La violencia no cesa en el país. Más de un año de que los priistas regresaron al poder y los homicidios, secuestros y cobros de plaza vinculados al crimen organizado continúan. La población vive con miedo, está amenazada, y evita en lo posible viajar por tierra, principalmente a los estados del norte y centro del país. A esa crisis social se suman otros problemas, como la expansión de policías comunitarias en territorios que el Estado ha perdido por la incapacidad de las autoridades federales y locales para mantener el orden y aplicar la ley.

 

Con menos publicidad pero más preocupante es la aparición de grupos paramilitares. Algunos integrados por policías y soldados; otros por sicarios contratados por grupos empresariales que buscan hacerse justicia y defender o vengarse de agresiones criminales.

 

Este fenómeno ya lo hemos visto en sociedades como la colombiana, en donde el problema de autodefensas y grupos paramilitares ha durado más de 30 años y no termina, lo que todavía genera violencia, inseguridad y temor en la población.

 

Por eso es preocupante lo que acaba de declarar el nuevo comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto y quien reveló que empresarios michoacanos fueron los creadores del cártel de La Familia, grupo delincuencial ahora conocido como Los Caballeros Templarios.

 

En lo que pareció una advertencia hacia el sector empresarial de Michoacán, que se coludió con el narcotráfico en 2005 (con el supuesto fin de desterrar al cártel de Los Zetas en la entidad), el funcionario federal deslizó otros delitos que habría cometido la cúpula empresarial michoacana, tales como reclutar jóvenes en lo que podría ser considerado un grupo narco-paramilitar; así como adquirir y entregarles armamento de uso exclusivo del Ejército, y financiar sus acciones violentas.

 

En una entrevista de radio con la periodista Carmen Aristegui el pasado 16 de enero, Castillo Cervantes también sugirió que esos empresarios contrataron exmilitares mexicanos y centroamericanos (entre los que podrían figurar kaibiles guatemaltecos) para entrenar a sus “autodefensas”.

 

Ese reclutamiento, financiamiento y capacitación corrieron no sólo a cargo de “empresarios legítimos”, sino también de “ilegítimos”, según sus propias palabras que podrían interpretarse como empresarios “lavadores” de dinero producto del narcotráfico.

 

Y es que, dijo, ante la llegada de Los Zetas entre 2005 y 2006 a esa entidad, los michoacanos no encontraron respuesta del gobierno panista de Vicente Fox Quesada, más preocupado por atender la crisis política relacionada con el fraude electoral. Así, la cúpula empresarial y los criminales tomaron la decisión de armar su propio cártel.

 

El nuevo comisionado, quien fuera procurador del Estado de México, detalló que la mayoría de jóvenes fueron reclutados en Apatzingán. Este dato llama la atención porque se trata del único bastión que, en días recientes, las propias fuerzas federales impidieron fuera tomado por los grupos de autodefensa. Hasta ahí llegaron Ejército y Policía Federal para ocupar la población y tratar de desarmar a pobladores armados.

 

Hasta ahora, el operativo federal en Tierra Caliente de Michoacán parece haberse limitado a desarmar y replegar a las autodefensas, mientras que Los Caballeros Templarios siguen en el negocio de la droga.

 

Por la relevancia de las declaraciones del joven comisionado Castillo Cervantes, que confirma información obtenida por los órganos de inteligencia del país, se transcribe la entrevista con Aristegui:

 

—Te diré el contexto histórico para poder entender el conflicto y cuál es el origen de los grupos que actualmente se encuentran en esta zona. Mira, en 2005, cuando el Cártel de Sinaloa en aquel entonces quiso tomar la “plaza” de Tamaulipas, pensando que se encontraba debilitada, no sé si recuerdas que en aquel tiempo [se dio] la ofensiva del gobierno contra Osiel Cárdenas, lo que terminó pasando ahí es que ellos [Los Zetas] comenzaron a atacar “plazas” que eran manejadas por el Cártel de Sinaloa, como fue el Puerto de Acapulco (no sé si recordarás que en 2005 se dio un tema ahí bastante fuerte en Acapulco y en su momento lo que terminó pasando es que en Tamaulipas Los Zetas, estos militares desertores, tuvieron la necesidad de tener muchos elementos para mantener la “plaza” de Tamaulipas y mantener el control de Michoacán, y reclutaron a mucha gente. Esta gente, cuando llegó a Michoacán empezó con una serie de abusos no sólo a los traficantes locales sino a la población civil. Esta situación llevó a que varias personas, empresarios legítimos e ilegítimos, se reunieran para ver la manera de sacar a Los Zetas del estado. Una de las primeras acciones en aquel entonces fue acercarse a las autoridades locales, pero éstas estaban rebasadas. Y en su momento, se acercaron a las autoridades federales, pero en aquel entonces estaba la coyuntura de la elección de 2006, que fue muy cerrada, ¿te acuerdas? Entonces, qué pasa, que ellos [los empresarios legítimos e ilegítimos] ante no sentir una respuesta en aquel entonces, 2005-2006, de las autoridades locales y federales, ellos empezaron a reclutar jóvenes, principalmente de la zona de Apatzingán, y los empezaron a capacitar con exmilitares mexicanos y a veces hasta centroamericanos. Ellos fueron, lo que originalmente se conoció como La Familia Michoacana.

