En su despiadada y desesperada lucha por atraer los votos de los grupos más conservadores –los de los empresarios, en especial de los grandes, de la oligarquía, y de las iglesias, es decir, los de los llamados poderes fácticos o grupos presión, quienes realmente detentan el poder económico y político en México, así como los de los clasemedieros, sobre todo de los grupos más reaccionarios, racistas y clericales, en víspera de las elecciones presidenciales de 2012–, los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) no han dudado en recurrir a las medidas y las propuestas fiscales más deleznables. Aquéllas definidas por su regresividad, por su perfil antisocial.

Mientras que los sectores medios y de altos ingresos –una minoría del orden de 30 millones de personas, los agraciados por el colapsado modelo neoliberal– serán todavía más favorecidos por las deducciones fiscales y la profundización de la contrarreforma tributaria que impulsan la derecha cogobernante citada, la población restante de los casi 113 millones de mexicanos pagará los costos de esos beneficios. Su pobreza y su miseria se agravarán aún más con los mecanismos con los que se pretenden compensar los sacrificios fiscales y la debilidad estructural de la recaudación del Estado: el aumento incesante de los precios de los bienes y servicios públicos y privados, y la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos y medicinas, que reducirán los ya de por sí paupérrimos y declinantes ingresos reales de las mayorías; los menores subsidios y el mezquino gasto público en inversión productiva y de bienestar social, que profundizarán el deterioro de la infraestructura y la calidad de estos servicios y restarán fuerza a la reactivación económica y su capacidad para generar empleos formales –ya sin considerar sus características que ofrecen una vida más digna: la estabilidad en el empleo, los contratos laborales, los servicios de salud y otras prestaciones–, ya que la represión de esta clase de egresos seguirá jugando un papel central en el proceso de ajuste de las finanzas gubernamentales, la obsesión neoliberal por equilibrar el presupuesto y las políticas reprivatizadoras.

La derecha bicéfala no apuesta a una política fiscal integral y progresiva. Que grave más, directa e indirectamente, a quienes más ganan y más consumen, y que favorezca los ingresos y el poder de compra de los sectores de bajos recursos de la pirámide social; que imponga impuestos a las operaciones financieras; que elimine o reduzca los tratos diferenciados o preferenciales, los regímenes especiales a los contribuyentes que han representado un quebranto por 4.8 billones de pesos en la recaudación entre 2003 y 2011, según la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, contratada por el PRI y el PAN (La Jornada, 14 de febrero de 2011); que disminuya la deducción y elusión tributaria y castigue severamente la evasión. Porque la regresividad tributaria impuesta desde 1983 a la fecha, al estilo del ofertismo reaganeano –la baja de los gravámenes a las empresas y los sectores de altos ingresos–, no ha cumplido con sus propósitos: mejorar el ahorro, la inversión productiva y el crecimiento. Si bien la segunda alcanzó en 2010 su mejor nivel desde 1986 (25 por ciento contra 18.5 por ciento), esos “estímulos” han sido inútiles para la recuperación de su máximo histórico registrado en 1981 (27.4 por ciento). La expansión económica media real anual durante la era neoliberal, del “libre mercado”, la “mano invisible” y el Estado autista (1983-2010), es de 2.9 por ciento, poco menos de la mitad de la registrada en 1950-1982, cuando la economía estaba cerrada, el mercado era regulado y el Estado ejercía la rectoría (6.1 por ciento). Sólo han servido para consolidar la oligarquía “cosmopolita” y despótica –valga el pleonasmo– más poderosa de la historia del país, que ha doblegado al gobierno y convertido a la nación en su coto de pillaje.

Esas familias (Slim, Baillères, Larrea, Salinas Pliego, Arango, Saba, Roberto Hernández, Azcárraga, Harp y Zambrano) comparten el don con el Chapo Guzmán). Sus obscenas y turbias fortunas llamaron la atención de Oscar Antonio Garza junior, Tony, exembajador estadunidense en México y ex de la oligarca María Asunción Aramburuzabala –y que seguramente acompañó el pan y el vino en la mesa de más de uno de ellos–. Según uno de los informes confidenciales develados por Wikileaks, “México, país en el que aproximadamente 40 por ciento de la población vive en pobreza, tiene 10 personas en la lista de multimillonarios de la revista Forbes” (ibídem).

