¿Quién ordena asesinatos políticos?

Un intercambio de palabras en 3 segundos: “Por andar de chismosos”; “qué te pasa, cálmate”; “se creen de huevos, ¿no?”. El sicario sabía que por ahí pasarían los muchachos. Los esperaba. Vació su pistola en ellos y tranquilamente trepó a la camioneta negra que lo escoltaba y que mantenía atascado el tráfico vehicular de la calle.

Como es la regla en estos casos, las cámaras de seguridad no enfocaban al lugar de los hechos. No lo hacían desde horas antes de que llegara la camioneta con sus ocupantes y no lo hizo sino hasta que los agresores se habían retirado del lugar. Así que del atacante no hay más datos que los que pudieron observar las víctimas: fornido, moreno, de baja estatura, casquete corto; “por la manera como actuó parecía tener adiestramiento, parecía policía o militar”.

Los jóvenes fueron atacados en la Ciudad de México, a plena luz del día, el pasado 7 de noviembre. Aquel sábado habían salido a las 7:00 de la mañana del lugar en que pernoctaban, en la colonia Álvaro Obregón, Iztapalapa. Habían avanzado unos 200 metros cuando fueron increpados y baleados. Cerca del lugar se encuentra la delegación política y un cuartel de la Policía Federal, nada menos que el Centro de Mando de la corporación. Pero, supuestamente, ni las cámaras de vialidad ni las del aparato de inteligencia del gobierno de la Ciudad, el C5 (el pomposo Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) registraron algo.

Todos quedaron en el suelo: Rubicel Hernández García, Matías Flores Hernández, Jesús Hernández Reyes, Miguel Bautista y Lucindo del Ángel. Los tres primeros, heridos de bala.

Hoy Rubicel es parapléjico; Matías vive sin gran parte de sus intestinos y Jesús hace su vida con una bala incrustada en su pierna izquierda.

Pero ninguno se arredra. Siguen activos, militando en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS). Aquella vez habían venido a la Ciudad de México como parte de una comisión de su organización para denunciar precisamente una ejecución extrajudicial: la de su camarada Héctor Sántiz López, indígena tzeltal asesinado en Chiapas por el grupo paramilitar conocido como Los Petules.

Hoy siguen al frente de las demandas por el esclarecimiento de los asesinatos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos de manera forzada. Ellos mismos destacan los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

En silla de ruedas, rostro moreno y enjuto, Rubicel, de 28 años de edad, relata las consecuencias en su persona de ese ataque en plena Ciudad de México, donde el Programa Ciudad Segura ha inundado de cámaras la metrópoli (las cuales siempre funcionan cuando se trata de lanzar operativos policiacos contra manifestantes).

Nahua, originario de la comunidad Los Parajes, ubicada en el municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, en el corazón de la región huasteca del estado, explica que la bala le atravesó la caja torácica: “Quedé con lesiones en la médula, por lo que no tengo sensibilidad en las piernas, no puedo caminar; me dejó en condiciones de parapléjico”.

Junto a él, Matías, quien ha cumplido los 30 años de edad, asiente, pálido aún por la convalecencia. A él, la bala le atravesó el pecho y el estómago. Los médicos tuvieron que extraerle 1 metro 20 centímetros de intestino delgado y 5 centímetros de intestino grueso.

También nahua de la región huasteca de Hidalgo, pero del municipio de Atlapexco, comenta: “Fueron 2 meses los que tuve que estar con una bolsa de colostomía; fue en enero cuando me reconectan otra vez”.

El año en que fueron atacados, estuvieron al frente de una campaña nacional de 6 meses llamada “La desaparición forzada en México: caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad”. Algo que ha molestado a los círculos castrenses es la insistencia de los activistas en que se cumpla la Resolución 29/2014 emitida por Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por la que se ordena realizar la búsqueda de los militantes del EPR en centros militares y citar a comparecer a mandos del Ejército Mexicano, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal, así como a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y servidores públicos del gobierno de Oaxaca que se encontraban en funciones en mayo de 2007.

Por cierto, ¿y aquí no hay “líderes de opinión” en los programas de radio y televisión ni feroces escribidores que reclamen la “aplicación de la ley” y que se abran los cuarteles militares?

Rubicel y Matías están seguros de que fueron atacados por demandar la presentación con vida de los desaparecidos políticos y el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales. Culpan a “agentes del Estado” de intentar asesinarlos también por demandar el cumplimiento de la  resolución 29/2014.

Se reivindican indígenas, pero consideran que no son perseguidos por esta condición, sino por la de ser de clase baja que se organiza y demanda justicia social.

El ataque no los retiró de la lucha social ni de sus convicciones. “Ahora tenemos otras formas de seguir luchando, no nos retiramos. No importa las maneras en que el Estado busque eliminarnos; vamos a seguir luchando porque tenemos un proyecto, que es el socialismo para nuestro país”, aclara Rubicel.

“Sabemos los riesgos, a ellos nos atenemos y seguiremos en la lucha”, completa Matías.

¿Y será que en esta ciudad, gobernada por un partido de “izquierda” llegaremos a saber algún día quién ordenó atacar a los jóvenes y se detendrá a los autores intelectuales y materiales de este hecho? Se han cumplido 7 meses.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]

Contralínea 491 / del 06 de Junio al 11 2016