A criminalización de la protesta social con que los panistas intentaron silenciar las críticas al gobierno fascista y represor de Felipe Calderón, ahora se busca sumar un atentado a las garantías individuales de millones de mexicanos para ejercer su libertad de expresión y su derecho a reunirse y manifestarse públicamente, resguardadas en los Artículos 6 y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tuteladas en el contenido preciso de diversos tratados internacionales, reconocidos y firmados por el Estado mexicano.
En el actual contexto político y social que vive este país, la intención de regular y hasta sancionar las marchas significa no únicamente el retorno a épocas ya superadas, sino además la ominosa posibilidad de revivir –bajo la artimaña del interés general– esquemas de persecución política, como el delito de disolución social que sirvió de pretexto para enviar a prisión a cientos de jóvenes y activistas sociales que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 y que derivó en la matanza del 2 de octubre, en Tlatelolco.
El pasado 22 de noviembre, el auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México fue el escenario donde se realizó el foro La Protesta Social y las Marchas en la Ciudad de México, organizado por la Asamblea Legislativa, y al que llevamos la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para exponer nuestros puntos de vista sobre un tema relacionado de manera directa con la defensa del estado de derecho y la democracia misma.
Nuestra ley fundamental salvaguarda estas libertades al señalar en su Artículo 6: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”.
Y el 9 reafirma los derechos fundamentales a reunirse y asociarse bajo el siguiente texto: “no se podrá coartar el derecho a asociarse o a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.”
A nivel mundial, existen en los tratados internacionales en la materia múltiples ordenamientos protectores de estos derechos fundamentales de los seres humanos y que constituyen los pilares de las democracias modernas, como los artículos 13.1 y 13.2 contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). También podemos citar seis de los artículos consagrados al respecto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 16 de diciembre de 1966.
De igual manera, la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1948 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, acogida por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), contemplan disposiciones que protegen la libertad de expresión, de asociación y manifestación de las personas no importando raza ni credo.
Por ello resulta inexplicable que, mientras en todo el mundo los organismos internacionales luchan por consolidar estos valores de libertad que acrecienten y fortalezcan los Estados democráticos, en México fuerzas políticas como el Partido Acción Nacional insistan, como lo han hecho una y otra vez en los últimos años, en imponer diques a la libertad de expresión, cancelando el diálogo como instrumento para solucionar los conflictos sociales y lograr acuerdos, bajo la tónica de imponer, de manera unilateral y hasta por la fuerza, decisiones de gobierno contrarias a los intereses del país y las mayorías.
El líder panista Gustavo Madero viene anunciando, desde septiembre pasado, que su partido impulsará en las diversas instancias legislativas un paquete de iniciativas para reglamentar las manifestaciones públicas no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país, buscando, como ya es su costumbre, limitar no sólo el derecho a la libre manifestación, sino criminalizar la protesta social.
La variedad de propuestas de los blanquiazules va desde la intención de “burocratizar” las marchas, sujetándolas a un horario determinado y notificación previa, como lo ha planteado el asambleísta Santiago Taboada Cortina, hasta la pretensión de insertar en la hipotética ley, como lo pide el diputado Jorge Sotomayor, el delito de “perturbación social” en el Código Penal Federal, para castigar con penas de 10 a 20 años de prisión a quienes en la manifestaciones hagan destrozos o marchen con el rostro cubierto. Imposible pasar por alto que las propuestas contenidas en las iniciativas panistas guardan una gran similitud con la recién aprobada ley en Egipto por el presidente interino Adli Mansur, que sanciona las manifestaciones públicas con millonarias multas y condenas de hasta 15 años de cárcel a quienes se considera infractores de la paz pública.
Valdría por ello preguntar a los impulsores de la conjura a nuestras libertades si no resulta más válido, para aminorar el creciente descontento ciudadano, el imponer, en contrasentido a lo planteado por ellos mismos, penas de 20 o más años a los funcionarios que durante los 2 sexenios de gobiernos panistas devastaron al país y dejaron una estela de pobreza, sangre y daños colaterales en todo el territorio nacional.
No podemos dejar de mencionar que el espacio reservado para Javier Lozano Alarcón en la mesa de debates de la máxima casa de estudios quedó vacío; el exsecretario de Trabajo y Previsión Social y testaferro de Felipe Calderón para operar con la fuerza represora del Estado el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, que el 11 de octubre de 2009 dejó sin empleo a 44 mil electricistas y condenó a los 6 millones de usuarios de la energía eléctrica de la zona Centro del país a la imposición de altas tarifas y cobro de altos recibos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no acudió al encuentro con la comunidad universitaria.
El hoy senador rehuyó, como ya es su costumbre, enfrentarse a los cuestionamientos en el terreno de las ideas y los argumentos. Seguramente que a los estudiantes de la Facultad de Derecho les hubiera gustado escuchar de labios del legislador cachirul una explicación de cómo lograr que no se manifiesten ciudadanos agraviados, como las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, los trabajadores de Mexicana de Aviación que, al igual que los electricistas del SME, perdieron su empleo por una decisión autoritaria que pasó por encima del estado de derecho. ¿Cómo impedir que los mexicanos expongan públicamente su rechazo al monumental fraude que los panistas dejaron instalado a las puertas de Paseo de la Reforma en la grotesca Estafa de Luz?
Imposible no salir a las calles a denunciar el doble lenguaje de panistas que, como el propio Javier Lozano Alarcón, han denunciado a voz en cuello el tráfico de influencias del extitular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan, pero encubren por la misma vía de corrupción a exfuncionarios serviles a su partido, como la extitular de la Secretaría de Energía Georgina Kessel Martínez, que ahora aparecen como consejeros de firmas trasnacionales como la ibérica Iberdrola, beneficiada con ventajosas concesiones en el sexenio pasado; o los también exsecretarios de Energía del sexenio foxista Ernesto Martens y Fernando Canales, a los que Calderón, Kessel, Lozano y demás cómplices del gabinete entregaron en bandeja de plata la fibra óptica de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
Tan extensa cadena de latrocinios explica el porqué en gran medida la protesta social en México es consecuencia directa de la corrupción, opacidad y autoritarismo con que se condujeron los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. ¿Con qué calidad moral exigen ahora los panistas amoldar y suavizar las manifestaciones de miles de mexicanos cuando fueron ellos los responsables directos que prohijaron con sus erradas políticas públicas su justificado malestar y encono?
Permitir que los panistas conculquen nuestras libertades con sus descabelladas y retrógradas propuestas sería como perdonarles sus destrozos y fechorías cometidas en agravio del país y de millones de mexicanos. No permitamos tal atropello y defendamos nuestras garantías individuales establecidas en nuestra Constitución, que son pilar y fundamento de nuestra propia democracia.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Contralínea 365 / 16 – 22 de diciembre de 2013