 

“Esta organización [La Familia Michoacana] no operó hasta que tuvieron un estado de fuerza suficiente y capacitado para poder enfrentar a Los Zetas. Y en un tiempo muy breve los desterraron de todo el territorio michoacano. Los sacaron.”

 

—¿Los Zetas?

 

—Sacaron a Los Zetas

 

—O sea, ¿La Familia Michoacana saca a Los Zetas que de origen son los que llegan a reclutar a Apatzingán?

 

—Que son los que en su momento llegan a Apatzingán, a Lázaro Cárdenas..

 

—Perdóname que te interrumpa: ¿La Familia Michoacana surge como una respuesta a la presencia de Los Zetas, los expulsa y se quedan ellos como fuerza criminal dominante?

 

—Así es. Entonces, esta eficiencia, por decirlo así, que en aquel entonces no tuvo el Estado mexicano con el tema de Los Zetas ahí [en Michoacán] se debió principalmente al apoyo de la sociedad que les daba información; porque la sociedad era la primera que los quería desterrar a Los Zetas.

 

—Ayudando a La Familia Michoacana.

 

—Sí, porque ellos no los veían como un grupo criminal, sino que veían que eran los jóvenes que habían sido reclutados [por los empresarios legítimos e ilegítimos] ante la falta de apoyo que en su momento había habido de una autoridad local y de una autoridad federal, y entonces ellos les daban mucha información, los apoyaban y a veces hasta soportaban algunas operaciones que tenían algún efecto colateral.

 

—A ver si te estoy entendiendo en tu análisis histórico, ¿los que conocimos como La Familia Michoacana, que después tuvo escisiones y hoy conocemos como Los Templarios, en el origen eran una suerte de autodefensas contra Los Zetas?

 

—Podríamos pensarlo posiblemente así, efectivamente, nada más que lo que fue originalmente, vamos, su función: estos jóvenes al principio fueron capacitados, reclutados, fueron adoctrinados en aquel momento por Nazario Moreno, que tenía un reconocimiento social muy arraigado.

 

—¿Nazario Moreno era militar?

 

—No, pero tenía mucho reconocimiento y en aquel entonces él brindó un apoyo a personas con problemas de adicciones. No sé si recuerdas que en aquel momento empezó una época en la que se metían a los centros de rehabilitación a matar personas; y entonces ellos empiezan a hacer un reclutamiento más grande de personas para La Familia. Y ellos posteriormente manejaron el tema de que, para que no volvieran a entrar Los Zetas a Michoacán, tenían que expandirse a los estados vecinos para hacerles más difícil el poder llegar a su estado. Entonces esta situación te da la presencia de La Familia en el Estado de México y en estados vecinos que ellos buscan.

 

“Cuando se da esta situación, la respuesta del Estado mexicano a principios de 2007 fue la de desplegar elementos de la Policía Federal, principalmente las fuerzas federales de apoyo compuesta principalmente de la Brigada de la Policía Militar, del Ejército Mexicano. Entonces ellos [los policías federales] toman el control de los municipios. El punto estuvo en que a medida que en más lugares del país surgían focos rojos por las disputas de los cárteles, la Policía Federal tuvo que crecer a marchas forzadas y se dieron de alta a elementos que no debieron haber formado parte de ésta y eso mismo llegó a pasar con La Familia Michoacana, porque de reclutar primeramente (sic) a jóvenes y entrenarlos, pues con la necesidad de crecer tan rápido empezaron a tomar ya a delincuentes tal cual en el tema de su reclutamiento, que ya no tenían la visión de una defensa sino la visión de delinquir, de extorsionar, de hacer otro tipo de acciones. Entonces esto se terminó, por decirlo así, desvirtuando.

 

—¿Ese es el riesgo de las actuales autodefensas?

 

—Ese es el riesgo, porque tú puedes empezar con un origen genuino, como lo comentamos ahorita, pero posteriormente cuando empiezas a sentir un tema de control, de decisión, de autoridad, a lo mejor ya tu tema no es sólo decir que no quiero que le pase nada a mi familia y corres el riesgo de llegar a este punto. Entonces qué es lo que pasa aquí, que cuando el tema de la Policía Federal que crece a marchas forzadas y da de alta a elementos que no debieron formar parte se empiezan a dar abusos en contra de la sociedad civil con el pretexto de acabar a La Familia Michoacana y esto generó un encono de la sociedad e hizo que inclusive en algunos momentos que se apoyara más a La Familia Michoacana. Si recuerdas, no hubo enfrentamientos de La Familia con el Ejército y la Marina, sino que todo estuvo muy focalizado con la Policía Federal…

 

Esta aceptación de un alto funcionario del gobierno federal de cómo el país ha sido invadido por grupos de autodefensa y paramilitares, confirma porque la violencia en el sexenio de Felipe Calderón acumuló 100 mil muertes de civiles, policías, militares y delincuentes, mientras que el gobierno de Peña Nieto no ha podido restablecer el control y se ve difícil que en los próximos cinco años logre restablecer la confianza y seguridad entre la población.