A pesar de que México y Estados Unidos se encuentran en una “guerra” contra el tráfico de drogas, la mayoría de las empresas mencionadas como encargadas de lavar dinero siguen vigentes y sus dueños gozan de “prestigio” en las sociedades latinoamericanas
Estados Unidos está obstruyendo las operaciones financieras de los traficantes de drogas mexicanos, congelando bienes, revelando esquemas de lavado de dinero y prohibiendo toda relación económica con empresas presuntamente conectadas con las organizaciones criminales. Sin embargo, varias de las empresas mencionadas siguen vigentes y algunos de sus dueños están libres y son desconocidos en el medio criminal.
El golpe más reciente a la delincuencia organizada en México fue la inclusión de tres individuos supuestamente conectados con el cártel de Sinaloa que dirige Joaquín Guzmán Loera, el Chapo; junto con Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho, e Ismael Zambada García, el Mayo.
Dos mexicanos, Agustín Reyes Garza, don Pilo, y Héctor Contreras Novoa, fueron designados como colaboradores del cártel de Sinaloa e incluidos en la lista de cerca de 82 individuos y más de 500 empresas de todo el mundo que, según la oficina de la Presidencia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tienen relación con el tráfico de drogas. Unos 37 mexicanos han sido designados como traficantes de drogas y están incluidos en la lista.
Reyes Garza tiene una orden de aprehensión por tráfico de drogas en Honduras y posee dos negocios en Zapopan, Jalisco: Estetic Carr de Occidente, SA de CV, matrícula 48131-1 expedida el 8 de mayo de 2009; y Estética Car Wash, SA de CV, con Registro Federal de Causantes ECW030227L81.
La inclusión en la lista del Departamento del Tesoro implica el congelamiento de todas las cuentas bancarias que estas empresas puedan tener en Estados Unidos. Las penas civiles contra cualquier banco, compañía o individuo de ese país por realizar negocios con tales empresas pueden ascender a multas de más de 1 millón de dólares. Las penas criminales pueden ascender hasta 5 millones de dólares de multa y hasta 30 años de prisión en el caso de individuos y multas de 10 millones de dólares en el caso de corporaciones.
Contreras Novoa, uno de los presuntos asociados con el cártel de Sinaloa, está considerado un prófugo de la justicia en Estados Unidos luego de haber sido acusado en una corte federal del estado de Columbia, de conspirar para traficar cocaína en Estados Unidos. El caso involucra a otras 22 personas, según los documentos de la corte.
Contacto en Colombia
Los contactos del cártel de Sinaloa en Colombia demuestran que los traficantes mexicanos están buscando apoyo de contrapartes de bajo perfil, pero de gran importancia estratégica en el negocio de las drogas. Un ejemplo de ello es el colombiano Néstor Alonso Tarazona Enciso, también relacionado con el cártel de Sinaloa en la lista del Departamento del Tesoro. Tarazona es dueño de la empresa Agropecuaria La Cruz, SA, y del Criadero Las Cabañas, Ltda, dos empresas de crianza de ganado registradas en Bogotá, Colombia, con números de identificación tributaria 813004216-1 y 816005110-5, respectivamente.
Tarazona había logrado permanecer relativamente inadvertido hasta que el Departamento del Tesoro arrojó los reflectores internacionales sobre él. Después de cumplir una sentencia de cinco años de prisión en Estados Unidos, Tarazona regresó a Colombia en 1995 y siguió supuestamente involucrado con el tráfico de drogas desde San Martín, Meta, un departamento localizado unos 200 kilómetros al sureste de Bogotá en el centro de Colombia. Tarazona no está reconocido como un narcotraficante en su país y pasa como un respetable ganadero. Pero las empresas que posee están preparadas para hacer otros negocios.
Según documentos oficiales de Colombia, Tarazona, originario de Pereira, capital del departamento de Risaralda, aparece como dueño de La Cruz, Ltda, una empresa dedicada a la explotación agraria, con sede en un lujoso edificio de Bogotá. Dentro de las actividades de la empresa, cuyo capital registrado es de 600 millones de pesos colombianos, también está la adquisición de derechos para representar bienes de capital, manejo de franquicias extranjeras, abrir y manejar cuentas bancarias en el exterior y adquirir sociedades. Una condición que los traficantes mexicanos podrían explotar muy bien.