La derecha no compite para acabar con la petrodependencia fiscal ni por fortalecer la estructura de ingresos –en 1990, equivalió a 9.8 por ciento, y en 2009, a 9.6 por ciento, el peor coeficiente de la América Latina, incluso comparado con el del modesto Haití, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ver gráfica)– y egresos del Estado, para recuperar la capacidad rectora de éste, su papel en el desarrollo y el bienestar para administrar y subsanar la ineficiencia de los mercados y los empresarios, y para regular la violencia devastadora del ciclo económico.

La derecha panista y priista juega sus cartas por el populismo fiscal oligárquico y el antipopulismo tributario para las mayorías. Porque el primero pontifica, garantiza legitimidad y estabilidad, y otorga la apariencia del ejercicio autónomo del poder a los serviles administradores del régimen. Los otros son simples vasallos. El coro mudo, de preferencia pasivo y delegativo, sin ninguna capacidad de influencia en las decisiones públicas, cuyos votos apenas sirven para darle un falso matiz democrático y alternante al autoritario sistema político.

Los priistas –que hasta hace poco creían tener asegurado su retorno a la Presidencia, sin necesidad de despojarse de su ajado vestuario despótico y neoliberal, más osados, debido a su control del Congreso– han más que doblado generosamente su apuesta fiscal ante los que se sienten dueños del país. Para ellos, en complicidad con los panistas, no ha sido suficiente entregar a la rapiña oligárquica las telecomunicaciones o el sector energético y minero, por ejemplo. En 2010, Francisco Rojas les ofreció un placebo poco “apetitoso”: bajar el IVA de 16 por ciento a 15 por ciento, medida que ipso facto fue desfondada por los nada presupuestalmente escrupulosos gobernadores, que fueron seducidos por Felipe Calderón con otra orgía gratis: mayores participaciones fiscales, sin supervisión en el ejercicio del gasto.

Ahora Manlio Fabio Beltrones, quien sigilosamente pasa a primera fila entre los suspirantes presidenciales de su partido –luego de que Enrique Peña Nieto, el delfín elegido por los dioses oligárquicos y personalmente por Emilio Azcárraga, se despeña con las derrotas electorales estatales de su partido­– brinda su resto o casi. Más ambicioso, propone bajar el IVA a 12 por ciento, a cambio de gravar alimentos, con excepción de 19 productos de la famélica canasta básica, y medicinas, y desde luego del beneplácito oligárquico a su candidatura. Poco le importa a Fabio que su iniciativa, que supuestamente gravaría más el consumo de los que más ganan, afecte principalmente a 5.9 millones de familias, casi 25 millones de personas, el 22 por ciento de la población total que sobrevive en la miseria extrema, que apenas gana hasta tres salarios mínimos y que destinan hasta el 54 por ciento de su ingreso monetario corriente a la adquisición de esos bienes y servicios, según la Encuesta de ingresos y egresos de los hogares de 2008, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. O a 12.1 millones de familias, 52 millones de personas, casi la mitad de la población pobre y miserable que percibe hasta cinco veces el salario mínimo, insuficiente para comprar canasta básica, y que destine el 51 por ciento de sus recursos para disponer de los mismos productos (ver cuadro). Esos sectores de la población, con mala nutrición, agobiados por el alza de los precios de los bienes, en especial de los alimentos, y servicios públicos y privados, se verán obligados a castigar su alimentación con la adquisición de bienes de menor calidad, la eliminación de otros de su dieta o el sacrificio de otros necesarios para su precario bienestar. Adicionalmente, su reducción en la capacidad de compra tendrá un efecto contractivo del mercado interno. El Estado subsidiario es inútil para reducir y eliminar la marginación social. El priista Carlos Flores dice que el combate a la pobreza ha fracasado (La Jornada, 16 de febrero de 2011). Lo que no dice es que esa estrategia, inaugurada por el neoliberal priista Carlos Salinas y mantenida por los gobiernos subsecuentes, nunca tendrá éxito mientras se mantenga el modelo neoliberal que el PRI y el PAN impulsan, porque es, por naturaleza, antisocial, una verdadera fábrica de pobres y miserables. Mientras sigan destruyendo las conquistas sociales, privilegien la pérdida del poder de compra de los salarios reales, la “flexibilidad” laboral, la precariedad del gasto público social, acompañada por la dilapidación y el saqueo del erario por la propia elite política y no impongan regulaciones al espíritu salvaje de la acumulación privada de capital. En cambio, el 28 por ciento de los hogares, 8.5 millones, 36 millones de personas, que destinan el 28 por ciento de sus ingresos a la obtención de alimentos, en poco o nada se verán perjudicados. A los empresarios y la oligarquía, en nada les afectará la propuesta.

