Porque es justamente ese argumento, el de la paz a secas, el que enarbola el gobierno federal para justificar la militarización del país y la radicalización de las leyes. Basta oír cualquier declaración de Felipe Calderón y su equipo en los medios de comunicación, como cuando dijeron que las demandas de paz eran para los criminales y no para ellos: “Nosotros también queremos la paz; son ellos, los criminales, los malos, quienes no la quieren; son ellos los que nos obligan a usar la fuerza; son ellos quienes piden la violencia y la muerte”. Y, mientras dicen esto, envían leyes de mano dura al Congreso y sacan a los militares a las calles.

Aurelio Morales*

“La violencia engendra violencia”, frase de sabiduría popular que los gobernantes parecieran desconocer. La paz, por otra parte, como objeto del discurso oficial, es un arma de dos filos. En nombre de la paz se han cometido los peores actos contra la humanidad: dictadores que eliminan opositores, gobiernos que firman leyes xenófobas y potencias imperiales que invaden países con “guerras preventivas”.

En nombre de la paz, los jóvenes de México (hoy degradados a ninis) tienen que escoger el bando en que cerrarán filas para asesinar a su paisano; se promueven leyes como la de seguridad nacional, que justifica la inobservancia de derechos fundamentales, como la libertad de reunión y de manifestación de ideas, y se crean figuras legales como el arraigo, que permite al Ministerio Público mantener detenida hasta 60 días a una persona simplemente por “sospechar” de ella. También en nombre de la paz se endurece el concepto de crimen organizado, tanto en la praxis jurídica como en el discurso político. A pesar de que en la Constitución (artículo 16) está claramente referido que se comete este crimen cuando tres o más personas metódicamente se reúnen para delinquir en varias ocasiones, en la práctica jurídica basta con que se arresten a tres o más individuos, se conozcan o no, bajo un mismo cargo (así sea romper una ventana o hacer una pintada callejera) para que se les procese por crimen organizado. Y, así mismo, para que estos “criminales” engrosen la lista de enemigos del Estado encarcelados que el gobierno dará a conocer como uno más de sus “logros”.

Haciendo de cualquier detenido un criminal peligroso, se infunde miedo en la sociedad, lo que permite un control más fácil de ésta. La receta es simple y su aplicación no es novedad. Los políticos “mexicanos” de hoy son made in USA (o egresados de alguna universidad que reproduce ese sistema educativo en México) y hacen uso de la misma “técnica”.

Es necesario recordar que luego del famoso 11 de septiembre de 2001, los terroristas –el enemigo que está en todas partes– se vuelven la peor amenaza y todo el mundo debe cerrar filas con Estados Unidos. Hay que volverse más estrictos y contundentes atacando países débiles para sentirse seguros. El que no cierre filas no es patriota, es enemigo. Hoy, a 10 años del atentado, a nadie alteran las altas medidas de seguridad estadunidenses.

Sencilla la receta: encuentra un enemigo, hazlo poderoso, publicita este poder, es decir, infunde pánico, y listo, control social a la orden. Para disfrutarlo, endulce con guerra; de preferencia contra otra nación, pero en caso de tener un ejército más bien débil, dispóngalo, mejor, contra su propia gente. La sociedad misma demandará que entren tanques en casa del vecino.

La idea de usar los sistemas de ejecución e impartición de justicia a favor del statu quo o del poder regente y no de la justicia misma, tampoco es novedad. Michael Foucault mostró cómo un sistema supuestamente concebido para reformar al delincuente, como el carcelario, en realidad y desde sus inicios, ha servido como herramienta de control social. A través de éste, señala, no se reforma a delincuente alguno, sino que se le forma como tal y se le presenta a las autoridades para que éstas se sirvan de él y le administren. Como dice la sabiduría popular: las cárceles son escuelas de delincuentes, y –habría que ampliar– sus formadores son los carceleros.

Si hacemos válidas las anteriores consideraciones para todo el sistema judicial, concluiríamos que es un error analizar la eficiencia de este sistema a partir de su capacidad o incapacidad de impartir justicia y que, en realidad, habría que analizar dicha eficiencia en razón de su capacidad o incapacidad para tener controlados a los distintos estratos sociales, sobre todo los económicamente bajos.

Una sociedad aterrorizada es una sociedad paralizada y muy manipulable. Cualquier gobierno lo sabe, y tiende a manejar la información. Habría que preguntarnos cuántos de los que las cadenas de televisión nos presentan como narcos realmente lo son. Si el protagonista de Presunto Culpable hubiera sido un chico que participa en un movimiento social no alineado, quizás nunca habría salido de la cárcel.

Por eso no basta sólo con pedir la paz. Por eso es inevitable que tal demanda se politice, porque, de hecho, ya lo está: la paz y la guerra son el centro de la agenda política de este país. Pedir la paz es un inicio, pero sólo eso. Ya muchos han dicho: no hay verdadera paz sin justicia y no habrá justicia mientras quien la ejerce no la procure para el pueblo. O mientras las leyes no distingan entre un movimiento social y una organización criminal, pero sí distingan entre delincuencia organizada y delitos de cuello blanco.

*Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, área de Difusión

Fuente: Contralínea 237 / 12 de junio de 2011