La segunda empresa de Tarazona, el Criadero Las Cabañas, con un capital registrado de 206 millones de pesos colombianos, también está registrada en Bogotá y, nominalmente, se dedica a criar caballos y asnos, pero también incluye los negocios de pesca deportiva y está facultada para establecer restaurantes, parques de recreación y adquirir sociedades. Los familiares de Tarazona aparecen como sus socios.
Ofensiva financiera
Con la inclusión de los dos mexicanos y el colombiano presuntamente ligados con el cártel de Sinaloa, Estados Unidos dirigió por segunda ocasión en diciembre su ofensiva financiera contra los grupos de la delincuencia organizada mexicana.
A principios de diciembre de 2009, el Departamento del Tesoro reveló presuntos vínculos entre el cártel de los Beltrán Leyva con una red de empresas consultoras, de mensajería aérea, salón de fiestas, y comercializadoras de productos de salud en Chihuahua, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Jalisco, Estado de México, Baja California Norte y el Distrito Federal. Ninguna de las empresas mencionadas tiene su sede en Morelos, donde hace unos días murió baleado Arturo Beltrán Leyva, el Barbas o Jefe de Jefes, en un operativo de la Armada de México.
En esta lista, los Beltrán Leyva ocupan su propio lugar junto con los hermanos Arellano Félix, y un cúmulo de nombres de personas y compañías originarias de todo el mundo. Alfredo Beltrán Leyva, arrestado el 20 de enero de 2008, está enlistado como un individuo que nació el 21 de enero de 1971 o el 15 de febrero de 1951 y es originario de Badiraguato, Sinaloa. El nombre de su hermano Arturo, acaecido en el enfrentamiento con la Armada de México, aparece con tres fechas de nacimiento y con dos lugares de origen: Culiacán y Badiraguato. Héctor Beltrán Leyva, hermano de los anteriores y también en la lista, aparece con fecha de nacimiento el 1 de enero de 1960 y hasta ahora sigue prófugo de la justicia.
Héctor Beltrán Leyva tiene dos acusaciones en cortes federales de Estados Unidos y una en México, y el gobierno mexicano ofrece una recompensa de 2 millones de dólares por datos que lleven a su captura.
La lista del Departamento del Tesoro se engruesa con los hermanos Cárdenas Guillén, cabezas del cártel del Golfo y una de las organizaciones con más capacidad de fuego debido a la incorporación de Los Zetas, una banda de elementos desertores del Ejército Mexicano. Osiel Cárdenas, ahora detenido en Houston, Texas, en espera de su juicio, aparece con fecha de nacimiento 18 de mayo de 1967, pero con 14 nombres distintos. Su hermano Antonio Ezequiel, Tony Tormenta, está ubicado en la lista con domicilio en la calle Maples y Abeto en la colonia Arboleras, en Matamoros, Tamaulipas.
Junto con ellos, también está designado Heriberto Lazcano Lazcano, el Lazca, presunto líder de La Compañía, nombre con el que se autonombró la banda de sicarios de origen militar que nació como un brazo armado del cártel del Golfo. Lazcano tiene en la lista tres fechas de nacimiento, un lugar de origen: Pachuca, Hidalgo, y un domicilio en Matamoros, Tamaulipas: Mariano Zavala 51, Sección 16.
Jorge Eduardo Costilla, el Coss, otro de los líderes de La Compañía, también está designado como un capo del tráfico de drogas en la lista del Departamento del Tesoro. Según el documento, Costilla tiene cuatro fechas de nacimiento distintas, todas en 1971, y tiene domicilio en el Andandor 2 o 20, número 13, del fraccionamiento Los Sauces, en Matamoros, Tamaulipas. El documento menciona otra casa en Matamoros, en el número 14 de Playa Mocamba y Playa Encantada de la colonia del Sol, y otra más en Reynosa, en el número 633 de la calle Sierra Nevada, en la colonia Fuentes, sección Lomas.