¿Por qué Beltrones no impulsa el aumento en el impuesto a la renta de las empresas y los sectores de altos ingresos, como instrumentos fiscal progresivo, redistribuidor del ingreso, así como la reducción de las prebendas tributarias a esos grupos, en lugar del regresivo e inequitativo gravamen a alimentos? La democracia, como dicen que se instaló mágicamente en el país con la alternancia partidaria, tiene su costo. Los que concentran el ingreso y la riqueza tienen que pagarla por acceder a ella. Ya se beneficiaron hasta el hartazgo con el autoritarismo presidencialista y la dictadura de mercado. Porque Beltrones sabe que los poderes fácticos son insaciables; conspiran; sancionan rabiosamente a quien pretenda atentar en contra de sus intereses; tienen la capacidad para destruir carreras y ambiciones políticas; son déspotas por naturaleza, enemigos de la democracia y la equidad. Son golpistas.

Los panistas –a quienes los priistas les obstaculizaron su intento por gravar a alimentos y medicinas porque la consideraban una medida antipopular, pese a que ahora la promueven– optaron por arrojarles un caramelo engañabobos. Calderón les ofrece un premio de consolación: la marginal deducción fiscal en las colegiaturas privadas, con su consecuente sacrificio, aun cuando reiteradamente ha dicho que las finanzas públicas sufren el agobio de los limitados ingresos que limitan el gasto ejercido. Una familia como la de los empresarios y de la elite política que, por ejemplo, puede pagar 57 mil pesos anuales en el Colegio Alemán o 45 mil en el Liceo Franco-Mexicano a nivel preescolar, 83 mil y 65 mil a nivel secundario en esos lugares, o 94 mil en el preparatorio, no necesita del “generoso” amor brindado por Calderón el día de la amistad (datos de Karina Avilés, La Jornada, 15 de febrero de 2011). Sólo será un lunch gratis para sus cachorros.

Simbólicamente, empero, la medida tiene otros efectos socialmente devastadores. Fiscalmente es una medida antipopular que profundizará la desigualdad y la exclusión social; estimulará la educación de dos niveles. Por un lado, la empresarial, elitista, clasista, racista, clerical, ranciamente conservadora. Los empresarios y las iglesias están de plácemes. No sólo les reforzarán su anticonstitucional negocio educativo, al margen de su calidad, además les permitirán fortalecer su ideología y su cultura reaccionaria para un sector de la sociedad considerado como los triunfadores del sistema capitalista. En cambio, la educación pública, destinada a la chusma, seguirá castigada, deficiente en su calidad e infraestructura; limitada en su cobertura y calidad; desalentadora para las mayorías, porque la educación ha dejado de ser una expectativa de movilidad social y mejoría en su calidad de vida. La deducción fiscal es un paso más en la privatización y el abandono deliberado del Estado de sus responsabilidades constitucionales que lo obliga a ser un garante de la educación gratuita y laica. Esa estrategia fue inaugurada por la criminal dictadura pinochetista y su proyecto neoliberal.

*Economista

Fuente: Contralínea 221 / 20 de febrero de 2011