudado, mantiene una sociedad con Álvarez Puga y Asociados, la outsourcing que llevaría la nómina de los más de 4 mil empleados Oceanografía. En Álvarez Puga y Asociados también participarían Jaime Camil y los hijos de Gil Díaz, Ernesto Zedillo Ponde de León y Emilio Gamboa.

 

En una segunda línea de beneficiarios se encuentran Blue Marine Technology Group, Grupo Saint Martin (ya quebrado) y Grupo Gasolinero Mexicano. La relación de las tres empresas con Oceanografía inició por un vínculo amistoso entre algunos de sus accionistas con Amado y Carlos Daniel Yáñez.

 

En el primer caso, los hermanos Yáñez Osuna son amigos de Juan Reynoso Durand. Además, Carlos Daniel es accionista de Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Blue Marine, la cual mantuvo una asociación directa –vía su filial Subtec– con Oceanografía a inicios delsexenio de Vicente Fox.

 

En el segundo caso, las autoridades han acreditado las relaciones entre Amado y sus amigos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, accionistas de Grupo Gasolinero Mexicano. Esta empresa, que tiene en propiedad los casinos Big Bola, sería la propietaria real de las embarcaciones que arrendaba Oceanografía a Pemex.

 

Este Grupo habría obtenido más permisos para la instalación de sus gasolineras a lo largo del país gracias a la “cooperación” de los Yáñez Osuna, además de dividendos por la renta triangulada de sus buques.