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El 9 de abril de 2013 se conmemora el tercer aniversario luctuoso del luchador, catedrático en economía internacional, padre, esposo, amigo, Emmanuel D’ Herrera Arizcorreta, dirigente del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán. Por su oposición a la construcción de una tienda de la trasnacional Walmart en dicha zona arqueológica, acusado de cargos absolutamente falsos, fue detenido violentamente por agentes federales.

 

Todo comenzó en 2004. Durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México (quien ahora es presidente de la República) se brindaron concesiones a empresas privadas para la construcción de un Walmart en pleno recinto prehispánico de Teotihuacán, considerado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

 

Varias organizaciones sociales, grupos ambientalistas y todo ser humano consciente de sus raíces prehispánicas protestaron inmediatamente, uno de ellos fue Emmanuel D’ Herrera. Tanto él como sus compañeros vivían la indignación de la tierra mancillada. El papá de Emmanuel recuerda la imagen de una pala mecánica que removía la tierra durante la construcción y cómo salían de sus entrañas figurillas e innumerables objetos prehispánicos. Hoy se pregunta dónde estarán y en poder de quién.

 

D’Herrera Arizcorreta, un hombre de una vasta cultura que había renunciado a su vida como diplomático y profesionista exitoso, fue detenido el 16 de mayo de 2009 y estuvo preso en el penal Molino de Flores, Texcoco, Estado de México, acusado por haber hecho detonar en la tienda Walmart, el 16 de mayo de 2009, una lata de jugo con pólvora de fuegos artificiales para llamar la atención con relación a que tal tienda se había instalado en el sitio arqueológico de Teotihuacán, con lo que se violaban los derechos culturales de los mexicanos.

 

El 21 de mayo de 2009 se le concedió la libertad bajo fianza después de pagar 37 mil pesos. Sin embargo se le detuvo nuevamente, esta vez por autoridades federales, por los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. D’ Herrera solicitó su derecho constitucional de realizar una llamada, petición que se le negó. Luego lo enviaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pero antes lo llevaron a un hospital para controlarle la crisis de diabetes con suero e insulina.

 

Encarcelado por casi 1 año, al estar gravemente enfermo de diabetes e hipertensión, experimentó un terrible deterioro de su salud: perdió cinco piezas dentales y desarrolló problemas de visión hasta que finalmente murió por un derrame cerebral. Su muerte como preso no fue un fenómeno natural, fue un homicidio generado por represión política, probable tráfico de influencias y corrupción.

 

Ante las graves condiciones de salud, desde junio de 2009, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) estuvo demandando atención médica, seguridad y respeto a su persona; para lo cual se habló con la directora del Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca (penal Neza-Bordo), Hortencia Macías Hernández, así como con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (expediente CODHEM/LP/960/2009).

 

El 28 de enero de 2009, el doctor Adrián Ramírez López –quien escribe–, presidente de la Limeddh, realizó el un examen médico en el penal Neza-Bordo a Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, de sexo masculino, 62 años de edad, con diabetes del adulto, es decir tipo II, controlada, de casi 20 años de evolución que ya presentaba manifestaciones sistémicas tales como neuropatías, alteraciones en la visión, cambios incipientes a nivel renal (que producen retención de líquidos) e hipertensión arterial sistémica de 3 años de evolución.

 

Concluyó que es importante resaltar que por su edad, la evolución de casi 20 años como diabético y que no obstante había sido una persona muy cuidadosa de su manejo médico e higiénico-dietético mientras estuvo en libertad, ya tenía patologías agregadas y, lamentablemente, el centro penitenciario no contaba con las condiciones higiénicas y dietéticas necesarias para el tratamiento del señor Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, lo que ponía en riesgo potencial su salud, su calidad de vida y su vida misma.

 

Tras este diagnóstico se solicitó a la licenciada Hortencia Macías Hernández y al licenciado Alejandro H Barreto Estévez, de la Visitaduría General III Oriente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 1 de marzo de 2010, lo siguiente:

 

“I. Se le brinden de manera gratuita al señor Emmanuel D’Herrera Arizcorreta los medicamentos que requiere para el control de su diabetes, hipertensión y demás afecciones.

 

II. Se le brinde una dieta adecuada para diabético e hipertenso, y además se considere el grave deterioro de su salud bucal, derivada de la anodoncia casi total.

III. Se nos informe del seguimiento de dicho caso.”

Sin embargo, no se actuó de manera adecuada y sobrevino la muerte, por lo que se solicita se investiguen las acciones y omisiones que contribuyeron a la muerte de Emmanuel.

 

No se pretende hacer apología del delito ni mucho menos. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, consideramos que imputarle uso de una granada –al considerar a esa lata de jugo con pólvora, cuyos daños fueron insignificantes, como una granada de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas– es desproporcionado y sólo criminaliza la protesta social.

 

Su delito él lo confesó, y aceptó haber colocado esa lata, y también afirmó que le puso fuegos de artificio para que las luces llamaran la atención. Puso énfasis en eso y no en el poder explosivo del artefacto. Los daños a cubrir no llegaron a los 1 mil pesos, pues sólo se estropeó mercancía que había en un carrito;?no obstante, absurdamente, se le retuvo en prisión al considerarlo un terrorista.

 

Incluso recordamos la petición del señor Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacán, para que se le sancione conforme a derecho por los daños, de acuerdo con el peritaje, cuyo monto ascendió a 883 pesos.

 

El diario The New York Times publicó el 17 de diciembre de 2012, en su versión para internet, una nota firmada por David Barstow, donde decía que Walmart de México pagó un soborno de 52 mil dólares para construir una sucursal en Teotihuacán. El soborno consistió en cambiar un mapa de zonificación antes de que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

“El plan era sencillo, el mapa de zonificación no se convertiría en ley hasta que fuera publicado en un diario oficial. Así que Walmart de México arregló un soborno a un oficial para cambiar el mapa antes de que fuera remitido para su publicación, así lo muestran grabaciones y entrevistas”, documentó el diario.

 

Según información de la agencia Apro (Agencia de Noticias Proceso), el 11 de enero de 2013, Gian Carlos Nucci, quien ocupaba el cargo de vicepresidente ejecutivo y director General de Operaciones de la empresa en México, fue nombrado presidente y director General de Walmart Chile en sustitución de Enrique Ostalé, quien fue promovido a presidente y director General de Walmart Latinoamérica, en lugar de Eduardo Solórzano. Scot Rank permanece como presidente y director General de Walmart de México y Centroamérica.

 

A la par de sus movimientos de directivos, Walmart de México y Centroamérica ofreció colaborar con la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones.

 

Y es así como 883 pesos, corrupción y tráfico de influencias costaron la vida a Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, quien formó parte de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos en la década de 1980, en las luchas en apoyo a los pueblos del Parque Nacional El Chico, en Hidalgo, un defensor de derechos humanos que nos brindó su vida para seguir luchando.

 

Invitamos a que vean, analicen y difundan el documental Walmart: el alto costo de los precios bajos, disponible en www.youtube.com/watch?v=ansJ9-tTk7g.

 

*Presidente de la Limeddh

 

 

 

 

 

Fuente: Contralínea 331 / abril 2013