Los tres líderes, Ezequiel Cárdenas, Heriberto Lazcano y Jorge Eduardo Costilla, son considerados el triunvirato de mando de Los Zetas, cuya influencia trascendió el estado de Tamaulipas y ahora abarca casi todo México y partes de Guatemala, El Salvador y el sur de Italia. Hasta el momento de redactar esta nota, aún seguían fugitivos.
Debilidades en la ofensiva
La inclusión de líderes y compañías presuntamente asociadas con el tráfico de drogas en la lista del Departamento del Tesoro no significa, sin embargo, que los gobiernos que aceptaron el registro oficial de esas empresas tomen necesariamente una acción contra ellas. De hecho, muchas empresas incluidas en la lista siguen en funcionamiento, aunque algunos de sus integrantes estén en prisión.
Un ejemplo es la Aeronáutica Cóndor, SA, de Panamá, que tiene como fecha de registro el 12 de febrero de 2004 y goza de una existencia vitalicia. Según documentos públicos del Registro Comercial de sociedades anónimas de Panamá, la empresa sigue aún vigente y está presidida por Santiago Bermúdez como presidente, Julio César Sánchez Martell como secretario y María Marcela del Pilar Pérez Montero como tesorera.
Sánchez Martell, de origen colombiano, fue detenido en México luego de la colisión de una avioneta cargada de cocaína en el municipio de Tixkokob, Yucatán, el 24 de septiembre de 2007. Martell es cuñado de Pedro Antonio Bermúdez Suazo, el Arquitecto, un traficante de drogas también de origen colombiano que logró permanecer 20 años en México como uno de los operadores principales del cártel de Medellín en las rutas aéreas del tráfico de cocaína.
Bermúdez abrió una filial de la empresa Aeronáutica Cóndor en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México y, según el Departamento del Tesoro, contaba con una amplia estructura que incluía al Grupo Guadalest, SA de CV, con sede en Guadalajara, Jalisco, y una filial en Medellín, Colombia; así como a la empresa Hierros de Jerusalem, SA, con sede en Medellín y filiales en la colonia Chapultepec en la ciudad de México y la colonia Lomas Verdes, en el Estado de México. Después del incidente de la avioneta en Yucatán, Bermúdez fue arrestado en el Distrito Federal.
Aunque Bermúdez está detenido, su estructura internacional de negocios sigue prácticamente intacta. Los traficantes de drogas han aprovechado las debilidades de control financiero de diferentes países de América Latina para extender los medios de transporte y ocultamiento del origen ilícito de las ganancias. Aunque México ha realizado reformas legales para penalizar del delito de lavado de dinero, algunos organismos internacionales estiman que aún falta mucho por hacer para disminuir la extensión de los negocios originados por el narcotráfico.
El Fondo Monetario Internacional señala, en un reporte realizado en 2008, la falta de cooperación y coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera con el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de la insuficiencia de recursos asignados a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, México necesita fortalecer la investigación de entidades financieras no reguladas que los grupos criminales pueden estar aprovechando para lavar dinero.
Los traficantes de droga colombianos han sabido operar las redes creadas en México y Panamá para ampliar el alcance de su organización criminal. La existencia de la Aeronáutica Cóndor obedece al hecho de que la estructura financiera de Panamá despierta el interés de la delincuencia organizada internacional para crear compañías fachada y multiplicar las capas que ocultan el origen ilícito de las ganancias.
Según la oficina de Asuntos Policiales y Antidrogas Internacionales del Departamento del Estado, tan sólo en 2008, Panamá registró 40 mil 895 compañías extranjeras. Panamá no establece impuestos a las empresas cuyos recursos provienen fuera de Panamá ni impone restricciones a su flujo de capitales. Tampoco impone la obligación de revelar los beneficiarios verdaderos de las sociedades anónimas y permite a su vez la posesión de acciones al portador. Esas características financieras suelen atraer a compañías legítimas y criminales a la vez.
Ésas son quizá las razones por las que el impacto de la lista del Departamento del Tesoro en las actividades financieras y económicas de la delincuencia organizada es aún limitado. Los capos internacionales, grandes y pequeños, famosos o discretos, parecen saberlo muy bien.
